■ Sólo funcionarios de bajo rango serían castigados, dice en una carta al gobernador Sabines
Teme el centro Fray Bartolomé que la matanza de Chinkultic quede impune
■ Pide informes sobre averiguaciones y se queja de que el mandatario no responde a solicitud
San Cristóbal de las Casas, Chis. 28 de octubre. “Existe un gran riesgo de que la masacre de Chinkultic, como otras, quede impune y la sanción a los responsables sea únicamente a los servidores públicos de más bajo rango”, expresó en una carta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) al gobernador Juan Sabines Gutiérrez. Esto “cuando es evidente la responsabilidad de no sólo funcionarios de primer nivel, sino del propio Estado mexicano”, que en su sistema de leyes y reglamentos “no previó la necesidad imperiosa” de reglamentar los operativos policiales.
“¿A qué funcionarios del estado se ha iniciado procedimiento administrativo y/o averiguación previa sobre su nivel de responsabilidad en los hechos? ¿Se inició procedimiento administrativo y/o penal que permita establecer si los titulares de las secretarías de Gobierno y Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Ministerio de Justicia, tienen o no responsabilidad en la agresión del 3 de octubre pasado? Y ¿cuál es el estado procesal que guardan dichos procedimientos, de existir?”, cuestiona el centro de derechos que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García.
En un “primer recordatorio público”, el CDHFBC reitera al gobierno estatal la solicitud hecha hace 19 días para acceder a la información y los procedimientos seguidos por las autoridades antes, durante y después de la violenta acción policiaca en el ejido Miguel Hidalgo, “indebida y abusiva acción”, en esta ocasión “perpetradas por agentes del estado federativo que usted gobierna”. El 8 de octubre, añade, “le requerimos datos sobre los sucesos, sin que hasta la fecha usted o algún funcionario suyo haya atendido nuestra solicitud”.
Llama la atención sobre “la importancia de la transparencia y contraloría ciudadana en la investigación de hechos como estos, ya que resulta menester que la población en general tenga acceso a la verdad de lo sucedido”.
Apunta la misiva que los crímenes contra pobladores de Miguel Hidalgo por elementos de las policías Estatal Preventiva y Ministerial, así como por personal de justicia, “son de los considerados de lesa humanidad”. Además, no existía orden judicial para el desalojo de la zona arqueológica “y mucho menos para realizar cateos y aprehensiones”.
El centro recuerda al gobernador: “Usted ya deslindó a la Procuraduría General de la República, por lo cual podemos concluir que los únicos responsables son elementos estatales adscritos a secretarías a su cargo”.
En referencia al nuevo decreto para crear un “protocolo para desalojos”, menciona que la anterior inexistencia de reglamentación ha derivado en “violación sistemática de los derechos de la población”, y que el ordenamiento no considera los tratados internacionales en la materia. El CDHFBC pone en duda la eventual “vigilancia” de los desalojos por la Comisión de los Derechos Humanos de Chiapas, que “no cumple su obligación” y termina por “legitimar las violaciones a derechos”. Y concluye:
“Sabemos que usted ordenó diversas medidas para atender a los deudos y víctimas. No obstante, observamos que esas disposiciones están muy lejos de los estándares exigidos en los instrumentos de derechos humanos”. La carta remite a las autoridades a los “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005”.