■ El crimen organizado se ha infiltrado en ellas, advierte

Demanda Soberanes “limpiar” las instituciones de seguridad

■ Integran un frente común para vigilar los acuerdos surgidos del CNSP

Víctor Ballinas

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, pidió que “se realice una limpia en todas las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, porque el crimen organizado se ha infiltrado en ellas; mientras eso no se haga, todas las acciones que se emprendan en materia de seguridad serán inútiles”.

Al anunciar ayer la constitución de un frente común entre los organismos públicos de defensa de los derechos humanos –en el que participan 28 comisiones estatales y la CNDH– para vigilar que se cumplan las acciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el ombudsman nacional dijo que si para el primero de diciembre, cuando se cumplan 100 días del acuerdo referido –y dos años del gobierno de Calderón–, no hay resultados de las 75 acciones anunciadas, las comisiones del país “demandaremos su cumplimiento. Si para esa fecha no hay avances sustanciales, que renuncien los funcionarios responsables, y como lo dijo el señor Martí, los que fueron incapaces de cumplir que renuncien y que venga gente capacitada que quiera hacer su trabajo, y no simple y sencillamente tapar todo con el velo de la corrupción”.

Soberanes Fernández dijo que la sociedad tiene una carta muy fuerte, “y ojalá que la haga valer; si para el primero de diciembre próximo no hay avances sustanciales, que renuncien”, insistió.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman nacional dio a conocer la conformación de un frente nacional para evaluar de manera ordenada y sistemática los avances en esas 75 acciones anunciadas por el Ejecutivo, y precisó que para que tengan efectividad y se abata la impunidad, primero deben limpiar su casa. “Las bandas del crimen organizado se han apoderado de muchas de estas instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, y mientras no se haga una limpia de esos malos elementos todo lo demás será inútil. El Estado tiene que empezar limpiando la casa, haciendo de éste un ejercicio efectivo y no solamente dar placebos, haciendo como que se hace, o sea, una plena simulación de lo que es o debe ser; debe hacer una corrección a estos temas tan importantes”.

A su vez, el primer visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, presentó un diagnóstico sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública. Subrayó que la cifra real de incidencia de delitos en el país alcanza los 12 millones anuales y sólo se denuncian 1.5 millones. Abundó que en los últimos años las cifra negra en la que coinciden las encuestadoras es que sólo se denuncia uno de cada ocho delitos, y existen cerca de 400 mil órdenes de aprehensión que continúan pendientes de ejecutarse, lo cual es una muestra de que con cada orden de aprehensión pendiente los responsables de un delito continúan llevando a cabo sus fechorías.

Plascencia aseguró que se hace necesario llevar a cabo una reingeniería institucional, que se plantee hacer mucho más de lo que hoy se hace, con los recursos existentes, que son miles de millones de pesos; tan sólo sumando los correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República ascienden a 30 mil millones de pesos. Los resultados en la materia no se corresponden con un incremento sustancial que se ha registrado año con año al presupuesto de seguridad pública.

Mientras, Soberanes Fernández sostuvo que los titulares de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos “tenemos el mandato constitucional y legal para escrutar y exigir el cumplimiento del acuerdo mencionado, además de que nosotros lo vemos como una obligación ética. Pensamos, y así lo afirmamos, que la primera causa de la descomposición de la seguridad pública lo constituye la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”.

El titular de la CNDH demandó que se reforme y adicione el artículo 102 constitucional para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados “creen organismos que investiguen a los policías y funcionarios de procuración de justicia involucrados y/o acusados en delitos, porque no puede continuar la situación como hasta hoy, en donde la propia procuraduría investiga a los policías delictivos”.

Subrayó: “Es momento de que saquemos la investigación de los policías involucrados en ilícitos y la única forma de hacerlo es creando organismos independientes de las propias procuradurías; ello implicaría un rediseño, pero la causa bien vale la pena”.

Finalmente preguntó: “¿Qué hace el Estado con los 30 mil millones de pesos que recibe anualmente para seguridad pública?, ¿qué ha hecho con lo que ha recibido en los últimos 10 años en esta materia?, ¿se ha limitado a comprar vehículos y edificios o se ha ido a fondo?”