Saqueados, reprimidos, expulsados… y rebeldes

Como no sucedía hace décadas, la represión contra las protestas populares es hoy política de Estado en todo el territorio nacional. Aunque se ocultan en lo posible los eventos represivos, o se tergiversa la versión de los hechos en cada caso, el mensaje gubernamental es claro: al que se mueva le va a caer todo el peso de la Ley (la suya, se entiende).

Y con puntualidad, cumple. Si así de bien lo hiciera con otras promesas. Ya son demasiados casos para considerarlos “aislados”. Sólo en este octubre, ataques policiacos en Chinkultic, Xoxocotla (y todo Morelos); el Ejército en Atenco y Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, la policía en el Zócalo del Distrito Federal. Los episodios se suman a los ya incontables “castigos ejemplares” y criminales desde 2006 contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los pobladores de Viejo Velasco Suárez, San Juan Lachivía, Dorados de Villa y muchos más. Nada puede trivializar el número de heridos, violados, torturados, encarcelados injustamente o muertos por causa política.

Al que se meta con la policía le toca: es una política de poder, que no de justicia. La impunidad está garantizada. Acontece así precisamente ahora que el desgobierno se extiende por el país y la corrupción delincuencial de elementos policiacos, mandos y hasta corporaciones enteras, al servicio del narco, los secuestradores, los traficantes de armamento y personas, es pan de cada día.

Estas policías impresentables, con frecuencia indignas de la confianza ciudadana, cuentan con órdenes superiores, no mera “licencia”, para castigar, incluso asesinar a quienes protestan en carreteras, zonas arqueológicas, parques nacionales, desde sus propias calles, radios comunitarias, predios como los de Nueva Castilla (Nuevo León) o Lomas de Poleo (Chihuahua). Resulta que “la ley” son esos tiras que se vengan del pueblo a nombre de sus amos.

Como acaba de reiterar la ejecución de seis personas de Miguel Hidalgo en Chinkultic, Chiapas, los agentes homicidas serán exonerados, no digamos ya sus mandos y las autoridades civiles que ordenan operativos donde la tortura y el asesinato de civiles desarmados es sistemática. Ni siquierta importa que no exista orden judicial, como en Chinkultic. Basta con que se quejen los terratenientes, el inah o la Profeco.

Lo notable es que aún así los pueblos sigan protestando, se insubordinen con razones que el poder desatiende o prostituye (pues para eso sí tiene dinero). Se movilizan indígenas, maestros, colonos, jóvenes, viudas de mineros y campesinos, madres de hijas e hijos devorados por la violencia criminal que el Estado no controla (y con frecuencia induce y patrocina como durante tres años han ilustrado fehacientemente el priísta Ulises Ruiz en Oaxaca, su par Enrique Peña Nieto en el Estado de México y sus émulos panistas y perredistas).

En un contexto nacional e internacional muy alarmante, la economía está dada al desastre y las contrareformas constitucionales dirigidas a fastidiar el interés nacional van viento en popa. Cuánto entusiasmo por naufragar.

La gente lleva más de una década organizándose, haciendo claro que no se van a dejar. Defenderá sus tierras, sus culturas, sus escuelas, sus calles, sus sitios históricos, sus recursos naturales, su dignidad colectiva. Aunque les echen policías robotizadas, el Ejército federal, paramilitares y hasta sicarios institucionales como en Oaxaca (los otros sicarios funcionan bajo una lógica distinta, la del narco).

Los medios nacionales lo disimulan, pero hay alarma mundial por la represión política en México, la increíble falta de respeto a los derechos humanos. Y no es sólo “asunto de ong”, sino de gobiernos, parlamentos, la Organización Mundial Contra la Tortura, tribunales internacionales y hasta unicef. En un contexto donde la represión cuenta con la complicidad explícita de la prensa electrónica y escrita.

Mientras que al venerable y bien legitimado 68 sólo le falta aparecer en telenovelas, el 2008 no ha concluido, reventó hace rato la nota roja y sigue la mata dando. Así, la represión política es hoy, a lo más, información policiaca. Sin fallar, la “razón” la tienen los mandos y los jefes civiles de las fuerzas del orden.

El descontento popular no pinta para disminuir. Las golosinas de los políticos no convencen, y menos ahora que “renace” el pri montado en la mercadotecnia y un gasto “social” lucidor pero lo más barato que se pueda. Los damnificados de la economía, los ríos y huracanes no tienen ya por qué creer; el cinismo de los funcionarios es la respuesta. De modo similar, los pueblos y las organizaciones sociales que resisten al sistema político que no deja de traicionarlos. ¿Cómo extrañarse entonces de que cunda lo que los zapatistas de Chiapas ahora llaman “la digna rabia”?

La esquizofrenia es del Estado. La resistencia, de los pueblos; para ellos el despojo, la humillación, el sufrimiento y la traición del poder han llegado demasiado lejos.

***

En esta hora inquietante Ojarasca cumple 19 años. Si este suplemento sigue dando lata es gracias al generoso espacio de La Jornada para autores de toda América. Para los pueblos y organizaciones que hablan y actúan desde su tierra, que es el lugar de los hechos. Para sus literaturas vivas, la migración, la creación de sabias formas de gobierno comunitario y regional, la tenacidad para contar su historia y ser visibles, determinantes en el destino de nuestras naciones americanas.