 México, 1968 |
La autonomía en México: entre la libertad, el Estado y el interés privado (1921-2008)
Hugo Aboites (*)
En México, como en otros países de América Latina, el movimiento de los estudiantes de Córdoba de 1918 tuvo una repercusión casi inmediata. La idea de una universidad pública, abierta, independiente, democrática, al servicio de los estudiantes y de la sociedad fue vista como indispensable, sobre todo frente a un gobierno autoritario y frente a una completamente nueva etapa para el país. Así, en 1923, apenas unos años después de concluido el movimiento social y armado de la Revolución Mexicana (1910-1917) y apenas cinco años después de Córdoba, en México aparecía la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí, dotada de “plena autonomía en su organización científica, técnica y docente”, y con la capacidad de administrar sus recursos, nombrar libremente a su rector y gobernarse por medio de una Asamblea General y un Consejo Universitario paritario. En ese mismo año, la Federación de Estudiantes de México demandaba la autonomía para la Universidad Nacional, la cual se logró parcialmente en 1929 y sólo de manera plena en 1933 (Silva Herzog, 1974:32ss).
Su nacimiento y posterior desarrollo en México, sin embargo, revelan que la autonomía tiene múltiples significados políticos y sociales. Es necesario profundizar en éstos si se quiere repensar el futuro de las universidades latinoamericanas en el siglo XXI. La autonomía puede ser un peligroso lema si sólo idealiza la historia y esconde los intereses y visiones sobre la universidad, la educación y el país que se confrontan en torno a ella. En el caso mexicano, es posible distinguir cinco grandes momentos de ese desarrollo y así aclarar dónde nos encontramos actualmente en la historia de la autonomía y sus perspectivas.
Un primer momento, el del nacimiento de la autonomía en la Universidad Nacional (1929-1933) muestra su paradójico origen. La autonomía surge en medio de fuertes movimientos estudiantiles pero finalmente sólo se materializa por el interés del Estado de desembarazarse de una universidad que considera aristocrática, opuesta a los gobiernos emanados de la Revolución e ineficiente. Más que trabajar con ella, la hace a un lado y prefiere impulsar un proyecto propio de educación superior. Así, frente a las demandas de los estudiantes de la Universidad Nacional de que “voz y voto” de los estudiantes “tengan algún valor”, sorpresivamente el gobierno responde diciendo que la universidad se las arregle como pueda. El ministro Narciso Bassols, a la hora de presentar la iniciativa de ley, dirá que se trata de “dejar que la universidad, con sus propias orientaciones, bajo su exclusiva y absoluta responsabilidad y con sus propios elementos pecuniarios y morales responda ante el país; y que mañana, libre el gobierno de toda suspicacia, pueda exigir a los universitarios, como lo exigirá también todo el país, que respondan del uso que hayan hecho de la entrega generosa, levantada y noble que el gobierno les hace” (Silva Herzog, 1974:66). Poco después, en 1936, el presidente Lázaro Cárdenas impulsa el proyecto de educación superior del gobierno y abre las puertas a hijos de obreros y campesinos al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, instituciones destinadas expresamente a educar a los hijos de obreros y campesinos, a cargo del Estado.
Un segundo momento, décadas más tarde, es de enfrentamiento (1965-1970) entre el gobierno y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (y también con estudiantes del IPN). A mediados de los años sesenta, la universidad y los gobiernos ya habían restablecido las relaciones políticas y de financiamiento, gracias, entre otras cosas, a que el proyecto de educación superior popular del Estado no duró mucho, a que el país necesitaba a los egresados de la UNAM y a que una nueva ley (1945) había “domesticado” la autonomía mediante la concentración del poder en un reducido grupo de notables. Pero al mismo tiempo, contradictoriamente, la universidad había cambiado en forma importante en su perfil social de la matrícula. Aunque seguía siendo la institución preferida por las clases dirigentes, más y más jóvenes de la clase media y popular tenían acceso a los estudios superiores y también a corrientes de pensamiento social sumamente progresista. Con esto, la universidad comenzó a interactuar con un contexto social que ya comenzaba a mostrar las limitaciones sociales del estado de bienestar. Esa creciente contradicción hizo crisis en 1968, al estallar un movimiento estudiantil que llevó a la irrupción del ejército en la UNAM y en el IPN y a la matanza en Tlaltelolco. La burocracia de la UNAM se enfrentó directamente con el gobierno de Díaz Ordaz y el rector Javier Barros Sierra desafió públicamente al presidente y marchó por las calles a la cabeza de los universitarios. Ya no era la defensa de la autonomía como un ambiguo privilegio entre conservador y progresista, de los años 20, sino la autonomía como defensa de un espacio de educación cada vez más popular y con creciente libertad de pensamiento, y un Estado profundamente autoritario y, además, ya en ese momento sumamente endeble en su postura de representante y promotor de las demandas populares. Así la autonomía viene ser estratégica para el desarrollo no sólo de una sociedad que nace a la democrática, sino de organizaciones y luchas populares en búsqueda de un orden social distinto.
