■ Continúan agitación social y denuncias de crímenes de las fuerzas militares en Colombia

Divulgan las FARC carta en que renuevan su voluntad de acuerdo con Álvaro Uribe

■ “La guerra eterna no puede ser el destino del país”, dice la guerrilla a intelectuales y jefes políticos

Jorge Enrique Botero (Corresponsal)

Bogotá, 28 de octubre. Como si se tratara del tema del eterno retorno, el intercambio de guerrilleros presos por rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) volvió al centro de la escena política de esta nación sudamericana tras la divulgación hoy de una carta de la comandancia guerrillera a un grupo de intelectuales y dirigentes políticos en la que renuevan su voluntad de llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

La divulgación de la carta se produjo apenas unas horas después de que Oscar Tulio Lizcano, uno de los políticos incluido en la lista de canjeables y quien permaneció en poder del grupo insurgente durante más de ocho años, logró fugarse con la complicidad del jefe de la columna rebelde encargada de su cautiverio.

El regreso a la libertad de Lizcano, después de una cinematográfica odisea de tres días por las inhóspitas y tupidas selvas del departamento noroccidental del Chocó, agitó repentinamente las apacibles aguas por las que transita el tema del “canje de prisioneros”, que había pasado al ostracismo tras la liberación, a comienzos de julio, de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadunidenses del Pentágono y una docena de oficiales del ejército y la policía.

Luego de celebrar el regreso de Lizcano a su hogar, familiares de otras 28 personas que aún están en poder de las FARC (dos líderes políticos y 26 militares) clamaron por un entendimiento entre el gobierno y la guerrilla que permita a sus seres queridos pasar la próxima navidad en libertad.

En igual sentido se pronunciaron dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales que impulsan el llamado acuerdo humanitario desde hace varios años.

“La carta de las FARC conocida hoy nos da nuevos bríos a quienes venimos clamando por una solución política, no sólo al asunto del intercambio humanitario, sino al extenuante conflicto armado y social que arrastra nuestro país desde hace casi cinco décadas”, declaró a La Jornada la senadora liberal Piedad Córdoba.

Según la legisladora, el tono y el lenguaje de la misiva enviada por la jefatura insurgente “marca una notoria diferencia con anteriores pronunciamientos rebeldes, lo cual nos hace aún más optimistas sobre la posibilidad de que el gobierno y las FARC se sienten de una vez por todas a negociar”.

Córdoba subrayó que el acento puesto por la insurgencia en la búsqueda de soluciones políticas, así como la ausencia de un lenguaje intransigente y desafiante, “son claros síntomas de que hay una renovación en la actitud de la actual cúpula rebelde”.

La senadora colombiana, que fue pieza fundamental, hace siete meses, en la liberación de seis dirigentes políticos que habían caído en poder de las FARC a comienzos de ésta década, agregó que “los silencios contenidos en la carta también son muy elocuentes”.

Según la legisladora, el hecho de que las FARC no hagan alusión a condiciones “inamovibles” de otras épocas –como el despeje militar de áreas geográficas–, “también es un síntoma esperanzador”.

En su misiva, que da respuesta a una propuesta de intercambio epistolar hecha hace un mes por intelectuales y dirigentes políticos, los rebeldes saludan “la búsqueda de caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua”, y aseguran a sus interlocutores que “no dudamos del éxito de su gestión”.

Tras insistir en que “la guerra eterna no puede ser el destino de nuestra patria”, la comandancia rebelde pide a intelectuales y jefes políticos “tener en cuenta la disposición de la mayoría de los presidentes de América Latina para contribuir con sus esfuerzos al intercambio y la paz”.

El renacimiento de la discusión sobre el intercambio humanitario se produce en medio de un clima político y social de creciente agitación, marcado por multitudinarias protestas populares y denuncias que comprometen gravemente a altos cargos oficiales en violaciones a los derechos humanos.

El suroccidente colombiano es escenario de paros, huelgas y movilizaciones de indígenas, campesinos y obreros del sector agrícola, que han protagonizado a lo largo de casi un mes cruentos enfrentamientos con el ejército y la policía, con saldo de tres manifestantes muertos y centenares de heridos en ambos bandos.

A la atmósfera reinante de agitación laboral y social se suman las revelaciones hechas por las propias jefaturas militares sobre la participación de oficiales de alto rango en tenebrosos episodios de crímenes masivos de jóvenes en varias regiones del país.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, tuvo que aceptar el pasado fin de semana que tres coroneles del ejército fueron suspendidos por su participación en la desaparición y posterior muerte de decenas de jóvenes de la población de Soacha, que después aparecieron muertos en supuestos combates con la fuerza pública en Ocaña, en el nororiente del país.

Como reveló La Jornada hace unas semanas, dichos jóvenes eran presentados ante los medios como “muertos en combate”, lo cual le permitía a los mandos militares cobrar premios y recompensas.

Aprovechando la visita de una delegación de la Organización de Naciones Unidas al país, el presidente Uribe hizo el pasado lunes un enérgico llamado de atención a los mandos militares para que controlen los abusos de sus subalternos, y subrayó que episodios como el de Soacha “empañan la buena imagen que logran las fuerzas militares tras sus éxitos contra los terroristas de las FARC”.