Editorial
Colombia: descontento indígena y represión
En días recientes, Colombia ha asistido a la proliferación de manifestaciones de descontento por parte de pueblos indígenas, en un clima de creciente tensión e insatisfacción que se extiende por todo el territorio nacional. Los enfrentamientos suscitados entre los inconformes y las fuerzas públicas han dejado como resultado un civil muerto y un centenar de heridos. Los dirigentes de estas movilizaciones, articuladas en torno a la Minga Nacional Indígena de Resistencia, sostienen que el gobierno que encabeza Álvaro Uribe Vélez les ha “declarado la guerra”.
La inconformidad de los grupos autóctonos de la nación andina tiene origen en la desatención gubernamental a demandas relacionadas con la posesión de las tierras, el “respeto a los resguardos históricos”, el acceso a servicios de educación y salud dignos, y el “cese de la violencia contra las comunidades y sus líderes” que ha cobrado la vida, a decir de los consejos regionales, de 15 indígenas entre septiembre y octubre. A pesar de que esos grupos han solicitado diálogo al gobierno colombiano, éste se ha empeñado en descalificarlos: el miércoles, Uribe dijo que las manifestaciones de descontento son “manipuladas por personas que buscan sabotear el tratado de libre comercio con Estados Unidos”, e incluso ha afirmado tener pruebas de que en las protestas hay “infiltración terrorista de las FARC”.
Ciertamente, no resulta extraño que esta ofensiva contra los grupos autóctonos de Colombia provenga de un gobierno como el uribista, caracterizado por aplicar desde hace años una política de corte militar, por ser un violador sistemático de los derechos humanos –según organismos internacionales–, y por negarse de manera sistemática a negociar con los opositores.
Por desgracia, los actos represivos como el que se comenta forman parte de una inveterada y vergonzosa tradición de vejaciones y atropellos contra los pueblos indígenas, que se expande por todo el continente como parte de las inercias nefastas heredadas de la Conquista y la época colonial.
En años recientes, por añadidura, los pueblos originarios de América han sido víctimas de una embestida adicional: el designio de imponer en la región un modelo económico inhumano, excluyente, depredador y generador de profundas desigualdades sociales, que demanda, además, la supresión de las diversidades cultural y étnica propias de las naciones latinoamericanas. Al respecto, es pertinente hacer referencia a las declaraciones realizadas a este diario por el presidente boliviano Evo Morales, quien afirmó, en relación con la conjura oligárquica que enfrenta su gobierno, que la oposición de ese país quiere “regresar a la Colonia”, en el terreno político, y retornar al neoliberalismo en lo económico.
Lo que ocurre hoy en Colombia da cuenta del hartazgo de las poblaciones indígenas ante la embestida neoliberal en esa nación –cuyo gobierno es, cabe recordar, el principal aliado regional de Washington– y remite, de manera inevitable, a lo acontecido recientemente en Perú, donde varias protestas en la Amazona –tomas de estaciones petroleras y centrales hidroeléctricas; retención de policías y de embarcaciones de la empresa petrolera argentina Pluspetrol– derivaron en la derogación de dos decretos que promovían la inversión privada en territorios indígenas.
En el momento presente, cuando el libertinaje de mercado experimenta una debacle a causa de su propia voracidad, sería por lo menos una necedad del gobierno colombiano empecinarse en la aplicación de directrices económicas que no sólo han fallado en su pretendida función de generar riqueza para distribuirla en todos los estratos sociales, sino que constituyen, al día de hoy, un factor de descontento social. Álvaro Uribe debe entender que el empleo de la represión en el conflicto que se vive en Colombia podría traer consecuencias trágicas para la gobernabilidad en ese país.