■ Las recomendaciones del organismo nunca fueron atendidas por los panistas

Desde 1992, la CNDH alertó sobre diversas irregularidades al gobierno de Baja California

■ La Mesa padece todos los vicios posibles que impiden la readaptación social, advirtió

Antonio Heras (Corresponsal)

Mexicali, BC, 18 de septiembre. En 1992, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la crítica situación que vivían los reclusos del penal de La Mesa. Doce años después, en 2004, reiteró que esa prisión padecía todos los vicios posibles y enumeró: corrupción de autoridades, autogobierno (que propicia privilegios y cobros indebidos), tráfico de drogas, hacinamiento, alimentación deficiente, falta o insuficiencia de trabajo y actividades educativas, junto a una serie de carencias que no propiciaban la readaptación social. Inclusive, el ombudsman José Luis Soberanes llegó a decir que era uno de los peores penales del país.

El Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana, dependientes de gobiernos locales y municipales, publicado por la CNDH en 2004, reveló que La Mesa era una sumatoria de irregularidades, pese a que desde 1992 se había recomendado una restructuración total, y se habían emitido en los años subsecuentes más recomendaciones, algunas sobre la situación general del penal y otras en torno a casos particulares de tortura y malos tratos. Unas fueron para Ernesto Ruffo, otras para Eugenio Elorduy, ámbos gobernadores de extracción panista.

Es la misma prisión: una época se denominó El Pueblito –porque había reos que vivían ahí con todo y familia–; después todos la conocieron como La Peni de Tijuana –está en plena zona urbana de la ciudad– y ahora es el Centro de Readaptación Social de La Mesa (nombre de la delegación jurisdiccional de la ciudad donde se ubica). Ha cambiado el nombre, pero no la situación interna, según reportan los organismos nacional y estatal de derechos humanos.

El Pueblito

Durante cinco décadas, la cárcel estuvo formada por barracas armadas con madera, lámina y trapos, en las cuales los internos cohabitaban con esposas e hijos, quienes salían a trabajar y regresaban con “el mandado” para hacer la comida, señaló la CNDH.

Conocido entonces como El Pueblito, esta prisión era un referente de los penales mexicanos donde los internos imponían sus leyes y dictaban sus códigos de conducta y honor. Eran las épocas de los maicerones, narcotraficantes que ocupaban las “barracas de lujo” que se ubicaban en la zona sur del inmueble, donde más tarde se construirían los dormitorios de lo que hoy es el penal de La Mesa.

Una especie de autogobierno en una cárcel construida en 1952 para 600 personas y que en los años 90 llegó a albergar a 4 mil 500 internos y recibir hasta 5 mil visitantes diarios, donde “pasaban cosas horribles”, señaló en su momento José Luis Soberanes, presidente de la CNDH.

Una de las primeras recomendaciones emitidas por la comisión fue la de 1990 para que a la brevedad los jueces emitieran sentencias o absolvieran a 500 reos que se encontraban en calidad de indiciados.

El 22 de mayo de 1992 la CNDH recomendó al gobernador, el panista Ernesto Ruffo Appel, reubicar a las personas que sin justificación legal permanecían en ese centro, para lo cual debía otorgarles apoyos, además de concluir la edificación de un penal en Tecate y que se ampliara el espacio de la penitenciaría para contar con nuevos dormitorios y separar a procesados y sentenciados.

Aunque se fijó un plazo de 15 días para la respuesta, los avances fueron paulatinos hasta la desaparición, en 2002, de El Pueblito, que diariamente producía aproximadamente un millón de pesos por actividades lícitas e ilícitas.

Ese año fue destruida la última barraca y con ella la opacidad de una cárcel que se mantuvo durante años, con el argumento de que familias enteras serían separadas.

Fugas, a sangre y fuego

En febrero de 2002, la CNDH hizo una serie de “observaciones” en referencia a conflictos en los centros penitenciarios y el análisis de las recomendaciones que había realizado: “no se ve la intención, voluntad o capacidad de las autoridades responsables para realizar las siguientes acciones: efectuar la reubicación de todas las personas que permanecen en dicho centro sin justificación legal; separación entre procesados y sentenciados; eliminar la sobrepoblación; suprimir privilegios; evitar la posesión de armas por parte de internos, y evitar la introducción, venta y consumo de estupefacientes, sicotrópicos y licor”.

En abril de 2004 un comando de pistoleros, presuntamente de los conocidos como Zetas, liberó a seis reos, entre ellos a Héctor Flores Esquivia, participante de la matanza de El Sauzal, en Ensenada; al policía municipal de Tijuana José Luis Chávez García, quien era jefe de una célula del narco; a Federico Sánchez Zazueta, El 7-7; a Luis Alberto García, El Bolas, y José Ruvalcaba, El Hitler.

Los internos salieron a sangre y fuego una vez que corrompieron a servidores públicos para ingresar pistolas y rifles a la enfermería.

Dos años después se produjo una fuga de pistoleros al servicio de la organización de narcotraficantes encabezada por los hermanos Arellano Félix, quienes se encontraban presos por delitos contra la salud y secuestro.

El 23 de julio de 2004, la CNDH recomendó al entonces gobernador panista Eugenio Elorduy Walther que instruyera al director del penal a “realizar las acciones necesarias a fin de que los internos reciban, a cargo del presupuesto de la institución penitenciaria, alimentación higiénica y de buena calidad para el mantenimiento de su salud”.

Omisiones de custodios, causa de motines: DH estatal

El 2 de abril pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió la recomendación 01/2008 contra la Secretaría de Seguridad Pública del estado para reglamentar la revisión de celdas y pertenencias de internos para evitar omisiones de los custodios.

Según el ombudsman estatal, Francisco Sánchez Corona, tales omisiones provocaron excesos del personal penitenciario y abrieron paso a la tortura como método para obligar la declaración o la delación.

“Esta situación es lo que provocó los motines del domingo y miércoles, aunque la falta de respuesta de las autoridades podría provocar un tercer amotinamiento de los internos en las próximas horas. Ojalá y me equivoque”, comentó.

Esta semana, esta prisión construida para 2 mil personas, albergaba a más de 8 mil.