■ Un muerto y más de 100 heridos provoca la represión a las protestas por reivindicaciones

Álvaro Uribe “nos declaró la guerra”, afirman indígenas de Colombia

■ La resistencia, conocida como Minga, se extiende por todo el país y pone en jaque a las autoridades

■ El ejército y la policía utilizan “armas no convencionales y bombas llenas de tornillos”, denuncian

Jorge Enrique Botero (Corresponsal)

Bogotá, 17 de octubre. La movilización de las comunidades indígenas de Colombia se extendió hoy por todo el país, cuyas principales carreteras quedaron paralizadas por las batallas campales que protagonizan miles de aborígenes contra batallones de la policía y del ejército.

Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) dijeron a La Jornada que los choques dejan un saldo de un indígena muerto y 89 heridos “la mayoría de ellos por impactos de bala”. Según el consejo, fuerzas combinadas del ejército y la policía colombianos han disparado ráfagas contra los manifestantes.

“También han usado armas no convencionales, bombas llenas de tornillos y puntillas que cuando estallan producen muchos heridos. Uribe nos declaró la guerra”, denunció Daniel Piñacué, uno de los líderes de la protesta.

Por su parte, el gobierno informó que al menos 20 uniformados han sido heridos en los enfrentamientos con los indígenas, cuyo epicentro es la vereda La María, en el suroccidental departamento del Cauca, donde se concentran al menos 20 mil manifestantes.

La Minga, como se denomina la movilización, completa hoy cinco días y amenaza con prolongarse ya que los líderes de la protesta exigen negociar sus demandas directamente con el presidente Álvaro Uribe, quien no sólo descartó dicha posibilidad, sino que aseguró tener pruebas de “infiltración terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)” en la movilización.

En la cultura indígena guambiana y paez, Minga significa unión, solidaridad, encuentro, trabajo comunitario, reciprocidad.

“En esta Minga participan unos 50 mil indígenas de 18 departamentos que le exigen al gobierno el cumplimiento de pactos sobre tierras, respeto a los resguardos históricos, acceso digno a la salud y a la educación y cese de la violencia contra las comunidades y sus líderes”, dijo a La Jornada Aída Quilqué, consejera del CRIC.

Los consejos regionales indígenas aseguran que sólo entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre de este año han sido asesinados 15 indígenas en diversas regiones del país, la mayoría de ellos por miembros de la fuerza pública en hechos asociados con tomas de tierras o protestas aborígenes.

Voceros oficiales, sin embargo, no sólo niegan las acusaciones sino que le restan legitimidad a las demandas. “Las protestas están manipuladas por quienes pretenden sabotear el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, aseguró Uribe el miércoles en discurso transmitido en radio y televisión.

El mandatario calificó de “terroristas” a los manifestantes y esgrimió de prueba el testimonio de un policía que habría perdido sus manos durante enfrentamientos con los indígenas el martes pasado.

Según la versión de los líderes indígenas, el ejército y la policía han infiltrado a decenas de sus efectivos entre los manifestantes. “Escogen a miembros de la fuerza pública con rasgos indígenas, los visten de civil y los infiltran en nuestras filas”, aseguró Daniel Piñacué, mientras enseñaba ante las cámaras de la televisión los morrales cargados de explosivos e instrumentos de guerra que les han decomisado a los infiltrados.

“La idea es que ellos dejen sus morrales escondidos para que después aparezcan como evidencias de que nosotros estamos utilizando armas”, explicó.

La táctica de infiltrar militares de origen indígena entre la Minga no sólo ha fracasado, sino que le ha costado caro a los soldados.

Los canales de televisión difundieron hoy imágenes del castigo que propinaron miles de manifestantes a los infiltrados, en la realización de un “juicio popular”: nueve latigazos en las piernas y una “limpieza purificadora” con agua de yerbas “para que nunca más vuelvan a ejercer la violencia contra su propio pueblo”. Igual suerte han corrido otros militares capturados por los indígenas.

Aunque el epicentro de las confrontaciones ha sido la Carretera Panamericana, una de las más transitadas del país, también se reportan acciones de protesta en puntos distantes de Colombia: en Chocó, emberas y katíos tomaron la sede de la Defensoría del Pueblo; en La Guajira, los wayuus caminan hacia la capital departamental, Riohacha; indígenas pijaos y nayas marchan hacia El Espinal, en el central departamento de Tolima, mientras que owas ocupan oficinas públicas en Boyacá.

Se calcula que la población indígena en Colombia está compuesta por unas 600 mil personas repartidas en 81 etnias, 60 por ciento de las cuales se concentra en las cumbres de la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. La Constitución Nacional reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, pero los aborígenes aseguran que dicho reconocimiento es “letra muerta”.

La principal reivindicación que levantan las comunidades indígenas es el derecho a sus territorios ancestrales, lo cual genera constantes tomas de latifundios ociosos y la respectiva confrontación con la fuerza pública.

Analistas políticos consideran que la explosiva situación en varios puntos de la geografía nacional es expresión inicial de conmociones sociales que se avecinan, fruto del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente Uribe, “que privilegia el gasto militar sobre el social, impulsa las privatizaciones y apoya megaproyectos agrícolas de palma africana en detrimento de la producción de alimentos”.

Según la senadora Piedad Córdoba, “las movilizaciones indígenas y populares están demostrando que la supuesta popularidad de Uribe no es más que un gran invento mediático… y el cuento de que detrás de toda protesta están las FARC tampoco le servirá más, pues dicho argumento riñe con la idea que ha vendido según las cual la guerrilla está liquidada”.

Paralelamente a la Minga indígena de resistencia tienen lugar paros de trabajadores de los ingenios azucareros y de empleados de varias instituciones públicas.

Miles de trabajadores de la rama judicial regresaron hoy a sus labores, pero se declararon en alerta tras un paro de 42 días que paralizó el sistema de justicia y sirvió de pretexto al gobierno para declarar el estado de conmoción interior, actualmente vigente.