Desfiladero

Jaime Avilés
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■ Una receta para darle, al IFE y al PRD, una sopa de sus propios chocolates

Durante su gira del pasado fin de semana por diversos municipios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje en cada mitin a la memoria del desaparecido José Zamarripa de la Peña, representante del gobierno legítimo de México en aquella entidad. Nieto de un gobernador revolucionario de Aguascalientes, hijo de un aguerrido líder sindical, militaba en la izquierda desde su adolescencia porque llevaba en los genes el amor a la política.

A los 16 años se afilió al Partido Comunista Mexicano; más tarde, pasó al Socialista Unificado de México, y siguió por la senda de las metamorfosis cuando éste se convirtió en Partido Mexicano Socialista (PMS), y éste en Partido de la Revolución Democrática (PRD), y éste en una ruina moral nauseabunda, hoy en manos de una pandilla de atracadores.

Cuando López Obrador llegó a la presidencia nacional del PRD en 1996, Pepe se incorporó a su equipo de trabajo y estuvo a su lado en esos años de éxitos electorales continuos. Cuando Andrés Manuel quedó al frente del Gobierno del Distrito Federal, fue su coordinador de asesores todo el sexenio. Después del golpe de Estado de 2006, que sembró a Felipe Calderón en Los Pinos, Zamarripa recibió del jefe de la oposición dos nuevos cargos: subsecretario de la hacienda pública en el gobierno legítimo y representante de éste en Jalisco.

Cuando hace tres domingos murió de un infarto en un viejo edificio de la colonia Condesa, le faltaban tres días para cumplir 50 años de edad. No tenía gas en el departamento que alquilaba. No tenía un peso en la bolsa, ni en el banco, ni en la vida. No tenía nada, aparte de una inmensa colección de libros y discos, y amigos en todo el país. Pese a que estuvo en una posición de poder dentro del GDF, nunca se valió de la política para enriquecerse, lo que habla de su estatura ética y de su honestidad juarista. Pero si al morir no contaba siquiera con gas para cocinar, esto se debe a razones que hoy merecen ser expuestas públicamente.

En 2006, cuando numerosos perredistas ascendieron al Poder Legislativo con los votos de los seguidores de López Obrador para impulsar en las cámaras el proyecto alternativo de nación, muchos se comprometieron a descontar de su dieta de casi 200 mil pesos mensuales una pequeña suma para cubrir los gastos y sueldos del gobierno legítimo. Sin embargo, la guerra sucia de la ultraderecha no terminó con el robo de la Presidencia y el linchamiento perpetuo de los levantacejas: continuó también dentro del PRD, en donde la corriente de Ruth Zavaleta y Jesús Ortega secuestró la dirección del partido y nombró a Guadalupe Acosta Naranjo como palero oficial del régimen.

Esto trajo, por supuesto, consecuencias negativas para la resistencia civil pacífica: el Frente Amplio Progresista se quedó sin oficinas y el apoyo económico al gobierno legítimo dejó de fluir. Hace por lo menos seis meses que López Obrador, los secretarios y los subsecretarios de su gabinete no cobran sueldo, mientras las deudas con los proveedores se acrecientan y la estrechez torna cada vez más difícil la vida cotidiana de las familias de los empleados de confianza. En otras palabras, la derecha neopanista del PRD, en alianza con Calderón, fomenta el estrangulamiento de la estructura que encabeza la lucha por la transformación del país.

De repente, sin embargo, Acosta Naranjo pone el grito en el cielo porque sus propios cómplices amenazan con quitarle las pilas al juguetito que ellos mismos le regalaron. El Instituto del Fraude Electoral –esa extensión de la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado de Felipe Calderón, que posee todos los datos del padrón electoral federal sin que nadie la moleste– ha decidido multar al PRD con 57 millones de pesos por el plantón de 2006 en Reforma y con 13 millones de pesos más por la huelga legislativa del pasado abril, que impidió la privatización de Petróleos Mexicanos por la vía del madruguete.

Ambas sanciones fueron pedidas por el representante del PAN ante el IFE y la secretaría ejecutiva del instituto sugirió un castigo de “4.9 millones de pesos por la movilización poselectoral de 2006 y 650 mil pesos por la toma de tribunas” en las cámaras. Pero de acuerdo con la magnífica nota periodística de Alonso Urrutia publicada ayer en este diario, ambas cifras crecieron en forma desmesurada: la primera “en mil 200 por ciento, al pasar de 4.9 a 57 millones” y la segunda “en 2 mil por ciento”, al saltar de 650 mil a 13 millones de pesos. Según cálculos de un periódico oficialista divulgados el jueves, el PRD podría verse obligado a pagar este adeudo en cómodas mensualidades de 9 millones de pesos. Esto, según Acosta Naranjo, pondría en peligro la viabilidad financiera del partido que regentea.

Se trata, obviamente, de un acto represivo en contra, no del PRD, sino de los ciudadanos, a quienes el (des)gobierno de Calderón, a través del IFE-Hildebrando, quiere humillarlos castigándolos por haber ejercido su derecho constitucional a protestar contra una rotunda injusticia. Estamos, en otras palabras, ante una intentona de venganza, concebida por las mentes enfermas de aquellos que no aspiran sino a lastimar a quienes a diario los tachan de ineptos, corruptos y espurios.

Por lo tanto, la resistencia civil pacífica debe situarse a la altura de las circunstancias. ¿Quieren pagos mensuales de 9 millones de pesos? Perfecto. El gobierno legítimo cuenta con casi 3 millones de afiliados en todo el país. Si cada uno de ellos destina la suma de tres pesos mensuales, la “ejemplarizante” cantidad quedará saldada sin que a nadie le duela el codo. Y para convertir el castigo en una fiesta, el dinero podría entregarse en monedas de 10, 20 y 50 centavos, formando largas filas de miles y miles de ciudadanos a las puertas del edificio que preside Leonardo Valdés Zurita, alias Vazurita. ¿Quieren humillarnos aún más? Démosles una sopa de su propio chocolate.

A cambio, sería prudente exigir dos condiciones: que Acosta Naranjo renuncie a la presidencia del PRD, y que ese partido pague los salarios atrasados del gobierno legítimo y reanude su apoyo económico al movimiento, al cual le debe las prerrogativas electorales de que disfruta. Mañana, en el Zócalo, López Obrador anunciará un plan de emergencia para sacar al país de la crisis en que lo ha sumergido Calderón y acabará de hundirlo Bush con el inminente derrumbe financiero de Estados Unidos. Es desde todo punto de vista deseable que la enumeración de los objetivos del plan vaya acompañada de acciones concretas para que la movilización popular empiece a traducirlos en logros y avances, y en alianzas con todas las luchas sociales que están en curso.