■ Autoridades de Puebla descartan que zetas hayan retenido a los 21 centroamericanos
Intentan exculpar a policías acusados de secuestro
Rafael Lara Grajales, Pue., 13 de octubre. El ayuntamiento local salió en defensa de policías que habrían participado en el secuestro y tortura de 21 migrantes centroamericanos, a cuyos familiares, residentes en Estados Unidos, se pretendió extorsionar para que pagaran 3 mil 500 dólares por la libertad de cada uno de los indocumentados.
El secretario de Gobernación estatal, Mario Alberto Montero Serrano, dio a conocer que según las primeras investigaciones sobre el secuestro de migrantes y el zafarrancho ocurrido el domingo –cuando habitantes de Lara Grajales se solidarizaron con los indocumentados y quemaron dos patrullas y dos motocicletas de la policía municipal– los plagiarios no son integrantes de Los Zetas, como se manejó originalmente, sino traficantes de personas que operan en Puebla y estados vecinos.
Montero Serrano añadió que al menos cinco policías municipales de Lara Grajales se dieron a la fuga con los secuestradores, lo cual afianzaría la presunción de que unos y otros estaban coludidos para extorsionar a parientes de los centroamericanos. Además pidió a los alcaldes de la entidad hacer más eficientes las pruebas de ingreso y permanencia aplicadas a aspirantes y efectivos de cuerpos de seguridad pública.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió por su parte este lunes un comunicado en el cual informó que entregó a la Procuraduría General de la República a dos varones y a dos mujeres, quienes supuestamente son integrantes de la banda de polleros implicada en el secuestro de migrantes.
Asimismo, la PGJE informó que otras ocho personas –entre ellas dos menores de edad– fueron detenidas por los disturbios acontecidos la noche del domingo, cuando una turba apedreó la presidencia municipal e incendió dos patrullas y dos motocicletas policiacas en repudio a la presunta participación de uniformados en la privación ilegal de la libertad de los migrantes.
A su vez, el alcalde panista de Lara Grajales, Juan Torres Altamirano, se negó a dar declaraciones y convocó a una conferencia de prensa que se realizará el martes a las 10 horas.
Contra el mutismo del edil, la regidora de Salud, Juana Arias Morales, también militante de Acción Nacional, declaró en entrevista que los uniformados que secuestraron a migrantes no eran de Lara Grajales, sino del municipio vecino de Nopalucan.
Juana Arias incluso sostuvo que policías de Lara Grajales auxiliaron a los indocumentados dándoles comida y ropa luego que escaparon de la casa de seguridad donde estuvieron cautivos durante tres días, aunque otra versión asegura que los agentes se limitaron a videograbar con las cámaras de sus teléfonos móviles a las víctimas, y a los ciudadanos que brindaban a éstas alimento y ropa.