Denuncia pública
El pasado 21 de agosto fue suscrito en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, participando en su celebración representantes de diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad civil, quienes reconocieron la dimensión multifactorial del problema. El acuerdo dedica un capítulo al ámbito laboral bajo el rubro de “Compromisos de los sectores productivos”; en su punto séptimo se conviene promover la cultura de la legalidad, la denuncia de cualquier injusticia laboral y mejorar el entorno de los centros de trabajo.
Una vía para hacer cumplir esos compromisos, es identificar en orden de prioridad los sectores productivos en los cuales se violan de forma sistemática los derechos laborales. Denunciamos dos de ellos sin ser limitativos: las prácticas laborales en la industria de la construcción y en los servicios de limpieza. Las personas físicas y morales dedicadas a estas ramas de actividad violan permanentemente los derechos de miles de hombres y mujeres que se ven obligados a prestar sus servicios en condiciones precarias, insalubres y peligrosas, sometidos a jornadas extenuantes, discriminación, acoso en diferentes modalidades, salarios insuficientes, contratos colectivos de protección, formas jurídicas ficticias en su contratación, cambios constantes de razón social para evadir obligaciones, como las relativas a la seguridad social, y la creciente exigencia de renuncias en blanco como condición para aceptarlos en el empleo, entre muchas maniobras para evadir el cumplimiento de la ley.
Son cómplices de este abuso quienes participan en los procesos de subcontratación en las diferentes ramas de actividad y de servicios, incluyendo las dependencias públicas, tanto del gobierno federal como locales, quienes utilizan crecientemente estos servicios sin cerciorarse desde el proceso de contratación y durante la prestación del servicio si cumple con las obligaciones laborales y los derechos humanos elementales.
Se acredita esta denuncia con hechos evidentes propios de la realidad cotidiana. En las construcciones observamos a jóvenes, casi niños, muchos de ellos provenientes del campo, durmiendo en las áreas de trabajo, transitando por andamios sin medidas preventivas ni equipos de seguridad, intentando alimentarse con productos chatarra, muchas veces acompañados de esposa e hijos que los ayudan en este inhóspito ambiente.
En los servicios de limpieza las injusticias son similares: la categoría moral de muchos de los empleadores es cuestionable; ex agentes de seguridad, delincuentes comunes, seudodirigentes de sindicatos jugando un doble papel o empleados de las mismas dependencias que contratan los servicios, han encontrado una mina de oro a costa de la postración de estos trabajadores. La tarea es fácil, poner un escritorio, registrar una razón social y tener el contacto con los funcionarios adecuados; al no tener patrimonio propio es sencillo incumplir obligaciones, nada se arriesga. Los trabajadores se ven obligados a admitir cualquier abuso ante la carencia de empleos y sus urgentes necesidades familiares.
Buena parte de la responsabilidad de esta degradación social deriva de la complicidad activa o la omisión de las autoridades obligadas a vigilar el cumplimiento de la ley. Estos funcionarios se han sometido a una lógica de impotencia ante la gigantesca dimensión del problema; aunque cuentan con instrumentos legales para cambiar el rumbo de estas prácticas, renuncian a su ejercicio. Por ejemplo, la ley contempla la inspección laboral como función del Estado para garantizar el respeto a la legalidad mediante inspectores capaces y honestos que vigilen, detecten, prevengan, orienten y, en su caso, sancionen a los infractores de la ley. En el área de trabajo de competencia local pueden realizarse acciones a partir de diagnósticos, estudios estadísticos, investigaciones en colaboración con entidades académicas, promoción de acuerdos con las organizaciones patronales para establecer compromisos y mecanismos de evaluación. Un paso elemental es dimensionar y tener clara la problemática, ubicar y censar los centros de trabajo y reclamar presupuestos suficientes para esta tarea. Obviamente, una condición previa es la convicción de que el tema es importante; en otras palabras, que los miles de trabajadores sometidos a esta indignante condición deben constituir una prioridad en el diseño y ejecución de cualquier política pública.
Esta grave violación a los derechos humanos crece día con día y no parece preocupar a los actores que podrían favorecer un cambio de rumbo. Los legisladores, por no otorgar presupuesto suficiente para la ejecución de estas tareas públicas; las iglesias, por estar más preocupadas de otros menesteres que por la suerte de sus fieles; los partidos políticos, que en su dinámica de poder burocrático se han olvidado de la suerte de la gente a la que periódicamente acuden en busca del voto; las organizaciones de la sociedad civil, que no integran debidamente en sus agendas la problemática de los más vulnerables, y los sindicatos, que no sólo se abstienen de cumplir con su misión, sino que aprovechan la indefensión de los trabajadores para ampliar su negocio. Quizá todos cargamos con nuestra cuota de responsabilidad en la medida en que nos hemos acostumbrado, como algo normal, a que se abuse de la población aun frente a nuestros propios ojos.
El tema de la seguridad y la promoción de la legalidad no se reduce a conductas delictivas aisladas, está sostenido en una red de complicidades que producen una cultura de impunidad; lo vemos claro al salir a la calle, donde todos somos iguales frente al impacto de las políticas ambientales, urbanas, sociales y de seguridad en un sentido estricto. Como se ha entendido ya en otros países, cuya experiencia hemos soslayado, la promoción de la equidad y la justicia es la mejor vía para lograr una cultura de seguridad. Sólo así podremos salir a la calle respirando otro ambiente.