■ Instan senadores a crear un centro de inteligencia con información de todas las policías
Sólo apoyarán las “propuestas serias” en materia de seguridad, advierten priístas
■ Plantean diputados un instituto de prevención del delito que determine la política de Estado
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Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones, durante la sesión plenaria de los senadores del PRI en Aguascalientes
Foto: Notimex
Los grupos parlamentarios del PRI en las cámaras de Senadores y de Diputados advirtieron que sólo apoyarán propuestas serias para combatir la delincuencia organizada y evitarán “acciones coyunturales o simplemente mediáticas”. Asimismo, acordaron impulsar un marco jurídico que ayude a frenar la violencia y la criminalidad.
En la capital de Aguascalientes, los senadores propusieron la creación de un centro de inteligencia que concentre toda la información sobre los integrantes de los cuerpos policiacos.
En tanto, al concluir la reunión de los diputados priístas en Ixtapan de la Sal, estado de México, el coordinador Emilio Gamboa y el presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, César Camacho, explicaron que “tardíamente fueron convidados, vía fax”, a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que no se adherirían a un documento que acababan de conocer.
Los senadores del PRI iniciaron ayer su reunión plenaria en Aguascalientes, previa al periodo ordinario de sesiones, que arranca el primero de septiembre, y dedicaron más de cuatro horas al análisis de la inseguridad.
El coordinador Manlio Fabio Beltrones reiteró las críticas formuladas en días recientes al gobierno de Felipe Calderón, porque, consideró, sus políticas para abatir la criminalidad son “notoriamente insuficientes y carentes de una estrategia integral y eficiente”.
Acordaron que dada la gravedad del tema, emprenderán “un esfuerzo legislativo” para ofrecer una solución de fondo en materia de inseguridad y crimen organizado. Presentarán una iniciativa de ley antisecuestros, que federaliza ese delito, además de que plantearon crear un cuerpo especializado para combatir en forma eficiente ese crimen y obligar a que se destinen más recursos económicos, tecnológicos y de capacitación para prevenirlo.
Los senadores reiteraron que no avalarán la aplicación de la cadena perpetua para secuestradores, pero modificarán el Código Penal Federal con el propósito de que ningún delincuente que reincida pueda beneficiarse de la reducción de condenas.
Plantearon crear un centro de inteligencia con autonomía técnica para generar y administrar información de datos personales de los integrantes de los cuerpos policiacos, como su desempeño y situación económica, huellas dactilares, registro vehicular y de armas, y telefonía móvil, entre otros. Esta información podrá ser compartida con las autoridades de procuración de justicia.
Por su parte, los diputados acordaron impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa de ley para crear el instituto nacional de prevención del delito, como instancia que determine la política de Estado en la materia, “que vaya más allá de la reacción tardía e ineficaz”, lo que en la actualidad provoca que más de 90 por ciento de delitos no se castiguen.
El diputado Camacho Quiroz, responsable del proyecto, destacó que el Ejecutivo federal tiene como plazo el próximo 18 de diciembre para expedir la nueva Ley de Seguridad Pública. Señaló que impulsarán reformas para eliminar el beneficio que tienen los familiares de delincuentes de no denunciarlos, y se aplicarán de tres a seis años de cárcel a quien al tener conocimiento de las actividades de los criminales no ponga en conocimiento de la autoridad esa circunstancia, porque serán considerados copartícipes del delito.
Los diputados priístas se comprometieron a incrementar sustancialmente los “miserables” sueldos que ganan los policías en todo el país: “No podemos, los diputados, tomar las armas y las metralletas y salir a las calles, pero sí tenemos leyes con que podemos apretar y duro”, expuso Francisco Bedolla.
Los priístas de ambas cámaras dieron prioridad en su agenda a la legislación secundaria que permitirá poner en marcha las disposiciones en materia de justicia y seguridad contenidas en la reciente reforma constitucional. Se trata de cambios a los códigos penales y otras leyes que determinan la extinción del dominio, perfeccionar el arraigo y el cateo, entre otras.