PROPUESTA DE GASTO 2009

Más fuerza pública y asistencialismo, menos infraestructura y fomento productivo

¿Balas o semillas? El recesivo proyecto de Presupuesto 2009 presentado por Calderón hace un mes cambió con el anuncio de una serie de medida contracíclicas, cuestionables por tardías y cortas, pero sobre todo porque urge un viraje económico estratégico y no planecitos anticrisis efectistas y plagiados. Sin embargo, la iniciativa de gasto, tal como se presentó inicialmente, balconea las prioridades de este gobierno: aumento de casi 50 por ciento en términos reales a la Secretaría de Seguridad Pública y reducción de 10 por ciento a la de Agricultura. Es decir, que según Calderón el éxito en la erradicación del narcotráfico, arraigado mayormente en el campo, depende de la capacidad de fuego del Estado y no del impulso al desarrollo rural: tanquetas en vez de tractores, balas por semillas.

Y es que el presidente se empeña en confundir un grave problema social y una emergencia de seguridad pública con un asunto de seguridad nacional. “En esta guerra (...) contra los enemigos de México no habrá tregua ni cuartel”, dijo el 12 de septiembre en la ceremonia de apertura de cursos del Colegio Militar. Así, el gabinete de seguridad devino Estado Mayor de la guerra contra el narco, los discursos de Calderón se han vuelto partes de guerra, el presidente se la vive rodeado de militares y la iniciativa de gasto público para el 2009 resultó un presupuesto bélico. Vivimos en un país militarizado, en un orden castrense.

FOTO: María Luisa Severiano / La Jornada

Pero México no está en guerra y el presidente abusa de la metáfora o de plano viola la Constitución. En los años 40s del siglo pasado estuvimos en guerra con las potencias del Eje, para lo cual fue necesario que Ávila Camacho enviara una iniciativa de ley a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión , que al ser aprobada por diputados y senadores le permitió emitir, el 7 de junio de 1942, un “bando solemne” declarando el “estado de guerra”. Esto, al tiempo que se impulsaba un “plan de movilización agrícola y ganadera” orientado a garantizar la autosuficiencia alimentaria amenazada por el conflicto bélico. Hoy tenemos guerra sin haberla declarado; sin embargo, aunque hay emergencia alimentaria global, en vez de proyectos de fomento nos enfrentamos a una posible reducción del presupuesto agropecuario.

Formalmente no tenemos una “guerra contra el narco” ni tampoco la necesitamos. En el ámbito de la seguridad pública lo que hace falta es atacar en serio las conexiones financieras del crimen organizado y sus redes de protección en los diferentes niveles de gobierno, empezando por erradicar las narcoinversiones en las campañas electorales, porque cuando les empiezan a pasar la factura a los funcionarios electos es demasiado tarde. Pero el problema de fondo es social. ¿Cómo aislar a los supuestos “enemigos de la patria”, cuando sabemos que cientos de miles de mexicanos están dispuestos a hacerse de la vista gorda ante la que en muchas regiones resulta la única actividad económica disponible? ¿Cómo “enfriarle el agua” (que decían los manuales castrenses antiguerrileros) al crimen organizado, cuando para muchísimos jóvenes la única puerta de acceso al “México triunfador”es la delincuencia?

Los 24 cuerpos sin vida encontrados en La Marquesa el 13 de septiembre eran casi todos varones de 20 a 30 años de edad que habían viajado a Huixquilucan en busca de mejores opciones, provenientes de regiones rurales pobres como la Huasteca hidalguense y Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz. “Parecen personas de pocos recursos y algunos tienen apariencia de ser campesinos”, dijeron los periodistas (Gustavo Castillo, “Investigan si los 24 ejecutados en Edomex eran narcomenudistas”, en La Jornada 14/9/08). Y en efecto se trataba de jornaleros agrícolas o albañiles. Muchachos a la intemperie que quizá –como dicen las filtraciones– se engancharon en el tráfico hormiga de enervantes, pero que no por ello eran “enemigos de México” y menos “traidores a la patria”.

Los jóvenes narcomenudistas o sicarios tienen cuentas pendientes con la justicia y la sociedad, pero también la sociedad les debe algo: opciones plausibles de vida honesta, por ejemplo. No digo que la pobreza explique el crimen organizado, sino que la marginación crea un clima social propicio a la delincuencia, menuda o corporativa, abasteciendo de entusiasta mano de obra a los empresarios del narconegocio.

