■ El Ministerio de Justicia estatal confirma 4 decesos; “hay información de dos desaparecidos”

Indagan a 5 policías por muertes durante desalojo en zona arqueológica de Chiapas

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. El ministro de Justicia del estado, Amador Rodríguez Lozano, informó que cinco policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están sujetos a investigación por su presunta participación –en distintos grados– en los homicidios de pobladores del ejido San Manuel, cometidos durante el operativo para restituir a la Federación el parque nacional Lagos de Montebello y la zona arqueológica de Chincultik, municipio de La Trinitaria.

Mediante un comunicado de prensa, Rodríguez Lozano explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que se apoderaron de los lugares mencionados.

En colaboración con las autoridades federales, con base en la averiguación previa PGR/CHIS/ COM/156/2008 para restituir a la Federación ambos sitios, el 3 de octubre se realizó un operativo policiaco interinstitucional, explicó.

En ese contexto, abundó, “los pobladores agredieron a las fuerzas del orden público en represalia por la detención de algunos miembros de su comunidad, obstruyendo las vías generales de comunicación, reteniendo ilegalmente a 36 elementos de la SSPC y a tres miembros del Ministerio de Justicia, a quienes golpearon, vejaron y torturaron”.

Añadió que los vecinos despojaron a los uniformados de 60 armas largas y 15 cortas, “generándose un intercambio de fuego que provocó pérdida de vidas humanas y lesiones de miembros de la comunidad y elementos de la Policía Estatal Preventiva”.

Esos acontecimientos, informó el ministro, arrojaron un saldo de cuatro muertos confirmados: Rigoberto López Vázquez de 35 años; Alfredo Hernández Ramírez, de 40; Miguel Antonio Martínez López, de 19, y Agustín Alfaro Alfaro, de 31.

Apuntó que durante el operativo 22 personas –17 de las cuales son elementos de la Policía Estatal Preventiva– sufrieron lesiones. De igual forma tres mujeres integrantes de la policía estatal preventiva resultaron con intoxicación por gases.

Añadió que “se tiene información de dos personas desaparecidas”: Ignacio Hernández López, de 59 años, y Ricardo Ramírez Hernández, de 55.

Por otro lado, agregó, existe información no confirmada de que el policía Juan Carlos López Estrada, cuya credencial se encontró en el lugar de los hechos, se encuentra desaparecido y, según versiones extraoficiales, fue golpeado hasta la muerte, pero no ha sido localizado.

El Ministerio de Justicia informó que horas después de los hechos un equipo de 90 fiscales del Ministerio Público, igual número de secretarios de acuerdos ministeriales, así como 40 peritos y elementos del Buró Ministerial de Investigación giraron oficios de localización y presentación de 313 personas, entre ellas 31 agentes del grupo táctico de la policía ministerial, cuatro peritos de la dirección de servicios periciales del Ministerio de Justicia y, el resto, elementos de la SSPC.

A las personas presentadas se les han realizado exámenes toxicológicos y clínicos; también se han realizado peritajes de radizonato de sodio, de balística –a 360 armas de cargo– y criminalística de campo.

El ministro explicó que los policías Amílcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez se encuentran en calidad de presentados y sujetos a investigación, por su presunta participación en distintos grados en el delito de homicidio.

Anunció que se solicitará la declaración del regidor del ayuntamiento de La Trinitaria, Mario Aguilar Guillén, por su presunta participación en esos hechos.

Rodríguez Lozano informó que la zona arqueológica y el parque nacional mencionados “ya están desocupados y han recuperado prácticamente la normalidad. Las armas detenidas por los pobladores están siendo devueltas en este momento, y los detenidos en el operativo serán puestos en libertad en las próximas horas por la PGR”.

Expresó que el gobernador Juan Sabines ordenó a la dependencia que se castigue “el abuso de la fuerza pública, el exceso y el autoritarismo, por lo que reiteramos nuestra convicción de no permitir la impunidad y castigar cualquier violación a los derechos humanos”.

“La situación en la región ha vuelto a la normalidad, donde existen todas las garantías para los habitantes de la zona y el turismo”, concluyó el ministro.