Dinero
■ ¿Expropiación o salvavidas?
■ Acuerdo nacional entre apachurrones
■ Alcalde contratista
Dicen los que saben que lo mejor que pudo sucederle al regiomontano Lorenzo Zambrano fue que el presidente Chávez expropiara su cementera venezolana. Ya llevó el asunto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –un tribunal privado que depende del Banco Mundial, cuyas funciones son de conciliación y arbitraje. Como otras cementeras, Cemex enfrenta un problema: la demanda de sus productos está a la baja debido a la crisis de las hipotecas que ha golpeado rudamente a la vivienda y, por añadidura, la crisis financiera global. ‘Esta semana –dice Sean Walters, analista de The Wall Street Journal– Cemex ha pescado otro dolor de cabeza cuando el gobierno de Venezuela nacionalizó el pequeño negocio que tiene allá’. Sin embargo, sus socios deben estar más preocupados por su enorme, compleja deuda. La situación de la compañía regia se complicó a partir de los 15 mil 300 millones de dólares que pidió prestados la pasada primavera para la adquisición de la compañía australiana Rinker –sus operaciones están enfocadas a Florida, Nevada y Arizona. Cemex pagó justo antes de que estallara la crisis hipotecaria. Así que la expropiación le cae como regalo del cielo a Zambrano, uno de los empresarios más astutos y experimentados del país. Tendrá que indemnizarlo el presidente de un país petrolero que chorrea dólares hasta por las orejas.
Revocación de mandato
En un extenso reportaje publicado a mitad de julio pasado por The New York Times, titulado ‘La larga guerra de Genaro García Luna’, narración de la cual el protagonista, por supuesto, es el secretario de Seguridad Pública, su autor Anthony Suau dice lo siguiente: “Hasta fecha reciente, sin embargo, los pactos entre el gobierno y los cárteles de la droga, hablados o no hablados, fueron la norma. La mayor parte del siglo XX, México fue gobernado por el PRI. Este partido fue autoritario y corrupto, pero sus tratos ofrecieron ciertas ventajas en la relación con el tráfico de drogas. El poder político fue centralizado. Para un cártel, comprar a una figura importante del PRI fue suficiente garantía para dominar una parte del territorio. A cambio, el cártel tenía que mantener los asesinatos a un nivel tolerable y permanecer fuera de los terrenos controlados por otros capos. Habiendo aceptado la existencia del comercio de drogas, el gobierno pudo actuar como un árbitro y tener bajo ciertos límites la violencia. Esos arreglos son a los que García Luna se refiere como ‘las leyes históricas de la corrupción’ y esas son precisamente las que él tiene como objetivo romper”. Nunca aclaró el secretario de Seguridad si lo escrito por el periodista estadunidense se basó en información que le proporcionó a lo largo de la extensa entrevista. Los actuales jefes del príismo –don Beltrone, Betty Paredi y don Gamboani– apechugaron el golpe pero esperaron el momento del desquite. En vísperas de la cumbre de seguridad de ayer, con distintas palabras, expresaron que Calderón debe empezar por reconocer que ha fallado su estrategia de seguridad pública. Por su lado, Marcelo Ebrard fue más allá: propuso que se instituya la revocación del mandato, una figura jurídica por la cual la ciudadanía puede destituir a un funcionario de elección popular que no haga bien su trabajo. ¿Ustedes creen que con tantos apachurrones irá a salir algo bueno del acuerdo por la seguridad? Me quedo con lo que dijo Alejandro Martí: si no pueden con el paquete, renuncien.
e@Vox Populi
Asunto: los trabajadores de Inegi
En su columna del miércoles anterior del periódico La Jornada hace referencia a una Coalición de Trabajadores del Inegi, por lo que me permito comentarle que:
1. La llamada Coalición de Trabajadores del Inegi no es de trabajadores del instituto, sino de ex trabajadores que no pertenecen al mismo desde hace más de siete años.
2. Por lo anterior, de ninguna manera representan postura alguna del organismo ante el tema citado u otros temas de los cuales hagan mención.
Lic. Marta Cabrera García
Directora de Comunicación Social del Inegi
R: Querida Marta: el Inegi es tema que concierne a todos los mexicanos y nos preocupa que vaya a quedar en manos de un presunto usurpador. ¿Por qué no podrían opinar, entonces, un grupo de trabajadores, o ex trabajadores, como usted dice? Hablaron por ellos mismos, no por el instituto.
Asunto: alcalde contratista
La ola privatizadora panista ha llegado al municipio de Tlalnepantla. El presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez, anunció la privatización del servicio de recolección de basura, dándolo en concesión por 21 años a una empresa privada, a espaldas de los habitantes de este municipio, ya que debió hacer una consulta para saber si estamos de acuerdo. Durante 33 años que he vivido en este municipio el servicio que otorga el ayuntamiento ha sido eficiente. Bajo el pretexto de falta de liquidez del ayuntamiento, se privatiza liquidando a cerca de 600 trabajadores, de los cuales 320 son sindicalizados y el resto no tiene ninguna prestación.
Enrique Pérez Turrent/Tlalnepantla
R: Privatización es sólo un nombre convencional que se da al atraco. ¿Son familiares o amigos del alcalde los concesionarios?