■ Admite secretario que 80% de habitantes no tiene acceso a instituciones de seguridad social
Oaxaca, lejos de alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud
Ampliar la imagen Clínica de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, comunidad con uno de los mayores índices de pobreza Foto: Marco Peláez
La meta de lograr la cobertura universal de los servicios de salud mediante el Seguro Popular todavía está lejana en entidades como Oaxaca, donde 80 por ciento de la población carece de acceso a instituciones de seguridad social y enfrenta severas carencias y rezagos en la atención de enfermedades, además de que allí se encuentran 58 de los 100 municipios más pobres del país.
El reto es enorme, admite el secretario de Salud estatal, Martín Vásquez Villanueva, quien aunque reconoce que ha habido “comprensión” del gobierno federal dice que las autoridades estatales tienen por delante serios desafíos, entre otros concluir la construcción de 50 nuevas clínicas y hospitales. A la fecha, abunda, se ha terminado apenas 20 por ciento de las obras programadas para garantizar la cobertura médica universal.
También se requiere contratar nuevos médicos y dar capacitación. Todo en los próximos dos años, pues 2010 es el plazo fijado en la Ley General de Salud para cumplir el objetivo de que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios médicos.
Conforme se ha ido avanzando en la afiliación de familias al Seguro Popular, “nos hemos percatado de una serie de deficiencias” adicionales a la insuficiente infraestructura, como que algunas unidades médicas están bajo la responsabilidad de pasantes y que la mortalidad materna en el estado –de las más altas en el país– se debe a la falta de capacitación y pericia de los doctores para atender urgencias.
En entrevista, el funcionario admite que cumplir con la estrategia del Sistema Nacional de Protección Social en Salud “ha sido un continuo reto y vamos avanzando”, pero siempre con nuevas dificultades.
Cuando en 2004 surge el Seguro Popular para Oaxaca simplemente era algo demagógico, inviable, asegurar que se tendría protección universal. El estado únicamente contaba con 17 hospitales (11 generales y seis básicos comunitarios de 12 camas) para atender a la población de 570 municipios. Las unidades médicas carecían de los insumos mínimos, había desabasto de fármacos e insuficiente personal.
Ahora, cuatro años después de que se puso en marcha esa estrategia, se han afiliado 430 mil familias, de un total de 600 mil, que carecen de acceso a la seguridad social. Con los recursos del Seguro Popular se han construido 11 nosocomios, incluido uno de alta especialidad. Todavía faltan otros 50, que deberán estar funcionando en 2010.
Sin embargo, eso es apenas parte del trabajo. Otra tiene que ver con garantizar que en las unidades nuevas exista personal especializado. De entrada, sólo 30 por ciento de las de primer y segundo niveles cuenta con la certificación de calidad que emite el gobierno federal. El funcionario comentó que hay alrededor de 800 centros de salud, y conforme avanza la afiliación “hemos tratado de dotar a los inmuebles de la infraestructura y de los insumos necesarios para recibir a los pacientes”, aún cuando no estén certificados.
Además de la prácticamente inexistente red de servicios médicos, el Seguro Popular se encontró con hospitales sobresaturados que atienden problemas que se deberían resolver en el primer nivel de atención. Actualmente, entre 60 y 70 por ciento de los servicios que se prestan en esas unidades están relacionados con la atención de embarazo y parto.
Así, mientras se termina la edificación de nuevas unidades médicas, entre ellas 15 que serán exclusivamente para la atención de mujeres, no se podrá hablar de cobertura universal ni saber si la inversión en el rubro ha valido la pena, indicó el secretario.
En el ámbito financiero, Vásquez Villanueva destacó que el presupuesto ha tenido un aumento sin precedente. De 100 millones de pesos que se invirtieron en 2004, para este año se dispuso de 2 mil 100 millones, de los cuales mil 340 millones provienen de la Federación y 700 millones corresponden a la aportación estatal.
De ahí sale el dinero para la compra de medicinas, construcción de infraestructura y sueldos de los nuevos trabajadores. “Todo lo nuevo tiene que cubrirse con ese recurso”. Comentó que 99 por ciento de los asegurados está exento del pago de la cuota al Seguro Popular por estar en los deciles de más bajos ingresos.
Sin embargo, advirtió, existe el riesgo de que las entidades federativas caigan en insolvencia, debido a que el reglamento del Seguro Popular establece que hasta 40 por ciento del presupuesto debe utilizarse en el pago de salarios y la regularización de plazas. Para el caso de Oaxaca, esto equivale a que de los mil 340 millones de pesos que corresponden a la aportación solidaria federal y la cuota social, alrededor de 500 millones se destinan al pago de sueldos.
Las prioridades para ejercer los recursos deberían estar enfocadas en la operación y fortalecimiento de los servicios, y no en los salarios, aseveró el funcionario. Recordó que los estados esperan que las autoridades federales cumplan su compromiso de asignar el dinero necesario para salarios y regularización de plazas mediante el ramo 33, del que tradicionalmente ha salido el dinero para esos fines.