■ “No alcanzó las proyecciones de crecimiento, de recaudación tributaria y tasa inflacionaria”
Fox incumplió las metas económicas en tres años seguidos, revela la revisión legislativa
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados elaboró el proyecto de decreto relativo a la revisión de las cuentas públicas 2002, 2003 y 2004, donde se concluye que la administración del panista Vicente Fox “no alcanzó las proyecciones de crecimiento económico, de recaudación tributaria y tasa inflacionaria” establecidas en los criterios generales de política económica que presentó al Poder Legislativo para el ejercicio fiscal de los años referidos.
El documento considera que los principios de contabilidad gubernamental con mayor irregularidad, durante el gobierno foxista, fueron la escasez de bases de registro y de acatamiento de disposiciones legales; “este tipo de inconsistencias genera distorsiones en el alcance y evaluación de las políticas públicas”.
En los años de referencia, los sectores que presentaron el mayor número de incumplimiento de disposiciones legales fueron el de energía, el ramo 33, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la de Comunicaciones y Transportes.
En ese terreno la cuenta pública muestra que el Ejecutivo Federal, dentro del marco legal entonces vigente, autorizó “nuevamente movimientos y diferencias respecto del presupuesto aprobado por esta soberanía, que causaron impacto en el cumplimiento de metas, principalmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ISSSTE, la SCHP y la Secretaría de la Reforma Agraria”.
Desde entonces Petróleos Mexicanos (Pemex) fue convocada a esclarecer movimientos financieros en torno a los proyectos de inversión de registro diferido en el gasto (Pidiregas):
“Se exhorta a Pemex a integrar dentro de la cuenta pública un documento de carácter técnico que detalle y explique el funcionamiento de los Pidieregas, así como la operación de cada proyecto y sus resultados particulares, que permita realizar un análisis de las proyecciones de los flujos netos –los precios esperados de la venta de los bienes y servicios que se producirán–, complementando así la información que ya se provee”.
En este último caso la Cámara de Diputados advierte que el decreto emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “no releva ninguna responsabilidad civil o penal ni cancela las investigaciones que se realicen en el futuro”. Por tanto se deberán aplicar las sanciones a que haya lugar.
Incluso se establece que “considerando que a marzo de 2008 aún se reportan 32 acciones correctivas en proceso que corresponden a la administración del patrimonio de beneficencia pública, Consejo de la Judicatura Federal, Gobierno del Distrito Federal, gobierno de Jalisco, gobierno de Yucatán, Comisión Federal de Electricidad, Pemex Exploración y Producción, Seguro Social, Instituto Nacional de Migración, ISSSTE, Luz y Fuerza del Centro, Policía Federal Preventiva, Secretaría de Energía y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se exhorta a los sujetos fiscalizados, y en su caso a la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control interno, a que realicen lo necesario hasta su total desahogo, y a la entidad de fiscalización superior para que les dé estricto seguimiento hasta su total conclusión”, añade.