Ley de Egresos 2009

¿Vivir Mejor?

Uriel Vargas G.

El gobierno federal no hace mucho esfuerzo por cuidar la economía de los mexicanos ni su alimentación. Implícito está que tampoco apoya el desarrollo del campo ni la producción de alimentos, y muestra de ello es el sinfín de spots que difunde, en especial de las estrategias “Vivir mejor” y “Acciones en apoyo a la economía familiar”, que exponen una de las dos caras del gobierno federal, la asistencialista, paternalista y mediática. La otra cara se muestra cuando observamos la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 que envió al Congreso de la Unión , omisa de las demandas del campo, manipuladora de cifras, demagoga y electorera.

Estancamiento de Procampo. Entre las acciones que anunciaba Felipe Calderón en “Apoyo a la economía familiar” se encontraban “el impulso a la producción de alimentos y aumento de la productividad del campo”. Pero en su propuesta de PEF 2009 vemos una reducción de tres mil 200 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura. En detalle, programas como Adquisición de Activos Productivos (Alianza Contigo) y Atención a Problemas Estructurales sufren una reducción de dos mil 880 millones y dos mil 700 millones de pesos (mdp), respectivamente; Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural dejaría de recibir 660 mdp y otros programas como Apoyos Directos al Campo (Procampo) y el de Atención a Contingencias Climatológicas (Fapracc) no aumentarían para el siguiente ejercicio.

En la Secretaría de Desarrollo Social la “estrategia” parece ir en otro sentido pues, en comparación con lo aprobado en 2008, la dependencia tiene una propuesta de incremento mayor a 25 por ciento; en 2008 se le aprobaron poco más de 50 mil mdp y paral 2009 se proponen cerca de 67 mil mdp. El incremento resulta perverso, pues hay reducciones a programas como Empleo Temporal (de 18 por ciento), Opciones Productivas (de 32) y Vivienda Rural (de 39 por ciento). Peor aún: para el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa fueron aprobados el año pasado mil 941.5 mdp, y para el próximo la propuesta del Ejecutivo sólo contempla mil 591.5 mdp, esto es, un recorte de 22 por ciento. Caso similar al del Programa de Abasto Rural de Diconsa, que recibiría 4.2 mdp menos para el 2009.

Como parte de las “estrategias” de Calderón estaban las “medidas orientadas a facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado, así como apoyar a las familias más pobres que habitan en las zonas de alta y muy alta marginación”, lo que difícilmente podrá lograrse con tales reducciones.

Coincidencias políticas. Lo más que se le pudo ocurrir al Ejecutivo y muy en particular a los responsables del desarrollo social fue incrementar en 42 por ciento, es decir, en ocho mil mdp, su principal programa asistencial; Oportunidades, que pasaría de 16 mil 430 millones a 24 mil 460 millones de pesos. Pequeñas variaciones en el destino de los recursos justo para un año de elecciones federales.

A la propuesta del Ejecutivo le faltó considerar que 6.5 millones de personas en situación de pobreza alimentaria no viven en las zonas de alta y muy alta marginación, sino en las áreas urbanas; que el componente alimentario de Oportunidades sólo llega a 655 pesos ya aplicando la estrategia “Vivir mejor”, es decir, sólo 21 pesos al día para comer por familia; que en las tiendas comerciales el litro de leche cuesta 11 pesos y el de aceite de cocina 30, el kilo de huevo casi 20 y el de tortilla cerca de 10 pesos, así como el kilo de pollo 35, el arroz 20 y el frijol 28. Olvidó el equipo de Calderón que el campo necesita invertir en investigación, tecnología de riego, maquinaria, tractores, apoyo para la compra de semillas, fertilizantes y demás insumos. Peor aún: Felipe Calderón olvidó que para el desarrollo de México es necesario impulsar el desarrollo del campo y para que la gente pueda “vivir mejor” siempre será necesario que disponga de comida.

El Barzón

EL CAMPO, UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

José Narro Céspedes

En la campaña presidencial pasada, el entonces candidato del Partido Acción Nacional aseguró en una entrevista televisiva que la contienda electoral planteaba dos caminos: “yo veo un reto en esta elección, vamos a escoger entre estabilidad económica (...) y crisis económica (…)”.

Parece que la ruta elegida fue la crisis económica. El objetivo prioritario de Calderón no es el bienestar social, sino las supuestas reformas “estratégicas”, que se reducen a entregar los recursos estratégicos al capital español.

