■ Miguel Concha: el Congreso congeló iniciativa desde 2003
El Estado “rehúsa garantizar el derecho a la alimentación”
En la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación el gobierno mexicano tiene “doble discurso” y es “incongruente”, pues mientras suscribe tratados internacionales que establecen las obligaciones de los estados sobre el particular, a escala nacional la Constitución ni siquiera reconoce de manera explícita ese derecho, señaló el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo.
Al participar como ponente en el Encuentro nacional de pastoral social, el religioso dominico manifestó que el Estado ha rehuido abiertamente la responsabilidad de promover las condiciones que permitan que nadie padezca hambre y todos disfruten cuanto antes, plenamente, de esa garantía.
Ante más de un centenar de agentes de pastoral social, la mayoría de diversas diócesis del país, comentó que desde hace al menos 15 años cientos de organizaciones y gran cantidad de personalidades han solicitado de manera formal a la Cámara de Diputados que eleve a rango constitucional ese derecho, con base en las obligaciones internacionales contraídas por México. Desde 2003 una iniciativa en ese sentido “duerme el sueño de los justos” en el Congreso, lamentó.
La inclusión de esa garantía en la Carta Magna permitiría a la población hacerla judicialmente exigible y ordenaría a las autoridades cumplirla de manera eficaz en todos los casos. Además, ese derecho obliga al Estado a promover la soberanía alimentaria, la cual no debe confundirse con la mera seguridad alimentaria y menos con la suficiencia alimentaria, como pretenden los programas neoliberales y funcionarios del gobierno actual, advirtió.
La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus políticas agropecuarias y, en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico, con el fin de alcanzar el desarrollo sustentable e impedir que sus mercados se vean inundados de productos excedentes de otras naciones mediante prácticas desleales, explicó.
Durante cuatro días, sacerdotes, religiosos y laicos, incluso algunos obispos, reflexionan sobre cinco grandes temas de la agenda nacional: seguridad y violencia, crisis alimentaria, democracia y elecciones de 2009, caridad y justicia, y cambio climático, en un acto organizado por la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano en la sede de Lago de Guadalupe, en el municipio mexiquense de Cuautitlán.
Durante su intervención, Miguel Concha hizo referencia al documento de Aparecida, de la quinta asamblea general del Consejo del Episcopado Latinoamericano, el cual señala que la Iglesia no sólo no puede permanecer indiferente ante los enormes problemas sociales, sino que está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante las intolerables desigualdades sociales y económicas.
Destacó que en dicho documento no sólo se habla de explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social.