■ Impulsa la reserva Juma para detener a los invasores
Combate Brasil el avance ilegal de madereras en la selva amazónica
Reserva Juma, Brasil, 19 de octubre. En pleno corazón de la selva amazónica en Brasil, la reserva Juma es un ejemplo de los males que aquejan al mayor bosque tropical del planeta: el avance ilegal de las madereras y la pobreza de sus aislados pobladores tradicionales, situación que intenta ser revertida con un proyecto pionero orientado al mercado de carbono.
Acompañada de sus 6 hijos y con una carta en el bolsillo a nombre de las 12 familias de su comunidad, María Edines Gonçalves caminó medio día en la selva para llegar a la comunidad vecina, donde es lanzado el proyecto que pretende cambiar el futuro de las 322 familias de esta reserva ubicada 300 kilómetros al sur de Manaus en línea recta, aunque sólo accesible en largas jornadas por río.
Con cuidada caligrafía, la carta pide tres cosas que cambiarían la vida de su comunidad: una escuela, un equipo para moler harina de mandioca y un generador comunitario para encender algunos bombillos de noche. “Es la primera vez que llega alguien del gobierno a nuestro río”, explica.
La reserva, un tupido manto de selva profunda circundada por ríos y dispersas y aisladas pequeñas comunidades de pobladores tradicionales que sobreviven produciendo harina de mandioca y colectando frutos selváticos, fue creada por la fragilidad que adquirió tras la construcción de una pequeña carretera local que introdujo invasores de tierras, madereras ilegales y garimpeiros (buscadores de oro).
“Hace cuatro años funcionaban aquí seis serrerías ilegales. Llegaron de repente, con mucho dinero, amenazando y sacando a los pobladores de sus tierras”, explica el padre Ramiro, un español llegado a la zona hace 25 años y amenazado de muerte por sus denuncias.
La creación de la reserva ha comenzado a cohibir a los invasores y las serrerías fueron cerradas, pero los madereros continúan, explica Manoel Carvalho, que habita otra pequeña comunidad junto a la carretera. “Es difícil para nosotros denunciarlos; si intentaron matar al padre Ramiro, imaginen lo poco que les costaría asesinarnos”, afirma.
Con medio millón de hectáreas, la reserva Juma es el primer proyecto en Brasil que ha recibido una certificación internacional (de la certificadora Alianza Clima, Comunidad y Biodiversidad) por la reducción de emisiones con efecto invernadero causadas por la deforestación. El compromiso es absorber 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) de aquí a 2016 y mejorar la vida de las 322 familias pobladoras.
“Estamos creando un instrumento económico para fomentar el mantenimiento de la selva en pié, reconociendo los servicios ambientales prestados por los pobladores tradicionales que la habitan”, explica Virgilio Viana, director de la Fundación Amazonas Sustentable que gestiona la reservas del estado, con financiamiento del gobierno regional y capital privado.
La reserva Juma consiguió un interesante financiamiento lanzado el viernes ante los expectantes pobladores locales llegados de comunidades distantes hasta dos días en canoa: la cadena internacional Marriott, con 3 mil hoteles en 69 países, propondrá a sus huéspedes el aporte voluntario de un dólar: lo que costaría limpiar las emisiones producidas en una noche de hospedaje, de 32 kilos de CO2.
El retorno para Marriott y otras empresas que el gobierno regional pretende convencer para proteger su territorio es marketing, una imagen de compañías ecológicamente correctas que se esfuerzan en “limpiar” las emisiones que ocasionan.
Brasil es el cuarto emisor de gases de efecto invernadero pero, a diferencia de los países industrializados, 75 por ciento de sus emisiones no provienen de la industria, sino de la deforestación. El estado Amazonas es el mejor preservado, con 98 por ciento de la cobertura vegetal intacta, aunque calcula que, al ritmo actual, hasta 2050 perdería 30 por ciento de su selva, según Viana.
Por ello, Brasil busca reconocer esos proyectos no contemplados en el Protocolo de Kyoto, que creó el mercado oficial de carbono, ya que pueden significar una indispensable fuente de financiamiento, que el poder público no tiene, para controlar la devastación de la selva y garantizar a sus pobladores mejor condición de vida.
“Las contribuciones para este tipo de proyectos pueden estar aumentando si Brasil muestra compromisos transparentes con la deforestación”, opina el director de Campañas de la ONG internacional Greenpeace, Sergio Leitao.