■ Desmienten a la Secretaría de Gobernación: “aún no se ha dado un diálogo permanente”

Mediadores señalan la “actitud omisa” al investigar desaparición de dos eperristas

Emir Olivares Alonso

La comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal aseveró que las instancias gubernamentales involucradas en el caso de la desaparición forzada de dos eperristas han mantenido “una actitud omisa”, que impide que el organismo ciudadano se acerque al “objetivo esencial” por el que se conformó: la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En un documento presentado ayer, firmado por las siete personalidades que conforman la comisión, aseguraron que pese a lo dicho por la Secretaría de Gobernación (SG), a seis meses de la conformación del organismo de intermediación, a solicitud del EPR, aún no se ha “dado un diálogo permanente” con el gobierno federal para atender el caso.

Señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado a conocer ningún avance sobre las investigaciones que realiza en torno a la desaparición forzada de los dos militantes del grupo insurgente.

Subrayaron que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuenta con investigaciones sobre el caso, a un año y cinco meses de que se presentó ese delito, considerado por organismos internacionales como de lesa humanidad, ésta “no ha emitido recomendación alguna”.

La senadora y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el académico Enrique González Ruiz, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y el obispo emérito de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz García, aseveraron que de manera “tardía” la SG dio respuesta a los documentos que la comisión mediadora entregó en junio y agosto de este año, en los que expuso que existían elementos para tipificar como “desaparición forzada” la de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que en la detención de éstos participaron “agentes de Estado” o grupos de personas que actuaron con “la autorización, apoyo y aquiescencia” del gobierno.

Sin embargo, subrayaron la relevancia que tras la entrega de esos análisis a representantes de la SG, las autoridades federales hayan aceptado que se trata de una desaparición forzada.

Señalaron haberse percatado de la “disposición” para atender la solicitud que realizaron el pasado 14 de agosto, a fin de que la mediación se amplíe a la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En el documento expresan que aun sin “diálogo permanente” con la administración federal, la comisión ha recabado por su propia cuenta “información relevante que pudiera conducir al objetivo deseado”, misma que “espera corroborar en la ampliación de los términos de mediación, al tener interlocución con otros actores”.

Al respecto, Montemayor, vocero de la comisión, indicó que con el comunicado que la SG emitió el pasado 24 de octubre dio “una respuesta explícita y pública” al planteamiento de que se ampliara la interlocución. Agregó que con esto se iniciará una segunda etapa de diálogo, pues al “hablar directamente con la PGR, el Cisen y la Sedena podremos desahogar y aclarar todos los puntos que hemos enlistado (en sus propias investigaciones) para acercarnos al objetivo fundamental”.

Por su parte, López y Rivas aseguró que la comisión cuenta con elementos para mantener la hipótesis de que en la desaparición forzada de los eperristas participaron integrantes de los tres órdenes de gobierno y del Ejército.