México se hunde junto con su campo. En un nuevo intento por acabar con los pequeños productores rurales, el gobierno de Calderón pretende cambiar las reglas del Programa de Apoyos Directos (Procampo), soporte de millones de campesinos en el país. Prevé recortar entre 20 y 25 por ciento los apoyos.

Con esto, la descapitalización del campo se profundizaría, pues hasta hoy los productores con más de 30 hectáreas reciben 963 pesos por productor, monto que la propuesta reduce a 463 pesos, lo cual, de proceder, provocaría, por ejemplo, que dejaran de llegar alrededor de 126 millones de pesos al estado de Zacatecas.

Defender al campo, asegurar la autosuficiencia alimentaria, detener la escalada de precios y parar la agresión a la economía familiar, es un asunto de seguridad nacional.

Si a los torpes o malintencionados planes para el campo le sumamos el incremento semanal en el precio de los combustibles, corroboramos que a este gobierno no le preocupan las clases más vulnerables.

La destrucción del campo hundiría aún más a la economía nacional, al profundizar la crisis alimentaria, acelerar la caída del poder adquisitivo, elevar las tasas de interés y aumentar la dependencia del extranjero, y al hacer todavía más pobres a los 45 millones de mexicanos que viven hoy en extrema pobreza. No les dejaría más camino que la migración al Norte.

La defensa del campo es vital. Por ello es indispensable buscar un consenso con diputados progresistas para incrementar sustancialmente el presupuesto destinado al campo mexicano, además de la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la rectificación de las reglas de operación de los programas agrarios. De otro modo, el ciclo revolucionario 1810 y 1910 detonará sin duda en 2010. Si no, al tiempo…

Dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala

POR LA REORIENTACIÓN DEL GASTO RURAL ILUSTRACIÓN: Diego Rivera Federico Ovalle Vaquera y Emilio López Gámez En el libro Presupuesto rural , publicado en 2002 por la Universidad Autónoma Chapingo, planteamos que los recursos públicos destinados al campo se han concentrado en los productores más poderosos, y que montos menores a los que se aplican podrían cubrir las propuestas para el desarrollo productivo integral y sustentable de las agriculturas de pequeña y mediana escala. Ahora reiteramos la idea pero queremos también señalar el manejo político del presupuesto. Desde que Eduardo Sojo afirmó que en 2004 se invirtieron los mayores recursos de la historia en el medio rural, irresponsablemente se ha repetido la idea año con año, pero la realidad es otra: en una de las etapas más fuertes del ajuste estructural, en 1982, los gastos del sector público representaron 45 por ciento del PIB, mientras que al inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dos años después de la reforma al artículo 27 constitucional (1994) el porcentaje fue sólo 26. Del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, lo destinado a gasto productivo bajó en 68 por ciento, de 94 mil millones de pesos a 56 mil millones entre 1980 y 2008, con precios de 2007, y la caída se mantiene en 2009, considerando el proyecto del Ejecutivo para el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC). La Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC) propone que el PEC se modifique tanto en monto como en orientación. Debería incluir más recursos para bienes públicos de fomento productivo, pues de todo el PEC tan sólo 15.7 por ciento se destina a este propósito. Manipulación del PEC. Por sus antecedentes, su estructura, su ubicación en el marco jurídico (Ley de Presupuesto) y por la distribución de los recursos con sesgo para algunas regiones y productores, el PEC está muy lejos de ser un instrumento para el desarrollo y cumplir los objetivos estratégicos definidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). Es un mecanismo donde se expresan opiniones y preferencias de grupos de interés; así, el PEC no es sólo un conjunto de programas, sino un estilo de gobernar; de ejercer el poder, de preservarlo y reproducirlo. Sus contenidos y reglas van alineados en ese sentido. La reorientación se justifica aún más si observamos que la naturaleza del PEC no permite una integración real de los apoyos; su efecto en la mayoría de productores (los ejidatarios, los pobres, los del autoconsumo, las familias rurales, las comunidades) asentados en la mayor parte de la superficie rural, es reducido, inexistente o desigual. Los datos son elocuentes: 41 por ciento de los productores han recibido sólo un apoyo del PEC, y únicamente 1.1 por ciento han llegado a acceder a cuatro apoyos simultáneos. Casi todos los programas que llegan a las unidades de producción son de apoyo al ingreso, se van al consumo, no tienen relación con los aspectos productivos. No capitalizan al medio. Un cuarto de siglo le tomó al neoliberalismo transformar al gasto rural en un instrumento que en lo general nulifica los alcances del gasto. Los resultados están a la vista. Concentración en pocos. Es urgente reorientar el gasto, abrir el acceso a recursos a la gran mayoría excluida, y erradicar la concentración del presupuesto en productores de un alto nivel de capitalización, ya que por ejemplo el Progan (Programa Ganadero) otorga apoyos al 12 por ciento de las unidades de producción bovina; en Ingreso Objetivo, los apoyos van a sólo 6.1 por ciento de los productores medios comerciales. Además debe permitirse que los actores rurales induzcan cambios por ejemplo en aportaciones federales para entidades federativas y municipios (Ramo 33), que se incluyen en el PEC pero que no son un programa como tal y su ejercicio en realidad corresponde a otro tipo de funciones de una política de Estado. Los análisis del corporativismo en ese sentido son relevantes en tanto se busque entender los mecanismos de reproducción del sistema, tanto en la estructura productiva y de mercados como del sistema político, por ejemplo el surgimiento inusitado en el sexenio anterior de despachos, fundaciones, consultoras, uniones, etcétera, que se consolidaron en el actual. Éstos en conjunto acceden a la mayor cantidad de los recursos concebidos para impulsar a las organizaciones (los del Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural, Prosap), por encima de las organizaciones campesinas. Pero el Prosap representa sólo 0.13 por ciento del PEC. Igual deberíamos estar interesados en el análisis y en la transparencia del otro 99.87 por ciento. En el conjunto está la clave de la dinámica del modelo. Apuntes sobre el corporativismo. En el caso de los actores y el PEC, es importante observar que la estrategia gubernamental ha tenido varias etapas (de principios de la década hasta hoy) desde a) atacar a las organizaciones campesinas, (sobre todo las que se han opuesto a las reformas neoliberales), b) impulsar la formación de nuevos organismos, hasta c) persuadir a otras a que se le integren. De donde resulta relevante analizar el surgimiento de las nuevas organizaciones rurales, sus voceros, y analistas que coinciden con las estrategias gubernamentales. En el contexto, el proceso ha ido acompañado de cuestionamientos, que vienen, al parecer, de otras latitudes, haciendo abstracción de las organizaciones que han mantenido propuestas distintas al modelo rural local y la globalización y a las políticas rurales (que han incluido la presentación de iniciativas para erradicar las prácticas corporativas). De cuestionamientos, como el asunto de inventarles “filiales”. Comentarios que dan la impresión de que el gasto rural tiene un uso perverso, no porque los dineros del campo van a dar a las grandes trasnacionales, grandes comercializadores, a los grupos más poderosos agroindustriales y a otros, los que se llevan y apropian, de más de 80 por ciento de los recursos, y definen el rumbo del desarrollo, sino porque algunos recursos los alcanzan las organizaciones, que es relevante decirlo, lo logran (no todas) a veces y a veces no, después de procedimientos tortuosos que marca la ley, de superar las montañas de requisitos, de movilizaciones (ante los privilegios y la discrecionalidad) de superar las reglas de operación (situación que por supuesto no enfrentan algunos privilegiados). Cuestionamientos que hacen abstracción de la trayectoria de algunas organizaciones, al incluirlas con los grupos de organizaciones que, corporativizadas antaño, han mutado su perfil partidista, que al sumarse con los organismos recientemente creados, en tanto que éstos “acceden” a los recursos, aquéllas logran mantenerlos e incrementarlos. Y finalmente haciendo aparecer que los recursos que (todas las organizaciones) logran puedan provenir de la preferencia partidista, y no de la capacidad y estructura creada durante décadas y gestión de las organizaciones. CIOAC

Experiencias decepcionantes con la Sagarpa

• Necesario, dar real autonomía al Sistema Producto

Fernando Celis Callejas

FOTO: Luis Olivares / Greenpeace

En los años recientes el presupuesto público aprobado por los diputados ha incluido un monto específico para el café, en buena medida gracias a las gestiones del Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (CNOPC) junto con la Comisión Especial del Café de la propia Cámara baja.

El CNOPC defiende montos específicos etiquetados a cada programa, pues éstos no son arbitrarios, sino resultado de una evaluación entre los representantes de la rama productiva.

De 2004 a 2006 se definieron presupuestos para el café etiquetados en diversos programas; en 2007 y 2008 aparecieron sólo dos conceptos. En 2008 fueron: Infraestructura Agroindustrial e Inducción al Financiamiento, con 300 millones de pesos, y Otros para Café, mil 200 millones.

