■ Estarán dedicados a la fiscalía contra delincuencia organizada
Jueces de control emitirán vía web órdenes de aprehensión
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) optó por que sean seis los jueces federales denominados “de control” o “de garantías”, cuyas funciones exclusivas serán autorizar por Internet, teléfono o fax tanto órdenes de aprehensión como de cateo, arraigo, aseguramiento de bienes y de intervención de comunicaciones en casos vinculados con delincuencia organizada, revelaron fuentes de ese cuerpo judicial.
Originalmente se previó que fueran entre 10 o 12 jueces. El pasado 1º de junio, en entrevista con La Jornada, Luis María Aguilar Morales, uno de los siete miembros del CJF, informó que “serían 10 jueces dedicados las 24 horas a medidas cautelares”.
Sin embargo, tras haber analizado el tema durante más de tres meses, los consejeros de la judicatura consideran que seis jueces de control serán suficientes para atender la fiscalía dedicada al combate de la delincuencia organizada, perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).
Experiencia latinoamericana
La figura de “jueces de control” opera desde hace varios años en países como Colombia, Chile y Costa Rica, donde su función es mantener un nexo estrecho con las fiscalías.
La medida busca dotar de armas más eficaces y veloces tanto a la policía como al Ministerio Público, en especial cuando la detención de algún infractor o la integridad de una víctima estén en juego.
De acuerdo con las fuentes del CJF, el nombramiento de estos seis juzgadores será por seis meses. Al concluir, los relevarán otros de sus compañeros.
Se prevé que en noviembre próximo termine la selección de estos jueces, que serán escogidos con base en su experiencia en resolución de cateos y arraigos.
Estos juzgados especiales estarán ubicados en el Distrito Federal y sus titulares trabajarán 24 horas continuas por 48 de descanso.
Los restantes juzgadores penales distribuidos en los 30 circuitos jurisdiccionales en que se divide el país fungirán como jueces de “vinculación a proceso” y de “revisión de sentencias”, lo que supuestamente permitirá a los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) desahogar juicios y dictar sentencias de primera instancia en un tiempo aproximado de seis meses.
La figura de los “jueces de control” se incluyó en la Constitución en marzo pasado, como parte del paquete de reformas penales aprobado por el Congreso.
Una de las sugerencias que funcionarios del área jurídica de la PGR hicieron al CJF fue que al momento de definir las reglas de operatividad de estos jueces de garantías se cuidara el sigilo de los expedientes judiciales.
En la PGR existe la postura de que la filtración de información sobre averiguaciones previas y/o de causas penales, que llegan a manos de los grupos criminales, proviene fundamentalmente de los órganos jurisdiccionales del PJF.
Luis María Aguilar aseguró en junio pasado a este diario que con estos juzgados de control será más fácil evitar fugas de información, pues “las solicitudes de medidas cautelares se harán de manera electrónica, lo que permitirá al Ministerio Público comunicarse directamente con los jueces; así habrá certidumbre para saber en qué momento exacto se pidió la medida cautelar, y como la petición la recibe directamente el juez accediendo al sistema con su clave, se evitarán filtraciones”.