Basta ya de que las nuevas generaciones rurales se sigan desangrando en confrontaciones de narcos contra narcos y narcos contra fuerza pública; carnicerías donde –en el papel de sicarios, soldados o policías– los jóvenes desahuciados por la fortuna son los que ponen el cuerpo. El país está harto de que los chavos sean carne de cañón en una masacre absurda. No más “guerra contra el narco, no más “masiosares” de ocasión para que Calderón se presente como adalid de la patria amenazada; lo que en verdad hace falta es una enérgica campaña de salvación nacional para recuperar a México de la debacle económica, política, social y moral en que lo han sumido los gobiernos recientes.

¿Asistencialismo clientelar o fomento productivo? La iniciativa presupuestal de Calderón reduce el gasto en infraestructura (casi 20 por ciento menos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y en fomento agropecuario (10 por ciento menos a la Secretaría de Agricultura), mientras que incrementa los recursos de carácter asistencial (cerca de 26 por ciento más a la Secretaría de Desarrollo Social).

En un año electoral en que se renovará la Cámara baja, el presidente quiere engordar la bolsa que más se presta para el uso clientelar al tiempo que adelgaza las erogaciones productivas. Y en este sesgo sigue la tendencia histórica de los gobiernos panistas, pues desde 2000 el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) ha crecido en siete por ciento real anual, pero mientras los programas productivos sólo se expandieron a una media de 3.1 por ciento, Oportunidades se incrementó en 22.7 por ciento por año.

No está mal que crezca el gasto social, pero en un país sin opciones de empleo la pobreza sólo se combate de fondo con producción. Y el gasto en fomento agropecuario, además de ser insuficiente, está mal dirigido pues el programa que más creció en los siete años pasados fue el de Alianza para el Campo, que es el más regresivo: 70 por ciento de sus recursos va al 20 por ciento más rico de los beneficiarios mientras que al 40 por ciento más pobre llega sólo el diez por ciento.

También Procampo es un programa que debiendo ser redistributivo en realidad apoya más a los ricos y menos a los pobres, pues 50 por ciento de los agricultores, minifundistas con menos de dos hectáreas, obtiene 13 por ciento de las transferencias, mientras que el 3.8 por ciento, productores con más de 18 hectáreas cada uno, recibe 33 por ciento de las transferencias.

El gasto social, y en particular Oportunidades, tiene un carácter progresivo, pues 55 por ciento de los apoyos llega al 40 por ciento más pobre. Pero esto no significa que sea benéfico, pues los alrededor de 35 mil millones de pesos que reciben más de cinco millones de familias rurales no desarrollan capacidad productiva y sí una creciente dependencia del subsidio. En las regiones marginadas no hay trabajo remunerador ni el programa lo crea, de modo que cuando los hijos crecen y la familia deja de recibir dinero fiscal, la única opción es que los jóvenes migren y empiecen a enviar remesas. De este modo, los “afortunados” que tuvieron Oportunidades pasan de depender de las transferencias públicas a depender de las transferencias privadas,.

Más dinero para comprar alimentos, menos dinero para producirlos. El sesgo asistencial de la iniciativa de Presupuesto de Egresos ratifica la errónea política con que hace unos meses el gobierno quiso enfrentarse la carestía. Y es que el incremento de 535 a 655 pesos en el apoyo de Oportunidades para 5.3 millones de hogares, representaba apenas un 0.6 por ciento de incremento en el componente alimentario del subsidio, mientras que el encarecimiento de la canasta básica fue de cerca de 40 por ciento. Dado que todas las previsiones hablan de un largo período de precios crecientes de los alimentos, es claro que la transferencia necesaria para que los pobres rurales puedan pagar la diferencia es absolutamente inalcanzable. En cambio con erogaciones mucho menores en instrumentos de fomento como el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), se podría lograr que las familias rurales aumentaran su producción de autoconsumo y su ingreso en especie, reduciendo el 36 por ciento del ingreso monetario que es lo que en promedio emplean hoy en comprar alimentos.

La cereza del pastel de la iniciativa presupuestal para 2009 es la asignación de mil 723 millones de pesos para Comunicación Social, es decir para la promoción mediática del presidente, casi 300 millones más de lo que se gastó en 2007 y cerca del triple de lo que se invirtió en imagen durante el último año de la administración de Fox.

Armando Bartra