En enero, el Comité de Programas y Presupuesto del Sistema Producto Café (SPC) acordó cómo aplicar los recursos y determinó diez programas: ocho que ya se habían manejado en los años anteriores más Renovación de Cafetales e Inducción y Desarrollo de Financiamiento.

Los productores aspiraban así que este año Renovación de Cafetales, cuyo objetivo es aumentar la productividad, representara junto con el programa de Fomento Productivo cerca de 60 por ciento del total del recurso asignado al café.

Cabe señalar que este año Fomento Productivo apoyaría, con cuotas diferenciadas por hectárea, a cerca de 290 mil productores, esto es, 60 por ciento del total de 490 mil existentes en el país, de acuerdo con el actual Padrón Cafetalero, aunque debe aclararse que muchos productores incluyeron a dos miembros de una misma familia en el padrón.

Recursos escatimados. En línea con su tendencia a subejercer, para septiembre de 2008 la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) había definido aplicar sólo mil 226 millones 300 mil pesos para el café, o sea 83 por ciento del total aprobado. El CNOPC insiste en que se opere el presupuesto completo.

Las mayores dificultades ocurren en Renovación de Cafetales. En enero el Comité de Programas elaboró lineamientos específicos; sin embargo, la Sagarpa incluyó este programa en Activos Productivos, y por tanto lo federalizó. La Secretaría consideró inicialmente 170 millones de pesos, pero en los estados, que tienen que hacer una aportación complementaria e igual, sólo programaron 57 millones 550 mil. Así que al final la Sagarpa operará sólo 16 por ciento de los 370 millones aprobados por los diputados.

Tanto el gobierno federal como de los estados se culpan del freno a este programa; el CNOPC solicitó reiteradamente que se le sacara de Activos Productivos y se manejara en otro componente de la reglas de operación de la Sagarpa , pero la dependencia no aceptó.

Algunos aspectos que destacan en la operación del presupuesto para el café en 2008 son:

1. Las nuevas reglas de operación de la Sagarpa no se consensuaron con las organizaciones de productores y han generado mayores problemas en la aplicación de los programas.

2. Hay una menor coordinación y acuerdos entre la Sagarpa y el SPC para definir montos y lineamientos de los programas. Se concentran más las decisiones en el Comité Técnico Nacional (Coten) que preside el secretario de Agricultura y que tiene que aprobar cada programa. Esto es absurdo en el caso del café, pues hay cuestiones muy específicas, que es difícil que conozca adecuadamente el secretario.

3. La SAGARPA asigna más recursos a Sanidad Vegetal (Combate a la Broca ) pese a las criticas de los productores de que no se han utilizado con eficiencia.

4. No se ha definido un monto para los proyectos de capacitación de la organizaciones nacionales de productores de café. Se observa un bloqueo de la Sagarpa a considerar estos proyectos, a pesar de que se han manejado en años anteriores.

5. En Cobertura de Precios, Aserca ha permitido que grandes empresas compradoras de café accedan a los subsidios públicos con datos de productores y poniendo el monto que le corresponde aportar al productor.

En 2008 se han presentado mayores diferencias entre la Sagarpa y los productores sobre el ejercicio del presupuesto para café. Se critica a la Secretaría de que no está cumpliendo cabalmente con los compromisos que se hicieron en la formación del SPC.

Observaciones: (A) Aprobado en el Comité de Programas del Sistema Producto Café. En el Presupuesto Público 2008, se incluyeron mil 500 millones de pesos para café en dos conceptos. (B) Lo que ha considerado ejercer la Sagarpa a fi nes de septiembre (C) Propuesta del Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café que presentará en la Cámara de Diputados.

Buscan más para 2009. Para el 2009, nuevamente el Consejo de Organizaciones presenta una propuesta de presupuesto que implica un aumento de 10 por ciento real respecto a 2008, y se plantea que 63 por ciento sea para mejorar la producción tanto en las labores anuales como en Renovación de Cafetales.

Se da prioridad con un aumento significativo a Fomento Productivo, considerando que sea un mecanismo parcialmente compensatorio al ingreso de los productores que ha sido afectado por la sobrevaluación del peso.

No se conoce la propuesta para café que presenta la Sagarpa ; el Consejo asistirá a la Cámara de Diputados y lo más seguro es que se apruebe buena parte de su propuesta, pero nuevamente en el 2009 se perfila una negociación accidentada con la Sagarpa : un cuento de nunca acabar.

