■ Quejas por la “lacerante violencia estructural que ejercen las instituciones”
ONG documentan en México 60 casos de criminalización de la protesta social
■ Exponen que a los pobres se les conculcan sus derechos ante la impunidad de la clase en el poder
La Red Todos los Derechos para Todos (RTDT) dice contar con evidencia de que en el último año se han presentado 60 casos de criminalización de la protesta social perpetradas por el Estado mexicano.
En un informe que se presentará este domingo durante una manifestación en el Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana, como parte de la campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito, la Red, que agrupa a más de 60 organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de 20 estados del país, asegura que “en México vivimos una lacerante violencia estructural ejercida por las instituciones y el sistema social, la cual se manifiesta tanto con la desigualdad como con la represión”.
La RTDT asevera que en México “existen leyes sin justicia”, pues mientras a los pobres se les niegan sus derechos sociales y civiles básicos, las clases en el poder que han violentado las garantías de los ciudadanos permanecen en la impunidad.
Destaca que los primeros “no cuentan con protección contra la violencia policial, se les niega acceso igualitario a las instituciones del Estado y a juzgados, sus domicilios pueden ser invadidos arbitrariamente y, en general, están forzados a vivir una vida no sólo de pobreza, sino también de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces perpetrada por las fuerzas de seguridad que deberían protegerlos”.
La organización afirma que cuando se trata de sancionar la corrupción de funcionarios públicos de alto nivel “se invoca a la presunción de inocencia y falta de pruebas contra éstos, lo que los deja siempre impunes, como los casos del los gobernadores de Puebla y Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, respectivamente, o del ex presidente Luis Echeverría”.
Señala que la legalidad de la que habla Felipe Calderón “consiste en la autorización legal para utilizar la violencia, sin una rígida vinculación a la ley misma”.
Puntualiza que de los 60 casos que revisó en 2007, 32 están relacionados con proyectos económicos, como construcción de mineras, presas y otros, y 28 directamente con criminalizacón de la protesta social. Jalisco es la entidad donde más agresiones del Estado (nueve) se documentaron contra la ciudadanía y movimientos sociales. Le siguen Oaxaca (7), y Coahuila y Chihuahua (5).
También hubo conflictos en Chiapas, Colima, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidaldo, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Agrega que en la mayoría de los casos (41) hay una disputa por recursos naturales.
Para la Red la protesta social “es un instrumento de defensa o tutela de los derechos. Una expresión de descontento ciudadano frente a decisiones en la que no estuvieron involucrados, que los desfavorecen o perjudican”. Agrega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado a la protesta social de herramienta de denuncia pública contra abusos o violaciones a los derechos humanos.
En México “la política de represión y criminalización de la protesta social implica acciones represivas policiacas que nunca son investigadas y sancionadas, e implica hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes enfrentan al Estado en la lucha por sus derechos”, señala la RTDT.
Indica que, pese al cambio de régimen en 2000, la criminalización de la protesta social se sigue presentando, siendo los casos de Guadalajara, Atenco y Oaxaca de los más representativos. Ante ello, dice, Calderón “continúa con el incremento de la militarización y la ley judicial que da lugar a un estado policial”. Señala que un Estado “represor” utiliza estrategias como la renuncia al diálogo con los inconformes, represión policiaca, descalificaciones, militarización de la vida civil, detenciones arbitrarias, equiparación de luchadores sociales con delincuentes, agravamiento de las acusaciones y falta de debido proceso penal.