■ En San Sebastián Bachajón se organizan para evitar “la destrucción de las tierras”

Se oponen indígenas al plan carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque

■ Pese al inminente inicio de obras, los ejidatarios no han recibido notificaciones del gobierno

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Sebastián Bachajón, Chis., 26 de septiembre. “En asambleas ejidales hemos decidido rechazar el proyecto del gobierno porque va a destruir las tierras”, dicen los representantes del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, respecto del plan carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque, el cual afectaría una parte significativa de la superficie ejidal.

“Estamos esperando que llegue algún empresario o funcionario. Ya estamos listos para notificarles que jamás vamos a permitir que se van a destruir nuestras tierras”, dice con firmeza uno de las varias decenas de indígenas que rodean al reportero en un paraje de San Sebastián. “El objetivo de la asamblea (ejidal) es la resistencia”.

Si bien el encuentro es informal, preside la entrevista colectiva el comisariado ejidal Manuel Silvano Estrada, quien sólo se expresa en tzeltal. La mayor parte del tiempo los indígenas discuten y elaboran en su lengua, y sólo cuando se pusieron de acuerdo lo traducen al castellano. Llevan tiempo con la preocupación. Tienen meses hablando, sin ser escuchados. Lo que dicen resulta “inconveniente”, pues desafía los decididos planes del gobierno.

Este viernes efectuaron una reunión preparatoria de su próxima asamblea ejidal, a la que podrían acudir cerca de 2 mil ejidatarios. En la reunión estuvieron presentes el comisariado interno del ejido, el consejo de vigilancia interno, un tesorero, agentes ejidales, los “principales”, decenas de delegados de los pueblos y de la otra campaña.

“El mismo Juan Sabines anunció en Chilón cuando estaba de candidato para gobernador que el municipio sería beneficiado con una autopista”, recuerdan.

Miembros de la otra campaña del EZLN, los campesinos llevan una relación cordial con las vecinas comunidades de bases de apoyo zapatistas de los municipios autónomos Olga Isabel y La Paz. Aunque su problemática se manifiesta de manera distinta, unos y otros sufren agresiones y amenazas por grupos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

“Apenas el jueves pasaron a amenazar a los que estaban en la caseta de cobro. Que nos van a desalojar tarde o temprano. Algunos de nosotros estamos amenazados de aprehensión, porque a los de Opddic los respaldan el delegado de gobierno, Felipe Hernández; el presidente municipal priísta de Chilón, Antonio Moreno López, y su Ministerio Público”.

Desde hace tiempo los de San Sebastián sostienen un diferendo con la minoría de Opddic en torno a la caseta de cobro en el acceso al “ejido turístico” de Agua Azul, con el cual comparten la ribera del río del mismo nombre, donde está el balneario. Los ingresos del peaje son para el conjunto de los pobladores del ejido. No deben ser nada despreciables, a razón de 10 pesos por persona, siendo que las cascadas, junto con Palenque, son el sitio de Chiapas más visitado por turistas. Cientos de miles cada año.

Los ejidatarios responsabilizan principalmente de los hostigamientos a Pedro Álvaro Hernández (“comisariado sin gente”, lo describen) y a Pascual Pérez, consejero de vigilancia, ambos de Opddic.

“También andan pasando por los centro de Alan Sacun, Chich y Bachajón para decir sus amenazas, acusando que somos del EZLN, que somos ladrones. Ellos no quieren distribuir el dinero de la caseta. Lo quieren para ellos solos.”

No obstante la inminencia de la autopista, los indígenas refieren no haber recibido ofertas ni notificaciones del gobierno para ceder los terrenos por donde pasaría la carretera, que tendría una anchura de más de 20 metros, afectando al menos otro tanto en los alrededores. Se desgajarían cerros, se pavimentarían milpas y prados. Los planes oficiales incluyen hoteles, cabañas, centros comerciales y de artesanías, restaurantes, estacionamientos, urbanización. Y un “parque temático” en el río.

Tampoco poseen información de si otros ejidos o comunidades de la zona han recibido alguna notificación o si han hecho arreglos con las autoridades. Pero ellos, y muchos más, están “enterados” de lo que se avecina. El gobierno proclama en todos sus niveles que las obras podrían empezar en pocos meses, y los directamente afectados no han recibido otra “notificación” que la hostilidad injustificada de Opddic, cuyos miembros se muestran dispuestos a “cooperar” con el gobierno por encima de los acuerdos de la población.