Algunas cuestiones centrales para un mejor uso del presupuesto de café de 2009 son:

1. Deben modificarse las reglas de operación de la Sagarpa y que se permita manejar el presupuesto para café como un proyecto integral con lineamientos específicos por programa. El manejo debe ser a partir de una estrategia con objetivos y metas claras de la rama cafetalera.

2. Es necesario eliminar la figura del Coten y que se establezca una relación de mayor coordinación entre la Sagarpa y sus áreas con el SPC y su figura jurídica, la AMECAFÉ. Debe respetarse la autonomía de estas instancias.

3. Es importante que la Sagarpa y el gobierno federal reconozcan el efecto negativo de la fuerte sobrevaluación del peso en los precios internos del café. Por ello es necesario que se aumente el monto por hectárea para Fomento Productivo.

4. Los productores deben hacer un esfuerzo y mejorar la productividad y la calidad de su café, así como aumentar su comercialización vendiendo directamente en mercados de mayores precios como los de Alta Calidad, Origen, Orgánicos Comercio Justo. Deben demostrar que hacen un buen uso de los subsidios.

Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) y miembro del CNOPC

Forestal

Indispensable, enfocar recursos a la gestión de los bosques

Iván Zúñiga

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 propone desde el Ejecutivo una asignación para la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de cinco mil 403 millones de pesos, que implicaría un incremento de 2.4 por ciento respecto a 2008, sin descontar la inflación.

Que se prevean más recursos para el sector forestal a pesar del recorte generalizado es importante; sin embargo, contar en los años recientes con mayores presupuestos para el sector no ha implicado hasta ahora su desarrollo productivo, mejores condiciones económicas para las comunidades propietarias de bosques, ni una menor tasa de deforestación.

El rápido crecimiento del presupuesto forestal a partir de la creación de la Conafor en 2001 no ha podido reactivar un sector que sufre de baja competitividad, complicada y lenta tramitología por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, una política pro importadora y, en los años recientes, el debilitamiento de las organizaciones de productores. De ahí que, a pesar de los miles de millones presupuestados para 2007 y 2008, la producción maderable siga en niveles mínimos históricos y se profundice el déficit de la balanza comercial forestal.

Si bien la problemática que enfrentan los bosques del país es multifactorial y corresponde a una tendencia que al menos suma ocho años, todo indica que la política gubernamental actual está contribuyendo de manera pobre a solucionar lo estructural, ya que ha puesto un enorme énfasis en “reducir la pérdida de la superficie forestal, incrementar la superficie forestal restaurada y proteger la capacidad de los ecosistemas forestales para proporcionar bienes y servicios ambientales” (Conafor, Programa Institucional 2007-2012), por encima de la reactivación económica del sector y la mejora de las condiciones de los productores.

Diagnósticos erróneos. Si consideramos que, según el Instituto Nacional de Ecología, 82 por ciento de la deforestación se debe al cambio de uso de suelo para la agricultura y ganadería porque los propietarios no pueden vivir de la producción forestal (maderable y no maderable), a todas luces parece que la política gubernamental está confundiendo los síntomas (la deforestación) con los problemas estructurales (baja competitividad contra importaciones, tecnología obsoleta, excesiva tramitología para obtener permisos de aprovechamiento…). Mientras las condiciones de los dueños de los bosques no mejoren para producir y comercializar materias primas forestales o productos con valor agregado, los bosques y sus habitantes continuarán un inexorable proceso de degradación.

En este sentido, el proyecto de presupuesto 2009 para la Conafor continúa la misma política de los años anteriores al destinar mil 753 millones de pesos a actividades de reforestación (32.5 por ciento del total) contra los 936 millones que destina al manejo y producción forestal en bosques naturales (18.5) o los 844 millones que asigna a plantaciones comerciales (15.6 por ciento).

A pesar de esto, para el próximo año parece haber un primer cambio sustancial hacia el fortalecimiento del manejo comunitario sustentable de los bosques, como estrategia para incrementar la producción maderable nacional y reducir el déficit comercial con la creación de un Programa de Gestión Forestal que contaría con 186 millones de pesos.

Sin embargo, aún preocupa que toda la atención se vaya a las zonas de alto potencial maderero y se descuide el objetivo de impulsar el manejo planificado de terrenos forestales con selvas bajas, bosques fragmentados, manglares y semidesiertos, donde es urgente desarrollar acciones que logren valorizar los otros productos y servicios.

