■ Promovió “sin derecho jurídico” un amparo para mantener en secreto respuesta de España
La PGR ocultó información sobre el padre de Mouriño, dice el IFAI
■ El organismo califica de “inusitada y grave acción” las “artimañas” en el caso de la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita
En una “inusitada, delicada y muy grave acción”, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió, “sin derecho jurídico”, un juicio de amparo para mantener en secreto la respuesta del gobierno de España sobre la supuesta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes (padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo) en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cinco comisionados expresaron lo anterior tras denunciar “las artimañas” usadas por la PGR para evitar la entrega de los documentos al organismo.
Adrián Franco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la PGR, fue quien promovió el amparo ante la juez cuarta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, quien le otorgó la suspensión.
A pesar de que la Ley Federal de Transparencia (LFT) ordena a todas las dependencias y entidades federales abrir sus archivos a los comisionados del IFAI, para que éstos verifiquen si es válida o no la clasificación de documentos, la procuraduría se negó en dos ocasiones a presentar la información a ese instituto, y después Franco promovió el amparo para evitar la revisión de los documentos.
Así, mientras el Poder Judicial entrega una sentencia definitiva corre el plazo que la ley otorga al IFAI para resolver el recurso. La “estrategia dilatoria” puso en una encrucijada jurídica al instituto, que se vio imposibilitado a dictaminar el recurso 2832/08.
Durante la sesión, el comisionado Alonso Lujambio consideró “inaceptable la conducta de la PGR, por expresar absoluta desconfianza hacia el IFAI”. Es, enfatizó, “una estrategia dilatoria para que los plazos corran y el instituto no pueda resolver. Ostentosamente se trata de una chicanada”.
El también consejero del IFAI Juan Pablo Guerrero, ponente del caso, advirtió que “más allá de la desconfianza de la PGR, ésta es la primera vez que ocurre una situación así y en qué caso: nada más y nada menos que en una supuesta investigación de blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes”.
Ante ello, Guerrero mencionó su decisión de revocar la clasificación como reserva y ordenar a la procuraduría la entrega de una versión pública del documento que el gobierno de España giró a esa dependencia. Indicó que la versión pública sería revisada por el IFAI y con ello se evitaría que ese instituto resultara responsable por dejar correr el plazo máximo para dictaminar.
Sin embargo, los comisionados Lujambio, María Marván Laborde, Alonso Gómez Robledo y Jacqueline Peschard se manifestaron por postergar el caso hasta que se resuelva en definitiva el amparo, aun cuando la PGR “no pudo comprobar ni acreditar las razones que motivaron la clasificación de la indagatoria” que involucra al padre del secretario de Gobernación.
Al respecto, Marván Laborde destacó que aun cuando no procede la causal por la cual la PGR clasificó como reserva el documento (artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia), “estamos ante una trampa jurídica; no podemos resolver hasta que concluya el amparo”.
Por su parte, Gómez Robledo añadió que “aunque jurídicamente la PGR no tiene derecho a promover el amparo (…) no podemos hacer nada hasta que exista una sentencia del juez, porque el caso está subjudice”. Incluso, calificó la acción de la PGR como “inusitada, delicada y muy grave”.
Trampa jurídica
A su vez, Alonso Lujambio reiteró que no podían incurrir en un desacato a la orden de un juez, y se pronunció por que la Dirección de Asuntos Jurídicos del IFAI analice una “estrategia que nos permita salir fortalecidos y no debilitados”.
Además, los consejeros acordaron notificar al órgano interno de control (OIC) de la PGR el desacato en que incurrió el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de esa dependencia, Adrián Franco, presunto responsable.
Durante el debate, todos los comisionados expresaron su indignación por la “trampa jurídica” que les tendió la PGR, con su “aberrante argumento” que expresa “una extraordinaria desconfianza política hacia el IFAI”, y por su recurrente actitud de “incumplimiento”.
En entrevista, el comisionado Juan Pablo Guerrero señaló que “la Procuraduría General de la República ha venido buscando toda clase de recursos legales para eludir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y éste fue uno más con el agravante de que, por un lado, impide al IFAI resolver en tiempo y forma con la integración completa y la sustentación satisfactoria del expediente y, por otro, es evidente del caso que se trata”.