En una tercera etapa (1970-1980), de autonomía dirigida, muestra un cambio radical en la postura de los gobiernos frente a la autonomía. Luego del 68, éstos entienden que los enfrentamientos abiertos con las instituciones autónomas no son productivos y sí son políticamente costosos, pero no puede sin más abandonarlas. Ante la crisis económica y social que se le viene encima, considera indispensable usarlas como motor para el crecimiento económico y, para ello, comienza a ensayar como convertirse en el conductor de la educación superior. Así, los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) deciden impulsar la creación de decenas de universidades autónomas, pero para comenzar a manejarlas. En medio de una combinación de represión contra estudiantes y contra algunas instituciones rebeldes, de discursos que recuperan el tono populista del pasado y de largueza financiera para la educación superior, estas universidades autónomas –y ya no las instituciones de educación superior popular de los años 30– se convierten en el eje central de la estrategia gubernamental para la educación superior. Son universidades que nacían “vacunadas”, dotadas del esquema de poder similar al de la UNAM (1945), que asegura el poder y el control indefinido a una burocracia dirigente. Es esta una etapa en la que crece exponencialmente la matrícula (lo que abre la universidad a jóvenes de origen más popular), surge con enorme fuerza el sindicalismo universitario y aparece también –en oposición al control gubernamental– el modelo de universidad crítica, democrática y popular que en varias instituciones rompe con la propuesta de autonomía controlada y ensaya formas distintas de definición de la relación con la sociedad.
En una cuarta etapa (1980-1990), de consolidación del control, la autonomía universitaria es elevada a rango constitucional (1980), aunque es un reconocimiento meramente simbólico, pues ni siquiera se le garantizan los recursos indispensables para su funcionamiento y expansión. El significado político real de la reforma es reducir la fuerza de los sindicatos universitarios que hacía peligrar el control férreo de los grupos institucionales y el control del Estado sobre la educación superior. La reforma constitucional hace posible que se incorpore en la Ley Federal del Trabajo por primera vez una definición de lo que es el trabajo universitario, cuáles son los límites de las negociaciones bilaterales y la prohibición de la creación de un sindicato nacional. Como se preveía, esto trajo el fortalecimiento –ahora constitucional– de las burocracias institucionales, y dificultó grandemente las luchas por una conducción realmente autónoma de la universidad, es decir, fincada en una efectiva participación de estudiantes y trabajadores universitarios. El refuerzo a los grupos dominantes en cada institución ofreció al Estado un interlocutor todavía más confiable, pero también creó una universidad cada vez más dependiente de planes e iniciativas gubernamentales. La crisis de la deuda (1982-1990) demostró desde entonces claramente el significado de este nuevo orden. Aunque los sindicatos se rebelaron frente a los recortes de salarios y subsidios universitarios, las burocracias institucionales los aceptaron pasivamente y con eso se rompió el frente conjunto entre estudiantes y trabajadores universitarios por un lado, y directivos por otro, que podría haber defendido a la universidad pública y autónoma.
En una quinta etapa (iniciada en 1990) de la autonomía en el neoliberalismo, la avalancha de iniciativas gubernamentales y, crecientemente, también empresariales, aumentan a detalle y considerablemente el control de funcionarios del gobierno federal sobre la vida académica e institucional de las universidades autónomas. A pesar de que la Constitución establece claramente que las autónomas “tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas(…) [y] determinarán sus planes y programas” de estudio, las facultades y divisiones académicas son definidas (y tratadas) como “dependencias gubernamentales” y el gobierno puede ya incluso limitar la matrícula en ciertas carreras y facultades (Promep, 1997); el ingreso y egreso de estudiantes a las universidades queda controlado por una agencia privada de evaluación patrocinada por el gobierno (Ceneval); los académicos prominentes reciben ingresos y recursos de investigación directamente del gobierno como parte de programas de “mérito”; los planes y programas de estudio son revisados y aprobados por agencias privadas “acreditadoras”; los niveles de salarios del personal universitario son determinados por el gobierno federal, y hasta la misma asociación de rectores admite que debe limitar la matrícula y crea el concepto de “vinculación”, para legitimar las asociaciones estratégicas entre universidades y grandes corporaciones. También plantea el concepto de “autonomía responsable”, como manera de legitimar la intervención privada y gubernamental, y declara la autonomía ya no como un mandato constitucional bien definido sino como un “valor” (aunque agrega que “ocupa un lugar sustantivo en la escala de valores de las instituciones de educación superior mexicanas”.) (ANUIES, 2000:139).
Como resultado, la universidad autónoma mexicana tiene una creciente pérdida de identidad. Los recientes movimientos universitarios (las protestas contra la evaluación de 1996-2000, la huelga en la UNAM de 1999-2000, la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana en 2008) son manifestaciones de la crisis de una universidad que, perdida la autonomía, ha extraviado el rumbo y la mira en su tarea de responder a las necesidades de las mayorías del país generando nuevos conocimientos y trayendo el de otros países. Se han anquilosado tempranamente en manos de una poderosa burocracia y el control empresarial y gubernamental. “Las universidades han llegado así a ser fiel reflejo de esas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”, decían los estudiantes rebeldes de Córdoba 90 años atrás. Y ahora ha vuelto a ser verdad. Es sólo gracias a las múltiples experiencias de una nueva universidad que emerge de las comunidades indígenas de Ecuador, Bolivia y México, de los barrios y suburbios venezolanos y mexicanos, que surgen vientos de una transformación profunda de lo que hasta hoy entendemos como autonomía.
ANUIES, 2000, La Educación Superior en el Siglo XXI. México, D.F. Asociación Nacional de Universdiades e Instituciones de Educación Superior.
Promep, 1997, Programa de Mejoramiento del Profesorado, México, D.F. Secretaría de Educación Pública.
Silva Herzog, Jesús, 1974, Una historia de la universidad de México y sus problemas. México, DF Siglo XXI editores.
Tunnermann Brenheim, Carlos, 2008, Noventa años de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918-2008). Buenos Aires, CLACSO.
(Capítulo completo)
(*) Profesor/investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.