■ Los ministros debemos enviarle ese mensaje a la sociedad, expresa Ortiz Mayagoitia

Garantiza la SCJN dar cauce a impugnaciones derivadas del Acuerdo Nacional por la Seguridad

■ Pide Santiago Creel identificar con precisión las responsabilidades que tiene cada autoridad

Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Claudia Herrera

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló que es muy importante “velar por nuestras libertades constitucionales” y enviar un mensaje a la sociedad de que las acciones de gobierno pueden ser objeto de alguna impugnación.

Durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), donde se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, el ministro de la SCJN indicó que toca “al Poder Judicial de la Federación resolver con apego a derecho” las inconformidades que se deriven de las acciones establecidas en ese pacto.

En el acto realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en el que participaron representantes de los tres poderes de la Unión, así como los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Santiago Creel Miranda, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, advirtió que “no habrá forma de ganarle la batalla a los delincuentes” si no se identifica con “precisión las responsabilidades que cada autoridad tiene”, particularmente en materia de seguridad pública.

En ese contexto, se debe mencionar que tanto el Poder Judicial como el Legislativo dieron a conocer los compromisos que asume cada uno para mejorar la seguridad en el país.

El ministro Ortiz Mayagoitia indicó que son diez los compromisos asumidos por los encargados de impartir justicia, entre ellos, “transparentar aún más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de sus titulares, mediante indicadores de desempeño a los que tendrá acceso la sociedad”; instalar nuevos juzgados y tribunales federales en los circuitos con mayor carga de trabajo; establecer juzgados especializados en medidas cautelares, los llamados juzgados de control, con jurisdicción en toda la República, para responder ágilmente a las solicitudes de órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones.

El PJF también se comprometió a fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados en materia penal, para evitar que amenazas y la violencia afecten sus decisiones, por lo que se contará con “herramientas y servicios de protección, para salvaguardar su integridad física y su labor”, y también a fortalecer los mecanismos de selección de impartidores de justicia.

De la misma manera, Ortiz Mayagoitia indicó que se mejorará el control de los procesados y para ello se instalará en todo el país un sistema biométrico para el control de aquellos presuntos delincuentes sujetos a proceso penal en libertad bajo fianza.

En tanto, los compromisos del Poder Legislativo fueron dados a conocer por el senador Creel Miranda y la diputada perredista Ruth Zavaleta.

En ese sentido, el senador panista explicó que los legisladores se comprometieron a “dictaminar y en su caso votar las iniciativas presentadas o que se presenten antes de octubre de este año, que estén vinculadas a la reciente reforma aprobada en materia de seguridad y justicia”, y expuso que dicha modificación constitucional no solamente plantea cambios jurídicos fundamentales, sino además abona para la creación de una nueva cultura de la legalidad, “prevé que los procesos penales sean acusatorios y orales, un cambio sin duda radical en la manera de administrar justicia en este país”.

Organizaciones y medios firman el acuerdo

Durante el acto, también firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad Gonzalo Leaño, integrante de la Asociación Mexicana de Editores; Salvador Villalobos Gómez, del Consejo de la Comunicación; Alejandro Puente, de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones (Canitec), y Enrique Pereda Gómez, de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión.

También signaron el documento Francisco González Albunerne, Juan Francisco Ealy, Ricardo Medina, Rogelio Cárdenas, Naim Libien, Luis Alberto Vidal y Carlos Flores Núñez, directivos de diversos medios de comunicación.

Los medios se comprometieron a incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, la prevención y atención de adicciones, de la seguridad y la denuncia, y a definir y publicar estándares de actuación profesional en su cobertura informativa que eviten hacer apología del delito, respeten la dignidad de las víctimas y evite la difusión de información que ponga en riesgo a familiares y personas cercanas a las víctimas de un ilícito.