■ Será en los procesos posteriores al de 2009 cuando ese propósito se haga realidad
La reforma electoral no se reflejará en reducción del costo de los comicios
■ Los consejeros Figueroa y Guerrero admiten que el IFE ha sufrido una baja en su credibilidad
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La Junta Electoral de Tamaulipas envió a la ciudad de México los 469 paquetes que contienen las boletas electorales de los comicios de 2006
Foto: Pablo Martínez Borrego
Propósito central de la reforma electoral, la reducción del costo de los comicios no se reflejará en este primer proceso con los nuevos parámetros de financiamiento a los partidos políticos.
El reclamo de abatir los gastos será difícilmente alcanzado, pues los ahorros previstos en los recursos destinados a las campañas se compensarán con el incremento del presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE). Será en procesos subsecuentes cuando surta efecto el cambio en las fórmulas de financiamiento de los partidos.
Las cifras del presupuesto del organismo son elocuentes: el costo total de la elección, incluido el gasto de operación del instituto y las prerrogativas de los partidos, se incrementará –en una proporción mínima– con respecto al de 2006, al pasar de 12 mil millones 834 mil pesos a 12 mil millones 881 mil.
Sin embargo, de acuerdo con el IFE, los gastos de campaña se reducirán 41 por ciento si se compara el dinero que se les dio a los partidos en 2006, al pasar de 3 mil 798 millones de pesos a 2 mil 694 millones, aunque en la comparación que realiza el instituto se debe tomar en cuenta que en esta ocasión sólo se renueva el Congreso de la Unión y se disputan 500 cargos de elección (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) que, independientemente de la fórmula de financiamiento aplicable, se iba reducir.
Empero, un análisis del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral incluye un comparativo sobre el financiamiento de las campañas de diputados federales, según lo cual, con la fórmula anterior el costo de las campañas de 2009 hubiera sido de 2 mil 691 millones de pesos, que contrasta con los 792 millones que se distribuirán con el esquema actual, lo que implica una reducción de mil 899.4 millones de pesos
Las proyecciones para 2012 apuntan también a una reducción en el gasto de campaña, de acuerdo con las previsiones del comité: con la fórmula vigente se gastarán mil 484.9 millones de pesos, en contraste con los 2 mil 727 millones que costaría la elección presidencial, la renovación del Senado y la Cámara de Diputados en ese año de haberse preservado el esquema anterior.
En el arranque formal de la organización de los comicios, el consejero Alfredo Figueroa reconoce que en este proceso no se reflejará el efecto de las reformas para reducir los costos, debido a que el IFE requiere invertir en equipos que incrementan el gasto para 2009.
En los procesos subsecuentes, dijo, habrá un ahorro en cuanto al gasto operativo del instituto en materia electoral.
Si se analizan solamente las prerrogativas asignadas a los partidos políticos, indudablemente que habrá una reducción sustancial en los gastos de campaña, pero el ahorro no corresponde con las prerrogativas ordinarias, sostuvo el consejero.
¿La razón?: las prerrogativas de gasto ordinario prácticamente no sufrieron variaciones, por lo que los partidos recibirán partidas muy semejantes en los próximos años.
El ahorro de los recursos de los partidos –incluidos los gastos ordinarios y de campaña– sería, en promedio, de 12.5 por ciento en la proyección hasta 2012.
Cabe recordar que la fórmula ahora depende en buena medida del padrón electoral y se ha eliminado el impacto que tiene el número de partidos en el esquema de cálculo de financiamiento, lo que en su momento lo inclinaba sustancialmente al alza.
Figueroa indica que en el balance del impacto en la reducción de los costos electorales hay una disminución que podrá percibirse en los subsiguientes procesos. Es claro que con los cambios introducidos el Congreso preservó los montos de financiamiento anual de los partidos y optó por abatir los gastos de campaña.
En cuanto al IFE, al menos en este proceso ejercerá un gasto para asumir las nuevas tareas de las elecciones y, posteriormente, reducirá su gasto operativo.
Sin embargo, aclara el consejero, “yo estoy por que el IFE pueda ir reduciendo su gasto paulatinamente, aunque hay que advertir que, dadas las condiciones de confianza en la sociedad mexicana, aún no ha llegado el tiempo de desarticular los múltiples candados de seguridad que tienen los comicios”.
–¿La reforma electoral y la renovación del Consejo General permitirán al IFE revertir la tendencia a la baja de su credibilidad? –se le pregunta.
–No es suficiente tan sólo con esas modificaciones –responde Alfredo Figueroa–; es preciso que el instituto electoral demuestre en la práctica, con sus resoluciones, con resultados, que se puede confiar en él, porque –hay que ser claros– un punto fundamental en la operación del IFE es la confianza ciudadana.
“Creo que el instituto debe asumir una actitud más proactiva, porque más allá de las circunstancias específicas que la generaron en México, existe un fenómeno en todas las democracias del mundo que se denomina ‘desilusión democrática’, y que tiene que ver con una desconfianza hacia los procesos electorales.”
Entrevistado por separado en torno a la confianza con que arranca el IFE hacia el proceso de 2009, tras una larga secuela poselectoral que no parece terminar aún, el consejero Javier Guerrero admite que el instituto sufrió un déficit en su credibilidad tras los comicios de 2006, situación que tendrá que remontar.
Sin embargo, advierte, la credibilidad en los comicios no es un asunto que sólo competa al construir al instituto, sino que es un ámbito de corresponsabilidad de todos los actores en el proceso, incluidos los partidos políticos, las instancias de gobierno y las legislativas.
No solo el déficit de credibilidad abonará para hacer más compleja la actuación de la autoridad, también lo harán las lagunas legales que el Congreso General del organismo dejó en muchos ámbitos.
Para el consejero Marco Antonio Baños esto no será un factor que incida realmente en el desempeño del IFE. “No hay lagunas legales que impidan su actuación o justifiquen un mal desempeño”, asegura.