Necesario apoyar el manejo sustentable. Si el presupuesto a partir del 2009 enfocase más recursos en los millones de hectáreas propiedad de las comunidades y ejidos para incorporar realmente nuevas áreas al manejo forestal planificado, se estaría dando un paso clave para cambiar la dinámica de degradación de los ecosistemas forestales y cumplir incluso con los objetivos propuestos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), que estableció la necesidad de “ampliar la superficie bajo Manejo Forestal Sustentable en alrededor de 2.6 millones de hectáreas al año”.

Hasta ahora, los presupuestos gubernamentales al sector forestal han tenido un enorme énfasis en los temas de las plantaciones comerciales, reforestación, viveros, incendios y renovación de autorizaciones de aprovechamiento maderero, dejando de lado el objetivo referente a aumentar la superficie bajo manejo. La gran importancia de esta situación seguramente será considerada por el Congreso en su revisión del proyecto de presupuesto para, posiblemente, solicitar adecuaciones que den un mayor equilibrio al gasto y garantizar el cumplimiento de los distintos objetivos del sector forestal.

Un análisis más detallado del presupuesto forestal para el 2009 puede ser revisado en el sitio: http://www.ccmss.org.mx/modulos/analisis_tematico.php

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)

Ganadería Pérdidas por alto costo de granos FOTO: Lourdes E. Rudiño Para el subsector pecuario, la crianza animal y la producción de carne y leche se volvieron muy vulnerables debido al encarecimiento de los insumos –con maíz que desde marzo de este año resulta cien por ciento más caro que en 2006— y a la inviabilidad de repercutir esto totalmente en los precios al consumidor final. Por ello, dicen, el Congreso debe ajustar al alza el presupuesto federal que se les destinará en 2009, pero además debe redefinirlo, de tal forma que sea más integral, puesto en un solo cajón, y que prevea impulso a la productividad y garantía de competitividad. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Oswaldo Cházaro Montalvo, señaló que los recursos para la actividad pecuaria considerados en la iniciativa del Ejecutivo se redujeron, “y eso nos preocupa mucho pues el escenario de precios se volteó desde el año antepasado. Antes los agricultores vivían una situación difícil por los precios internacionales bajos de los granos; ahora los pecuarios tenemos dificultades serias y somos los que más requerimos un programa de apoyos y presupuesto apropiado”. Todos los sistema productivos (lecheros, porcicultores, productores de bovinos) han caído en crisis gradualmente, y “no quisiéramos caer en un escenario de pérdida de producción e importaciones indiscriminadas más allá de las que ya ocurren (...) Creemos que existe capacidad para tener abasto garantizado al consumo nacional, pero debe haber programas bien orientados que fortalezcan los sistemas producto”. Recursos diluidos . En la iniciativa del Ejecutivo los rubros que pueden identificarse con efecto sobre el subsector pecuario muestran reducción respecto de2008. Por ejemplo, en Alianza para el Campo –que en términos generales baja de 14 mil 330 millones de pesos a 6 mil 321 millones a precios de 2009–, muestra una baja de 48.6 por ciento para el renglón específico de ganadería al ubicarlo en mil 371 millones de pesos. El programa para la adquisición de activos productivos (agrícolas y pecuarios) baja en 29 por ciento a 12 mil 81 millones de pesos. En cuanto al Programa Ganadero (Progan), enfocado a la preservación ambiental del entorno productivo, baja en 4.6 por ciento a 4 mil 200 millones de pesos. Según Cházaro Montalvo, este instrumento se fortaleció en recursos en 2008, pero se diversificó; atendía sólo producción de bovinos y ahora también a ovinos, abejas y otros, “y aunque el dinero es más, se reparte más y ahora el apoyo por cabeza de bovinos se redujo. Sentimos que debe ser corregido, además de que se oriente a estimular la productividad y no sólo busque conservar los recursos naturales”. El dirigente de la CNOG precisa que no hay claridad de cuánto realmente asigna el presupuesto a la producción pecuaria, porque los recursos “se encuentran diluidos en una diversidad de programas agropecuarios, y no tenemos ubicado lo que sirve para la ganadería. Por ejemplo, en el programa de adquisición de activos productivos, algo sirve para nuestro subsector pero no sabemos cuánto, y lo mismo pasa en el apoyo a sanidad”. Pérdida de rentabilidad. En los planteamientos de la CNOG para el presupuesto 2009 está que se coloque en un solo cajón lo relativo a apoyo pecuario, que haya claridad y que la orientación sea dar viabilidad a la actividad, con planes estratégicos de largo plazo y “que nos garanticen competitividad en el futuro”. Oswaldo Cházaro comentó que el encarecimiento de costos para los pecuarios en los dos años recientes ha sido de 25 por ciento o más, y no ha sido posible trasladar eso a los mercados finales, “pues no resistirían un incremento de esa naturaleza”. Así, los productores están absorbiendo pérdidas. De acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEC), los costos de producción en corral de engorda pasaron de 17.34 pesos por kilo en agosto de 2006 (cuando el maíz se cotizaba en mil 600 pesos por tonelada) a 22.35 en julio de 2008 (con el maíz a 3 mil 510 pesos). El encarecimiento fue de 29 por ciento. Así, el precio que hoy se recibe por la canal, de 32 pesos el kilo está debajo del precio de equilibrio de 35.58 y ello está generando pérdidas constantes para los engordadores. En agosto de 2006 el precio de equilibrio era de 29.49 pesos por kilo, y el precio comercial de 29, con lo cual había utilidades positivas (LER).

