■ En el DF, cumplimiento o revocación de mandato, afirma Ebrard
Respetar lo acordado requiere de más recursos: gobernadores
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, aceptó el reto que lanzó el empresario Alejandro Martí, en el sentido de que renuncien a su cargo aquellos funcionarios que no puedan o no cumplan con su responsabilidad en la lucha contra la delincuencia.
“Por lo menos en lo que hace al Distrito Federal, yo sí acepto el reto, en el sentido de que debemos cumplir los compromisos (…) debemos mejorar sustancialmente la seguridad en nuestra ciudad, y que si no, como en el caso del Distrito Federal hay procedimiento ya establecido de revocación de mandato, pues que proceda”, expresó durante su participación en la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Más cautos, los gobernadores de Oaxaca y del estado de México, Ulises Ruiz y Enrique Peña Nieto, respectivamente, respondieron –en entrevista posterior– que las entidades han colaborado con todos los programas para mejorar la seguridad.
“Estamos haciendo un esfuerzo muy importante; lamentamos mucho la muerte del hijo de Alejandro. Nosotros seguiremos haciendo los esfuerzos”, dijo el mandatario oaxaqueño.
Al sumarse al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, por ser –dijo– un buen documento con fechas y compromisos públicos específicos y verificables, Ebrard y los mandatarios estatales en general advirtieron que el cumplimiento de los 75 puntos que integran ese acuerdo sólo será posible con la dotación de un presupuesto suficiente.
En este contexto, Eduardo Bours, gobernador de Sonora y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dejó en claro que no podrán asumir nuevos y mayores compromisos si no hay un respaldo económico suficiente.
“Programas sin los recursos que los sustenten es mera demagogia. La gente no quiere palabras o catálogo de buenas intenciones, sino exige resultados”, advirtió al tomar la palabra en la ceremonia realizada ayer en Palacio Nacional.
Bours Castelo destacó que si bien es útil la coordinación entre los tres niveles de gobierno, al ciudadano poco le importa a qué instancia le compete atenderlo, porque su reclamo es justicia, seguridad y vivir en paz.
Recordó que la Conago entregó hace 18 meses al presidente Felipe Calderón, al Congreso y al Poder Judicial un documento en el que incorporan propuestas de coordinación y compromisos para combatir al crimen organizado, así como los planteamientos de la sociedad civil, de ahí que en la víspera los gobernadores hicieron una evaluación de los avances y retos del texto en referencia, entregado en enero de 2007.
En la definición del acuerdo en referencia, agregó, nos reunimos en respuesta al justo reclamo de la sociedad y en plena disposición para coordinar voluntades, “sin sacarle la vuelta, cerrar filas sin regatear compromisos, sin eludir responsabilidades”. Sin embargo, insistió en que la simple firma de un acuerdo no resuelve por sí misma el grave problema de inseguridad y violencia en el país, “es decir, los gobernadores entendemos que lo que hoy suscribimos es un medio y nunca un fin, toda vez que es necesario profundizar en el combate a la impunidad y la corrupción”.
Enseguida, el jefe de Gobierno capitalino manifestó su confianza en alcanzar cada uno de los puntos comprometidos y, sobre todo, evitar que más ciudadanos sufran las acciones perpetradas por los delincuentes.
Dijo que el texto en referencia incluye las propuestas de los estados y el Distrito Federal, aunque subrayó que será necesario contar, a partir del próximo año, con presupuesto suficiente para alcanzar las metas y, de esta forma, entregar apoyos, becas y orientación a los jóvenes.
“Dicho de otro modo, tenemos que adoptar una generación para ganar esta guerra”, expresó ante los firmantes del acuerdo de 75 puntos, cuyo eje es lograr una estrategia conjunta de todo el gobierno y la sociedad en materia de seguridad y justicia.
Ebrard pidió a los presentes hacer un esfuerzo adicional para atender a los jóvenes, sector que cada vez se involucra más en actos ilícitos y en adicciones, justo donde se va a ganar o perder la batalla.
En su turno, Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos, dijo que las próximas cuatro semanas se llevará a cabo una nueva reunión del CNSP para hacer precisiones y un seguimiento específico al acuerdo signado.
Por otra parte, en breve entrevista, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, detalló que este pacto es un primer paso para recuperar la paz y la tranquilidad para todos los mexicanos, y dijo que la dependencia a su cargo trabajará para que se concreten los acuerdos y sirvan para dar mejores resultados.
Asimismo, como integrante de la sociedad civil, la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, convocó a los integrantes del consejo para que se reúnan de nueva cuenta en cien días y se revise el cumplimiento de los acuerdos suscritos.
“Quisiera creerles”
Con un “ya basta” instó a que este acuerdo no sea sólo para tomarse la foto o una salida temporal a la presión social por la inseguridad, y aunque dijo que le gustaría creer en las autoridades, “la desidia, la ineficacia y la demagogia con la que se conducen algunos hacen que cada día estemos más decepcionados de la política y de los políticos”.
A su vez, Roberto Campa, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que hoy más que nunca se debe consolidar a este sector como una política de Estado que convoque a todos –autoridades y sociedad– y los una en un frente común contra la violencia y la criminalidad. Esa causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas y sociales, porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos.