Sospechoso relevo de un magistrado
Apenas en mayo de 2007, el Congreso de la Unión ratificó a Alejandro Sánchez Hernández como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) por nueve años, pero ayer el Senado dio entrada a su nuevo nombramiento como cónsul de México en San Juan, Puerto Rico.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ricardo Monreal advirtió que deberán investigar a fondo qué hay detrás de ese nombramiento, toda vez que se trata de uno de los magistrados más cuestionados, ya que durante su gestión como presidente del TFJFA, en el inicio del sexenio de Vicente Fox, se dieron diversas irregularidades, entre ellas el despido de la hija del fundador de ese tribunal, Aurora Cortina.
Por ese caso, dijo, México fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por primera vez en su historia, ese tribunal fue sometido a la jurisdicción internacional.
En general causó extrañeza en el Senado el nuevo nombramiento, ya que los magistrados fiscales son inamovibles y sólo pueden serlo por el Presidente de la República, debido a causas graves.
Ayer en el Senado se valoró que la salida de Sánchez Hernández puede estar relacionada con un amparo que presentó en julio de este año, en contra del actual presidente de ese tribunal, Francisco Cuevas Godínez y del pleno de ese organismo, al que responsabiliza de haber violado la ley, al nombrar una Junta de Gobierno –que funciona de manera similar a la Judicatura en la Suprema Corte– de la que fue excluido.
En marzo de 2007 Felipe Calderón envió al Senado la solicitud para que se ratificara a Sánchez Hernández como magistrado de sala superior del TFJFA, a partir del 15 de ese mes y hasta marzo de 2016. El asunto se rezagó, ya que legisladores de todas las fuerzas políticas fueron informados de su actuación y de la queja interpuesta por Cortina ante la CIDH.
En el documento, al que la CIDH dio entrada, en julio de 2006, la magistrada Cortina detalla que Sánchez Hernández la despidió de su cargo como directora del Instituto de Estudios de Justicia Fiscal y Administrativa, violando su derecho a la libertad de expresión, ya que argumentó que había escrito un artículo contrario al entonces presidente Fox.
En ese artículo, Cortina relata que en su queja lo único que planteaba era crear la carrera judicial y otros modificaciones que luego formaron parte de la Ley Orgánica del TFJFA.