■ La crisis agrícola no se resuelve con esas medidas; hay falta de producción, dice la prensa
Para mejorar el abasto, Cuba endurecerá el control a la cadena comercial de alimentos
■ Son decisiones de emergencia debido al impacto de los huracanes Ike y Gustav, insiste el gobierno
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Venta de yuca, alimento muy popular en Cuba, en un mercado de La Habana que expende alimentos de productores privados
Foto: Reuters
La Habana, 1º de octubre. El gobierno endurecerá su control en la cadena comercial de alimentos, como parte de las opciones para mejorar el abasto, pero un comentario en la prensa dijo que el problema de fondo de la crisis agrícola es la falta de producción y no se resuelve con ponerle topes a los precios.
Un funcionario del Ministerio de Agricultura informó al diario Juventud Rebelde que a partir de las cosechas del año próximo el Estado fijará el destino de cada producción agrícola, para que las mejores porciones vayan a los mercados estatales (de precios fijos) y no a los agropecuarios (de libre oferta y demanda).
Aunque no hay de inmediato detalles disponibles sobre ese giro, el anuncio parece una tercera presión sobre los “agros” de venta libre, después de que esta semana se produjo la primera intervención estatal en la fijación de precios en los 14 años de existencia de esos mercados, y además se estableció un racionamiento para la venta de algunos productos.
Las autoridades han explicado que se trata de decisiones de emergencia, como secuela del impacto de los huracanes del mes pasado en los campos cubanos.
El mismo periódico dijo que “todas estas medidas buscan repartir mejor lo poco que hay. Pero el problema continúa estando en la falta de producción agropecuaria, ahora mucho menor ante el impacto desastroso de los huracanes Gustav y Ike. ‘Topar’ los precios es una solución emergente… no la ‘solución’ definitiva”.
El anuncio y el comentario muestran dos ángulos del conflicto. Por un lado, los huracanes empeoraron un año agrícola que ya enfrentaba retrocesos, redujeron de golpe los inventarios de alimentos y, sobre todo, dejaron sin resguardo el tránsito del verano al invierno, cuando se inicia la siembra de lo que se comerá el año siguiente. En esas condiciones la intervención estatal cumple el objetivo de impedir la especulación y una carestía sin límite.
Pero por otro, al cerrar la válvula de oxígeno de los “agros” con una escalada de controles, los precios se vuelven ficticios, puede estimularse el mercado negro y se lanzan señales de desaliento a los productores privados, para quienes su concurrencia en el comercio abierto era un estímulo, y finalmente un resorte que podría impulsar la producción.
Y precisamente el impulso a la producción agrícola es una de las principales metas definidas por el gobierno del presidente Raúl Castro, que la ha considerado una “cuestión estratégica” y “asunto de seguridad nacional”.
Intermediarismo
Manuel Agüero, subdirector de la Unión Nacional de Acopio (UNA), “reconoce que el campesino selecciona sus producciones y en muchas ocasione destina la mejor adonde más ganancia obtenga, que por ahora son los intermediarios”, reseñó el matutino de la Juventud Comunista.
La UNA es la más importante entidad estatal que compra la mayoría de la producción agrícola, la cual asigna a los distintos escalones de distribución: la canasta básica fijada en la libreta de racionamiento, el consumo social (hospitales, escuelas, centros laborales) y los mercados estatales de precios oficiales.
“A partir del año venidero la política del país relacionada con la producción y la comercialización se transformarán gradualmente, ya que este reordenamiento persigue que lo mejor vaya para los mercados agropecuarios estatales”, añadió Agüero, citado por el diario.
Todos los agricultores, así como los pecuarios, sean empresas estatales, cooperativas o privados, tienen la obligación de vender al Acopio la mayor parte de sus producciones, en rangos que llegan a 85 por ciento. El resto de sus resultados, llamados “excedentes”, puede llevarse al “agro” de oferta y demanda.
Al parecer el cambio implicaría que, además de la obligación de entregar casi toda su cosecha al Estado, los agricultores también tendrán que garantizar que Acopio se lleva los productos de mejor calidad.
Hablando de la política futura, el funcionario dijo que “Acopio hará una contratación al universo total de los productores, incluyendo los nuevos usufructuarios de tierra”, es decir, los actuales solicitantes de campos ociosos que esperan para este fin de año la asignación de sus lotes.
Pero “contratar no quiere decir que compremos todo, sino que determinaremos los destinos de cada producción, junto con las delegaciones de (el Ministerio de) la Agricultura de cada territorio”, agregó Manuel Agüero.