■ La interrupción, por la detención del líder cívico José Vaca Ortiz, justifica la derecha

Prefectos de la Media Luna suspenden diálogo con el presidente Evo Morales

■ El líder derechista admitió que participó en un atentado contra un gasoducto: gobierno de Bolivia

■ La Confederación Sindical Única de Trabajadores anuncia protestas masivas contra gobernadores

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 1º de octubre. La detención por la justicia del dirigente cívico José Vaca Ortiz, del departamento de Tarija, acusado de un atentado “terrorista” contra un gasoducto, llevó a los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando a suspender de “manera temporal” el diálogo nacional de pacificación del país hasta en tanto el gobierno del presidente Evo Morales “restituya las garantías constitucionales y se respeten los derechos de los ciudadanos bolivianos”.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en rueda de prensa desde el Palacio Quemado, sede de gobierno, manifestó la “extrañeza” del gobierno por la decisión de los prefectos de la llamada Media Luna de suspender el diálogo por esa razón y los exhortó a retornarlo porque éste “no tiene ninguna vinculación” con esa detención, que, aseveró, se realizó con una orden de aprehensión de la Fiscalía General acorde con un delito del que se le acusa.

Deploró que los prefectos quieran suspender el diálogo porque, dijo, no es posible que quieran hacerlo “con la intención de proteger, encubrir un delito común”, a menos, agregó, “que los prefectos o alguno de ellos “tenga algún grado de vinculación con la explosión de la válvula de gas” que le costó al país 8 millones de dólares, en referencia a un atentado en Chaco contra un gasoducto de bombeo de gas natural de Bolivia a Brasil.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, fijó la posición de los prefectos opositores sobre la detención que calificó de “secuestro” y que, apuntó, está provocando tensiones innecesariamente en el proceso de diálogo nacional.

Además, afirmó que en los 19 días de este proceso de diálogo los prefectos han soportado “malos tratos, continuas agresiones y amenazas gubernamentales” de las que, dijo, han sido testigos los representantes de la comunidad internacional que participan en la mesa de diálogo.

Se refirió al activista Vaca Ortiz como “un ciudadano común”, obrero de una empresa generadora de energía en Tarija, que fue detenido en el centro de la ciudad de Villamontes en “condiciones inadmisibles”, donde “prácticamente fue secuestrado” junto con otras cuatro personas por policías encapuchados, y que se le detuvo por haber participado en la movilización opositora de esa localidad y por tanto eso viola el acuerdo inicial con el presidente Morales, de “no impulsar acciones judiciales que tengan connotación política”.

El prefecto opositor aseveró que esa acción demuestra que en el entorno del presidente Morales “existen sectores que están buscando que el diálogo nacional fracase” y que “buscan evitar una salida pacífica a la crisis nacional”.

Añadió que “los líderes regionales necesitan saber si continuarán en el diálogo o si tendrán que preocuparse de su propia seguridad personal e incluso ingresar a la clandestinidad. Ésta es la necesidad actual del diálogo: necesitamos la palabra oficial por parte del presidente”, afirmó Cossío.

Concluyó que el diálogo no se rompe, se suspende temporalmente hasta que el gobierno nacional dé una respuesta a este hecho, y que ellos seguirán en Cochabamba esperando una respuesta del presidente de la república.

La respuesta llegó en voz del ministro Quintana, quien aseveró reiteradamente que la detención de Vaca no tiene vinculación con el diálogo. “Si los prefectos se asumen que son democráticos no sólo debieran censurar, condenar, los actos de terrorismo que se han cometido en Tarija sino también ponerse del lado de la ley; no hay argumento razonable para que quieran suspender el dialogo”.

Subrayó que desde el principio tanto el presidente Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera señalaron que el diálogo nacional “está exento de todo condicionamiento y que son innegociables los procesos penales que se deben llevar adelante contra todos aquellos que atentaron contra los bienes públicos, que asaltaron las oficinas del Estado, que destruyeron la propiedad privada y que en otros casos mataron o asesinaron a campesinos indefensos”.

Mencionó que los ministros, los viceministros, los equipos de trabajo van a permanecer en Cochabamba como se acordó para reiniciar las mesas en que se estaba trabajando el tema de las autonomías y del impuesto directo a los hidrocarburos. “Ésta es la posición del gobierno y ojalá que los prefectos puedan dar un paso al costado y retornar a la mesa de negociación”.

Aseveró que no hay amenaza contra los prefectos, y “otra cosa es que algún prefecto esté temeroso, sienta temor, por algún acto que los bolivianos no conocemos”.

Insistió en que “quienes han destruido bienes públicos tienen que ser procesados como corresponde en los estrado judiciales”. Dijo desconocer si hay alguna orden de detención contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, pero en todo caso habría que preguntarle al fiscal general de la república.

Funcionarios del gobierno también dijeron que Vaca Ortiz admitió formalmente haber participado en el atentado, ocurrido el mes pasado en el contexto de las protestas de violentas de la oposición de derecha en las cuatro regiones autonomistas, y que el fiscal del caso previamente había ordenado la detención del acusado después de que éste ignoró dos citaciones a prestar declaraciones.

El fiscal que lleva el asunto, Luis Mamani, confirmó ante medios de prensa que acusará formalmente a Vaca Ortiz por delitos de atentados contra servicios públicos, destrucción de bienes públicos y sedición, lo que puede implicar una condena de hasta 30 años de cárcel, y explicó: “El admite haber participado en los hechos que se le imputan y la jueza cautelar decidirá sobre su situación”.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo por su parte que “no se trató de un acto de secuestro como sostiene el prefecto de Tarija, sino de un acto de detención con orden fiscal”.

El dirigente de Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Issac Ávalos, calificó de “burla” el anuncio de la oposición política de suspender el diálogo, y anunció el comienzo de protestas masivas contra los prefectos rebeldes.

Añadió que fue una “burla” porque habían pedido que se levantara el cerco campesino a la ciudad de Santa Cruz como una de las condiciones al diálogo en Cochabamba, que ahora suspenden.