40 años
El poder es así. Hace cuatro décadas, el movimiento estudiantil pidió el cese de una represión que se ejercía en automático, como aplicación evidente del principio de autoridad, y la derogación de decisiones, instituciones y disposiciones legales más características de una dictadura policial que de una democracia. Pero la presidencia de Díaz Ordaz concluyó que se encontraba frente a una conspiración subversiva orquestada desde Moscú para sabotear la realización de los juegos olímpicos –y, en última instancia, para derrocar al gobierno– y optó por perpetrar una carnicería y por imponer la paz de los cementerios y de las cárceles.
Las demandas eran seis, y bien concretas: libertad a los presos políticos, desaparición del delito de “disolución social”, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policiales responsables de la represión, indemnización a los heridos y a los familiares de los muertos por las atrocidades de la fuerza pública y procuración de justicia para sancionar a los funcionarios que las ordenaron.
Actualmente reclamos muy similares siguen enarbolándose desde la sociedad al poder público. Con el botón de muestra de Ignacio del Valle Medina condenado a 112 años de prisión por delitos imaginarios como “secuestro equiparado”, hay que tener la cabeza en Disneylandia para creer que aquí no hay presos políticos.
La reciente reforma penal elaborada por el calderonato (es una mera “reforma policial”, advierte Bernardo Bátiz) da pie al quebranto de los derechos humanos de delincuentes comunes y otorga a la autoridad facultades que pueden ser empleadas en la persecución de opositores.
Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz, Rafael Macedo de la Concha, Carlos Abascal, Eduardo Medina Mora, Daniel Cabeza de Vaca, Wilfrido Robledo, y otros responsables políticos de las violaciones y torturas perpetradas en San Salvador Atenco y en Oaxaca, gozan de completa impunidad.
La institucionalidad política sigue siendo desmesurada y equívoca, y tan inexpugnable como en aquel entonces, y no hay que hacerse demasiadas ilusiones acerca de la confiabilidad del proceso comicial del año entrante.
Por lo pronto, la entidad electoral que encabeza Leonardo Valdés Zurita ha emitido un mensaje inequívoco: pretende sancionar con más de 60 millones de pesos al PRD por el plantón de Reforma de 2006 y por la toma de tribunas de abril de este año, e imponer una pena pecuniaria mucho menor al PAN por haberse robado la Presidencia de la República.
Las diferencias principales con lo ocurrido hace 40 años es que la ofensiva gubernamental contra la sociedad movilizada era meramente política, no económica, y que el Estado disponía de mecanismos de control para garantizar cierto grado de estabilidad financiera y de seguridad pública. Actualmente, Felipe Calderón encabeza un gobierno incapaz de incidir en el rumbo de la economía, imbricado con la delincuencia a la que dice combatir y frustrante hasta para quienes lo pusieron en el poder.
Hace 40 años el poder público habría podido percibir en las demandas del movimiento estudiantil una oportunidad para el aggiornamiento y la depuración, pero prefirió consolidarse por medio de la masacre.
Por estos días se le ha propuesto al calderonato una alternativa para sortear su ilegitimidad, deshacerse de alianzas impresentables (Gordillo y compañía) y de funcionarios ineptos (Mouriño, García Luna, Medina Mora), emprender una reactivación que fortalezca al país ante los peligros de desastre de la crisis estadunidense y retirar su iniciativa de privatización de la industria petrolera, que constituye un inocultable factor de división nacional. A ver qué hace.