■ El Estado incumple acuerdo con la CIDH de reformar ordenamiento
Apremian ONG a garantizar en México el aborto tras una violación
El Estado ha incumplido el acuerdo de solución amistosa que suscribió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para modificar la norma oficial mexicana referente a la violencia contra la mujer, en la que se incluiría explícitamente la violencia sexual, para que se garantice el derecho al aborto en caso de violación, señalaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red Todos los Derechos para Todos.
Las organizaciones informaron que, a dos años y medio de que se suscribió ese compromiso internacional, la modificación a la norma no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el argumento de “procedimientos administrativos”, lo que “hace cómplice al Estado” de la violación a los derechos de las mujeres.
Indicaron que el 8 de marzo de 2006 México se comprometió ante el organismo internacional a modificar la NOM-190-SSA1-99, acuerdo que derivó de la denuncia presentada en 2002 ante la CIDH por la violación a los derechos humanos de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, quien fue víctima de violación a los 13 años, agresión de la que resultó embarazada, pero las autoridades de Baja California impidieron el derecho de interrumpirlo de manera legal.
Las organizaciones subrayaron que es urgente la modificación de ese ordenamiento, pues, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 766 mil 501 mujeres fueron obligadas o forzadas a tener relaciones sexuales durante 2006. “La Secretaría de Salud debe considerar esta cifra alarmante y dejar de lado las convicciones morales y religiosas de varios de los funcionarios que en ella laboran, y ponderar ante todo la salud y la vida de las mujeres.”
En el acuerdo suscrito con la CIDH, el Estado se comprometió a modificar la norma, a la que se daría el número NOM-046-SSA2-2005, que se referiría a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención.
Las organizaciones consideraron que ese ordenamiento “es congruente con la evidencia científica más reciente y atiende los compromisos adquiridos por el Estado mexicano ante la CIDH y otras instancias internacionales, además de que contribuye al respeto y la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres”.
Remarcaron que la modificación de esa norma obliga al personal de salud a proporcionar anticoncepción de emergencia o en su defecto informar sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo en los términos de cada legislación estatal, para que se practique en las mejores condiciones.
Por ello, el Observatorio y la Red apremiaron al Estado “a asumir su responsabilidad internacional de manera definitiva, demostrando que sus prácticas son laicas y que existe un proceso para el acceso y la procuración de la justicia hacia las mujeres, a fin de que se eviten excusas, como el retraso en procedimientos administrativos, cuando los verdaderos motivos que demoran la publicación de la norma en el DOF son ideologías morales y políticas”.