Colombia

Los cabildos indígenas del Cauca gritan

¡ya basta, carajo!

15 de octubre. Después de años de guerra sucia, asesinatos, encarcelamientos, desaparecidos, desplazamiento y la invasión devastadora de sus territorios ancestrales, las organizaciones, comunidades y cabildos indígenas del Valle de Cauca, decidieron bloquear la Vía Panamericana, para decirle al gobierno de Álvaro Uribe y al del gobernador del Cauca, Guillermo González Mosquera que no permitirán más tratados de libre comercio “que nos roban el territorio y la vida sin consultarnos ni respetar nuestros derechos”. Que se acaben la política de guerra, el Plan Colombia II y el proyecto Seguridad Democrática. Que vayan a la cárcel los parapolíticos “y que los pueblos juzguemos a los criminales de Estado, quienes se han servido del poder para someternos y acabar con nuestras culturas ancestrales”. Que se deroguen de inmediato todas las leyes de despojo empezando por el Estatuto Rural (Ley 1152), el Código Minero y el Plan de Aguas.

La represión llegó rauda pese a que en el comunicado de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) los pueblos en resistencia expresaban: “Estamos dispuestos a dialogar con la verdad si del otro lado no hay mentiras y trampas. Estamos dispuestos a creerle a los hechos y no a las palabras. Más que a Usted Gobernador, le exigimos al orden que Usted representa que respete el Mandato de los pueblos”. Desde el 14 por la noche, el general Páez Varón llegó con tropas, tanques y helicópteros y anunció que los iba a matar y al cierre de esta edición ya había dos muertos, más de 35 personas heridas, 18 de ellas con arma de fuego, a causa del “brutal ataque de la fuerza pública a los indígenas civiles en La María Piendamó, ataque que se inició a las 6 de la mañana”.

Los medios de comunicación excusan la masacre acusando falsamente a los indígenas de estar controlados e infiltrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los cabildos del Cauca, agraviados, insisten: “Esto es falso, pero justifica la masacre que se está cometiendo en este momento. Las legítimas demandas se ignoran. El ejercicio de derechos y libertades se niega, el territorio se entrega a transnacionales, la guerra sucia asesina comuneros y líderes, los medios engañan y promueven el terror y la manipulación, las leyes despojan, el Plan Colombia convierte territorios en teatros de operaciones, el gobierno respaldado por Estados Unidos cierra el espacio para el conflicto político civilista y promueve la guerra para luego señalar como terroristas a quienes protestan. El gobierno promueve a la insurgencia, la fabrica, la instiga. El resultado de esto es que el movimiento indígena y popular, cansado, arrinconado, digno, se moviliza en una acción de hecho para dar a conocer su agenda y exigir que sea respetada. La respuesta es señalarnos como terroristas, atacarnos como se atacaría a un ejército y mientras lo hacen, presentar un discurso democrático y civilista como si no hubieran obligado a los pueblos a la desesperación. ¿Qué quiere el gobernador, el gobierno? ¿Que volvamos silenciosamente a ser víctimas de la guerra sucia, a dejarnos despojar y asesinar sin protestar, a dejarnos meter en una guerra que es contra nosotros?” La moneda está en el aire.

Ojarasca

Trabajador migrante. Oeste Texas, 1975. Foto: ALEX WEBB