■ Acciones concretas, no fotografías y discursos, exigen activistas, académicos y religiosos
El escepticismo domina las reacciones
■ Piden superar las diferencias ideológicas para afrontar la grave crisis por inseguridad pública
Académicos y activistas sociales afirmaron que el combate contra la inseguridad y la delincuencia debe ir más allá de discursos y fotos oficiales, pues sólo con acciones concretas se podrán alcanzar resultados que beneficien a la sociedad, luego de que se dieran a conocer los acuerdos alcanzados en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.
En tanto, Manuel Espino, ex dirigente del PAN, consideró tardía la reunión del consejo, al afirmar que no era necesario que hubiera tantas muertes para reaccionar ante la demanda de seguridad de los mexicanos.
Reconoció que algo no ha funcionado en la lucha contra el crimen organizado y es atribuible a todos los órdenes de gobierno. “No había coordinación. Se dio muy bien ayer en Palacio Nacional, pero se antoja tardía. Ojalá sea eficaz”, enfatizó.
Por su parte, representantes de diversas iglesias, tanto católicas como evangélicas, se congratularon de la reunión y los acuerdos alcanzados, y expresaron su confianza en que sean realmente superadas las “mezquindades y diferencias ideológicas” entre los actores políticos en bien de la sociedad, la cual se encuentra muy agraviada por la violencia, la injusticia y la impunidad.
En entrevista por separado, Rosario Ibarra de Piedra consideró que la reunión del consejo debe ser un instrumento que sirva para beneficio de la ciudadanía y no sólo un acto para exhibir la foto mediática y el discurso no aplicado.
Aseguró que los funcionarios públicos deben salir de sus oficinas para escuchar a la gente y con ello resolver sus problemáticas.
Agregó que los discursos son sólo papel, por lo que los funcionarios deben emprender acciones que verdaderamente resuelvan la problemática.
Guillermo Zepeda, experto en seguridad pública y catedrático del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, afirmó que en México el margen de impunidad es de 98.7 por ciento, por lo que sólo uno de cada diez delincuentes es detenido y llevado ante un juez.
Afirmó que no será con reuniones nacionales de funcionarios públicos como se solucionará el problema de la criminalidad, sino mediante el desarrollo de políticas anticrimen focalizadas y la mejora de la calidad de las agencias del Ministerio Público.
“Si analizamos los datos de nuestra encuesta, sólo 22 por ciento del millón 700 mil delitos denunciados de enero a la fecha son los de alto impacto, como secuestro, homicidio, violación o delincuencia organizada, pero son estos actos ilícitos, sin embargo, los que contribuyen a la percepción de inseguridad de la ciudadanía”.
Por su parte, el presbítero Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis primada de México, destacó el hecho de haber incluido la prevención como un tema esencial para resolver esta crisis de inseguridad y violencia, pero advirtió que debe ser tomada en cuenta la participación activa de la sociedad y de los medios de comunicación, donde las iglesias también tienen un papel importante que jugar.
En tanto, el pastor Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, calificó de positivo que se reconociera errores del pasado y que el problema se ha convertido en un asunto de Estado.
En materia de seguridad, agregó, todos los niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión tienen una enorme deuda con la sociedad mexicana. Pidió poner especial atención en la depuración de los cuerpos policiacos, pues hasta ahora se ha demostrado que en todos los niveles están infiltrados por el crimen organizado.
Por lo que respecta a la pena de muerte a secuestradores, el presidente de Convergencia, Luis Maldonado, afirmó que es “bizantino” discutir su aplicación, toda vez que México firmó, desde hace 43 años, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que compromete a las naciones que la suscriben a no restablecer el castigo capital una vez que ha sido abolido, lo que sucedió en México en abril de 2005.
En tanto, Alberto Begné Guerra, presidente del Partido Socialdemócrata, rechazó su aplicación, pues afirmó que la defensa de esta condena responde a una posición propia de la derecha y es un “recurso oportunista” que no va al fondo del asunto del secuestro.