■ Vigilarán el proceso 60 mil uniformados, además de la OEA, la UE y el Centro Carter
Calma ante el referendo constitucional, hoy en Ecuador; el sí, con 57% de apoyo
■ La derecha, la Iglesia católica y los empresarios, contrarios al proyecto de nueva Carta Magna
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El presidente Rafael Correa dialoga con los observadores de la OEA en el palacio presidencial de Quito
Foto: Ap
Quito, 27 de septiembre. Ecuador permaneció en calma un día antes de que sus ciudadanos participen en el referendo de este domingo, en el que se definirá si se aceptan o no el proyecto de nueva Constitución impulsado por el mandatario Rafael Correa, que de acuerdo con los sondeos más recientes será aprobado con al menos 57 por ciento de los votos.
Unos 10 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para la consulta, en donde podría consolidarse el camino hacia el “socialismo del siglo XXI”, en un inestable país que ha visto la caída de tres presidentes en los pasados 10 años por diversas revueltas populares.
Luego de 20 meses en el poder, Correa mantiene altos índices de aprobación, sobre todo entre la mayoría empobrecida a la que ha destinado proyectos sociales con amplios recursos, financiados por la renta petrolera.
En caso de que triunfe el sí, la nueva Carta Magna permitiría la relección del presidente hasta 2017, y le daría al Estado amplio margen para controlar las áreas más importantes de la economía ecuatoriana, en el contexto de un modelo “social y solidario” que sustituya al neoliberalismo.
La mayor oposición al proyecto de Correa se encuentra en la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste), donde el alcalde Jaime Nebot, la Iglesia católica, los empresarios y otros grupos conservadores han hecho un frente común para resistir la propuesta del mandatario, a la que califican como “centralista y autoritaria.”
Sin embargo, aunque el presidente fuera derrotado en Guayaquil, diversos analistas políticos citados por la agencia Reuters descartan que esta ciudad pueda convertirse en un foco separatista y desestabilizador, como sucede con la provincia de Santa Cruz en Bolivia, opositora al gobierno del presidente Evo Morales.
La nueva Constitución, de 444 artículos, permitiría una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras, incorpora el voto para los militares y condiciona el anticipo de elecciones a la destitución del presidente o el Congreso.
El proceso electoral será vigilado por unos 60 mil soldados y policías, además de los observadores de la Unión Europea, el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos, a quien Correa solicitó que legitime su eventual triunfo, previendo algún “intento de desestabilización” de sus opositores.