Estrategia legislativa

• Sacarle la vuelta a la burocracia de Sagarpa

Más que mayores recursos para el campo, los diputados prevén ajustes en el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) 2009 que permitan una ejecución más eficiente y oportuna, y una de las estrategias será “saltar” o evadir al aparato central de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), donde “el cuerpo directivo es de muy bajo perfil, ignorante, sin visión del escenario nacional y se confronta fácilmente (con la sociedad), incluido aquí secretario Alberto Cárdenas”.

El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Héctor Padilla, afirmó que legisladores de las comisiones relacionadas con el medio rural exploran la forma de que responsabilidades de la Sagarpa se puedan ejercer “por otras instituciones más comprometidas, por ejemplo la Secretaría de la Reforma Agraria o entes financieros”, e incluso asignarían recursos del presupuesto directamente a instancias descentralizadas de la Sagarpa , como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Que los recursos les lleguen directamente, en lugar de que haya una gran bolsa centralizada que genera inmovilidad y que debe pasar por un comité técnico (de la Sagarpa ), el cual además es supralegal, pues lo crearon al margen de cualquier marco jurídico”, señaló Padilla.

Del total de la iniciativa del Ejecutivo para el PEC 2009, de 214 mil 492.4 millones de pesos, el mayor monto corresponde a la Secretaría de Agricultura, 61 mil 214.2 millones.

Informes equívocos. Según el cenecista-priísta Héctor Padilla, la Sagarpa es “excepcionalmente incapaz de articular su acción con los sectores productivos”, y los recursos llegan fuera de tiempo. En el caso de Alianza Contigo, la dependencia “nos dibujó un escenario de fantasía; informó que el avance de ejercicio al cierre de agosto era de 97 por ciento. La realidad es que ese avance, de 7 mil 200 millones de pesos, era de los recursos depositados en los fideicomisos estatales, pero en realidad lo ejercido (en manos de los productores) era de 580 millones de pesos”.

Mucho del dinero que no ha llegado a los productores corresponde al ciclo primavera/verano, “y ahorita ya está en elote, en el caso del maíz; la lana va a llegar cuando estemos cosechando o después, y por supuesto no servirá para el fomento productivo, incluso no será siquiera asistencialista; terminará siendo un recurso intrascendente. Hay ciertos productores, como los graneros que, con precios internacionales altos y presupuestos altos, deberían estar en jauja, pero no es así, están insatisfechos por el desfase impresionante del presupuesto. Esta situación tenemos que recomponerla entre todos”.

Plan conjunto. Los legisladores rurales están trabajando junto con un bloque de agrupaciones campesinas “reconstruir” el PEC 2009; ofrecer un plan alternativo al del Ejecutivo. Un reto será fomentar la producción nacional de granos, dijo el entrevistado.

“El plan del Ejecutivo reduce considerablemente los recursos en rubros relacionados con la producción de granos, cuando tenemos en el país una crisis en estos cultivos que nos rebota a otras ramas y hacia la sociedad con precios altos de los alimentos (...) todos los diagnósticos dicen que la insuficiente oferta mundial de granos y su carestía durará un buen número de años. No hay inventarios para dar certidumbre de que podremos adquirirlos de alguna parte del mundo. Tenemos que producirlos en México y si es así, tenemos que ponerle velocidad al incremento de la productividad, articulación de cadenas; para eso los instrumentos del Estado son indispensables”.

