■ Información contenida en el segundo Informe de gobierno de Marcelo Ebrard
En un año, 556 predios expropiados por estar vinculados a actividades delictivas
■ Las acciones oficiales derivaron en 91 solicitudes de amparo de propietarios; 40 fueron negadas
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha expropiado hasta ahora 556 predios, debido a que eran centro de operaciones de la delincuencia organizada, al comercializarse ahí autopartes robadas, piratería, contrabando, drogas o bien practicarse la prostitución o servir como casas de seguridad para secuestros.
Con base en los datos contenidos en el segundo Informe de gobierno de Marcelo Ebrard, esas expropiaciones –realizadas durante el periodo septiembre de 2007 a septiembre de 2008– llevaron a los afectados a solicitar 91 amparos ante juzgados de distrito, de los cuales 40 fueron negados de manera determinante.
Entre los inmuebles que pasaron a ser propiedad de las autoridades capitalinas están el predio de Tenochtitlán 40, Jesús Carranza 33, en el popular barrio de Tepito, y que era uno de los puntos de mayor venta de enervantes; los locales del predio de La Ford, en Iztapalapa, donde se comercializaban autopartes robadas; las viviendas de Eligio Ancona 243 y Sor Juan Inés de la Cruz 108, en la colonia Santa María la Rivera, que cercano a siete escuelas públicas, era el centro de venta de drogas.
Así también están dos plazas comerciales, con 50 locales, de la calle de Costa Rica, centro neurálgico en la venta de piratería y contrabando. A esta lista se agrega el Bar Continental, en la Zona Rosa, lugar de comercialización de estupefacientes y prostitución, y al final están seis predios que eran casas de seguridad donde eran recluidas víctimas de secuestros.
La información oficial del GDF indica que de los 91 amparos tramitados, 23 más están pendientes de que los juzgadores resuelvan de fondo, a la par que otras 14 personas han sido beneficiadas con igual número de esos recursos legales. Dentro de las cifras mencionadas, se indica que hay un paquete de ocho amparos en los cuales se otorgó la suspensión provisional a los querellantes, aunque está pendiente de que se emita una resolución final.
Hay casos como el de cuatro de las seis casas de seguridad en los cuales se solicitó el respectivo amparo, pero debido a que los afectados no comprobaron ser propietarios directos y legales del inmueble, se quedó sin efecto el procedimiento.
Una solución que ha habido con algunos propietarios que obtuvieron la protección de la justicia federal es que entraron a un esquema de negociación con las autoridades locales y lograron, como en el caso de Tenoch 40, que se les pagara sus departamentos, 13 en total, además de siete locales expropiados.