■ No prosperó denuncia en su contra presentada por ex funcionario de la Femospp

Rechaza la PGR ejercitar acción penal contra el ex fiscal Ignacio Carrillo Prieto

Alfredo Méndez

La denuncia que el 22 de agosto de 2005 presentó César Augusto Osorio y Nieto, ex director de investigaciones ministeriales de la disuelta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), contra Ignacio Carrillo Prieto, ex titular de esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR), no prosperó.

Después de tres años de investigaciones, la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR concluyó la integración de la averiguación previa 307/DGDCSPI/05, en la que se acusó a Carrillo Prieto de incurrir en el delito de abuso de autoridad.

Según consta en un oficio fechado el pasado 11 de junio y signado por la agente del Ministerio Publico de la Federación titular de la mesa II-DGDCSPI, Socorro Pérez y López, se notificó ese día al querellante “la consulta del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa instruida en contra de Carrillo Prieto y quien resulte responsable, por la probable comisión de abuso de autoridad”.

El ex fiscal ordenó a sus subalternos que ya no dejaran laborar en la Femospp a Osorio y Nieto, según señaló éste en su denuncia. El querellante fungió como encargado en la investigación de los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

El acusador dijo a La Jornada el 12 de octubre pasado que “en la averiguación previa se señala que Ignacio Carrillo trató de incidir para que en el pliego de consignación se incluyera un total de 25 personas como presuntos responsables de la matanza sin tener elementos de prueba. Como me negué a eso, vino el cese ilegal en mi trabajo”.

Osorio y Nieto tiene la posibilidad de inconformarse mediante una demanda de amparo, pero la PGR le negó copia de las actuaciones ministeriales, a la cual tiene derecho por ser el querellante.

Técnicamente, el no ejercicio de la acción penal significa que la PGR no logró comprobar la probable responsabilidad del inculpado en el delito de abuso de autoridad, por lo que optó por no solicitar a un juez federal la orden de aprehensión que hubiera llevado al ex fiscal a enfrentar un proceso de carácter penal.

Sin embargo, la averiguación previa PGR/307/DGDCSPI/05 no es la única que se inició en contra de Carrillo, pues hay por lo menos otras dos en trámite.

Una de las indagatorias deriva de una denuncia penal que presentó Miguel Nazar Haro y otra de una demanda que interpuso el capitán Luis de la Barreda Moreno, quien murió hace cuatro meses.

Ambos ex titulares de la disuelta Dirección Federal de Seguridad imputaron a quien fue su acusador los delitos de falsificación de testigos, ejercicio indebido y abuso de autoridad.

Tanto Nazar Haro como De la Barreda fueron acusados por Carrillo Prieto de desapariciones forzadas de guerrilleros, pero terminaron absueltos por falta de pruebas para procesarlos.

La procuraduría otorgó al denunciante un plazo de ley de 15 días hábiles para que, en su caso, se inconformara con la determinación ministerial.