Reconoció que las prácticas clientelares y corporativas en que están insertas organizaciones campesinas y agroempresariales son una piedra en el camino en este proceso. Reflexionó: “El PAN está captando muchas de las prácticas que utilizábamos en el PRI, que atacó durante mucho tiempo. En el momento en que las tienen en sus manos, las han perfeccionado y privilegiado. Utilizan el asistencialismo, el recurso fácil, el corporativismo, la cooptación de voluntades con dinero. Quedan bien con muy pocos y mal con toda la sociedad. Todo esto acerca al país a una situación de riesgo. La gente relacionada con el campo tenemos que hacer mejor las cosas” (Lourdes Edith Rudiño).

EL PROCAMPO: ¿HACIA DÓNDE?

• Su actualización no debe ser por decreto presidencial; la responsabilidad es del Senado

Ivan Polanco López

Fuente: Segundo Informe de Gobierno, 2008.

El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) surgió por decreto presidencial en julio de 1994. Si bien nunca se dijo que era para los productores de menores ingresos, sí establecía como límite máximo para apoyar lo que se especificara en la Constitución o en la Ley Agraria (cien hectáreas de riego o su equivalente de temporal), y consideraba como cultivos elegibles al maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada.

Se concibió como un programa de transición, dada la apertura iniciada en 1994 por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y tendría una vigencia de 15 años. Pero el Procampo rápidamente mostró muchas distorsiones, desde los mitos, como que se gastaba en las cantinas de las localidades, hasta el hecho de ser pagado al momento de verificación de la siembra, lo cual convirtió al programa en un instrumento financiero para el avío, pues, comprometiendo los subsidios, muchos campesinos compran a crédito los insumos para la siembra.

En 2005 el Grupo de Economistas Asociados (GEA) propuso grandes cambios al programa, entre ellos diferenciar el apoyo en función del uso o tamaño del predio, y modificar los criterios de asignación: para los productores más grandes, transformar los apoyos a un carácter de fomento productivo y para los beneficiarios más desprotegidos y con menor capacidad productiva implicar los apoyos en un sistema de seguridad social.

La propuesta fue retomada por la Secretaría de Agricultura este año en las discusiones de la continuidad del programa. Presentó un plan que, entre otras cosas, pretende “limitar los apoyos de Procampo a un solo ciclo productivo”, lo cual causó el rechazo inmediato de organizaciones campesinas y agroempresariales, así como de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), que advirtieron la polarización de ricos y pobres y dijeron que el país podría perder la estabilidad del campo.

Así, el ahorro planteado por el Ejecutivo federal, de unos 800 millones de pesos, no es el camino para modificar el Procampo. El “populismo” del presidente Calderón, queriendo pasar a la historia como el que dio continuidad al Procampo, no fue bien acogido.

La continuidad del Procampo no debe de estar a discusión. Pero la reforma que requiere debe ser en el marco de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN) y no por decretos presidenciales. La respuesta a los campesinos no debe de venir del Ejecutivo federal, sino del Senado de la República , de las Comisiones de Agricultura y Segunda de Estudios Legislativos. La ley fue aprobada en la legislatura anterior por la Cámara de Diputados y está en espera del voto de los senadores.

Si se busca que el programa no sea regresivo, la LPSSAN ofrece una alternativa importante. Plantea el ajuste de los apoyos del Procampo de la siguiente manera:

“a) La Sagarpa actualizará anualmente las cuotas por hectárea que prevea el Procampo, a partir de la aprobación y publicación de esta ley. A tal efecto, se tomará como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el objeto de mantener el poder adquisitivo de las cuotas por hectárea.

“b) Adicionalmente a lo que se señala en el inciso anterior, al entrar en vigor la presente ley, la Sagarpa ajustará por única vez, diferencialmente por tamaño de predio, las cuotas actualizadas de Procampo correspondientes a los ciclos homólogos del año agrícola inmediato anterior, y

“c) Las diferencias que provengan de los cultivos bajo condiciones de riego o temporal, tomando en consideración los ingresos y costos de producción de cada sistema productivo.

“d) El incremento diferenciado por tamaño de predio, con efectos de progresividad, se aplicará así: para superficies por predio de hasta una hectárea, cien por ciento; para superficies por predio mayores de una hectárea y hasta diez hectáreas, 75 por ciento, y para superficies por predio mayores a diez hectáreas, cuatro por ciento.”

Coordinador de Políticas Públicas de la ANEC