■ Designa el presidente de Bolivia a un militar como gobernador interino de Pando

Evo Morales confía en que hoy habrá acuerdo con líderes de la oposición

■ Rechaza juez el pedido de la Corte Suprema de remitir el caso de Leopoldo Fernández a su sede

■ La orden de los magistrados tenía como objetivo encubrir al encarcelado prefecto, dice el gobierno

Reuters, Afp y Dpa

La Paz, 20 de septiembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó hoy su confianza en que este domingo surja un acuerdo político para destrabar los conflictos con gobernantes provinciales opositores, y designó a un militar de prefecto interino en el departamento de Pando, donde la semana pasada fue perpetrada una matanza de 17 personas con la presunta responsabilidad de Leopoldo Fernández, el anterior gobernador, actualmente en prisión preventiva.

El contralmirante Landelino Rafael Bandeira fue nombrado en el cargo nueve días después de los hechos ocurridos en la localidad El Porvenir, en el norte de Bolivia, y cuatro días después de que fue detenido Fernández, un político representante del desmantelado sistema de partidos políticos que dominó en las dos últimas décadas en el país.

“Prometo trabajar con toda mi voluntad, mi responsabilidad profesional y sobre todo con mucho patriotismo para devolverle al pueblo de Pando la paz, la tranquilidad, la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales”, dijo Bandeira, oriundo del departamento amazónico, fronterizo con Brasil y Perú.

La ceremonia de investidura del militar, quien gobernará durante un periodo máximo de 90 días, se produjo poco después de que la Corte Suprema pidió al juez Williams Dávila que le remita el caso a su sede en la ciudad de Sucre, donde se encuentra un foco opositor a Morales.

Dávila ordenó el jueves pasado la detención preventiva de Fernández bajo los cargos de terrorismo, asociación delictiva y asesinato. Por la tarde de este sábado, después de horas de suspenso sobre el futuro de la investigación judicial, el juez rechazó el pedido de la Suprema Corte.

Sobre la petición del máximo tribunal, el gobierno socialista consideró por la mañana que la orden proveniente de Sucre tuvo el propósito de encubrir a Fernández y dejar en la impunidad la matanza de campesinos y estudiantes, emboscados en una zona rural de Pando cuando se dirigían a protestar contra el prefecto en Cobija, la capital departamental.

“Esta estrategia jurídica, de encubrimiento e impunidad que bien podría venir de sus abogados de defensa, de sus correligionarios, de sus cómplices y encubridores, ahora ha encontrado un nuevo escenario para fortalecerse”, dijo el viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien afirmó que el gobierno central y los familiares de las víctimas vigilarán la continuidad del proceso.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que “la jugarreta judicial” no cambia en nada la situación de Fernández, quien deberá permanecer en prisión preventiva durante 90 días.

“Creemos que la decisión del juez Dávila de cautelar, de someter a un proceso ordinario a Leopoldo Fernández, es el primer síntoma del rompimiento de la impunidad en el mismo sistema judicial”, agregó Chávez.

Fernández niega los cargos y asegura que las muertes se dieron en medio de un enfrentamiento entre grupos de civiles, en el contexto de una pugna entre la administración socialista y los prefectos y elites económicas de los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

Los desórdenes en medio de la crisis política de las últimas tres semanas incluyeron tomas de entidades del gobierno e instalaciones de gas natural y petróleo, además de actos de sabotaje.

El presidente Morales informó en la ciudad de Cochabamba que 11 de las 50 instalaciones gubernamentales que fueron tomadas por opositores en Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz, hace dos semanas, permanecen todavía en manos de los opositores, agrupados en comités cívicos dirigidos y financiados por terratenientes locales y algunos empresarios.

La toma de instalaciones –oficinas públicas y gasoductos– fue impulsada como medida de presión al gobierno para que devuelva a los departamentos recursos fiscales derivados de la explotación de hidrocarburos, que la administración socialista decidió transferir el año pasado para el financiamiento de las pensiones de ancianos en todo el país.

Los dirigentes opositores también reclaman al presidente boliviano que la nueva Constitución Política –que será sometida a referendo el 7 de diciembre, un año después de ser aprobada por los legisladores– tome en cuenta los proyectos autonómicos de los departamentos, de acuerdo a cómo fueron formulados este año y aprobados en ilegales consultas populares departamentales.

Esos candentes temas se convirtieron esta semana en el centro de la discusión entre los representantes del gobierno central y ocho de los nueve gobernadores de los departamentos.

La tercera sesión del diálogo se realizó hoy en Cochabamba con la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Unión Europea y representantes de las iglesias católica y protestante.

De acuerdo con el vicepresidente Álvaro García Linera, para que exista un acuerdo pleno con los opositores no sólo es necesario establecer pactos sobre las demandas de los prefectos, sino también que reconozcan que en Bolivia se ha configurado una “nueva correlación de fuerzas” en los últimos años, a raíz del triunfo electoral de Morales en diciembre de 2005, la aprobación de la Asamblea Constituyente en 2006 y la ratificación del mandatario el 10 de agosto pasado, con 67 por ciento de los votos.

“Son las minorías políticas congresales y regionales las que están obligadas a aceptar y reconocer una mayoría política que define el programa nacional del Ejecutivo”, puntualizó el número dos del gobierno boliviano.