■ Por orden superior retiran elementos de la PFP que vigilaban zonas en conflicto de esa entidad
Resurge el enfrentamiento entre la Federación y el gobierno de Chihuahua
■ Reyes Baeza decidió el sábado pasado no investigar más los narcohomicidios y cederlos a la PGR
Chihuahua, Chih., 13 de octubre. Cuarenta y ocho horas después de que el gobernador José Reyes Baeza Terrazas anunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no investigará más los narcohomicidios, por “orden superior” fueron retirados elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) que habían sido enviados para vigilar el conflictivo Ejido Huizopa, así como otro grupo destacamentado en el poblado de Creel, informó el secretario general de Gobierno estatal, Sergio Granados.
A su vez, la titular de la PGJE, Patricia González Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo entregará a la Procuraduría General de la República (PGR) un primer paquete de 580 casos de homicidios ligados a acciones del crimen organizado, para que los investigue de acuerdo con su competencia.
Sergio Granados dijo que la administración estatal no está de acuerdo en que la PFP abandone las tareas de vigilancia que realizaba en esas dos zonas de la sierra Tarahumara, donde prevalecen conflictos que son competencia de la Federación; sin embargo, “sorpresivamente” se les informó del retiro de los agentes federales por una orden superior que los requiere en otra parte del territorio nacional.
Aseguró que el gobierno de Chihuahua solicitó el regreso de las fuerzas federales; sin embargo, hasta ahora no ha obtenido una respuesta positiva.
La salida de los elementos de la PFP del poblado de Creel, adonde llegaron a raíz de la masacre de 13 personas, perpetrada por sicarios al servicio del crimen organizado, tuvo lugar 48 horas después de las declaraciones del gobernador José Reyes Baeza, quien reprochó a la Federación, y en específico a la PGR, su falta de trabajo para investigar los más de mil 100 homicidios ocurridos en lo que va del año relacionados con los enfrentamientos entre bandas de criminales que se disputan el control del estado.
Baeza Terrazas anunció el sábado que tomó la decisión de ordenar a la PGJE no investigar más las narcoejecuciones y concretarse a coadyuvar en el levantamiento de evidencias y entregar los expedientes de los mismos al Ministerio Público Federal, como corresponde al ámbito de su competencia.
La reacción del mandatario fue a raíz del asesinato de 11 personas, el pasado jueves por la noche, en el Bar Río Rosas de la capital del estado, que se convirtió en un nuevo frente de ataques políticos de diputados locales y grupos ligados al Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la administración estatal y la PGJE.
González Rodríguez adelantó que entregará esta misma semana a la PGR 580 expedientes que corresponden homicidios cometidos por grupos de la delincuencia organizado para que la instancia federal se haga cargo de las investigaciones.
Precisó que todos estos casos son homicidios que tienen las características de estar ligados a la acción de los grupos de narcotraficantes, y que desde hace meses se ha pedido a la PGR la atracción de los mismos sin obtener respuesta.
Explicó que la dependencia seguirá atendiendo su función de coadyuvar en el levantamiento de evidencias y de apoyo a las autoridades federales con la información recabada, pero, por órdenes del gobernador, no realizará ninguna investigación.
Detalló que desde hace meses, cuando se inició el Operativo Conjunto Chihuahua, se acordó que llegaría un mayor número de agentes del Ministerio Público y peritos federales para asumir las indagatorias de las ejecuciones. Dichos elementos nunca llegaron.
La postura de las autoridades estatales generó el rechazo inmediato de los sectores políticos y sociales ligados al PAN, que acusaron al gobernador y al Ministerio Público estatal de hacer a un lado su responsabilidad de investigar los delitos.