■ Será respuesta de Estado con compromisos concretos y verificables

El acuerdo no quedará en carta de buenas intenciones: Calderón

■ En el avance de la criminalidad todos somos responsables, reconoce

Claudia Herrera, Fabiola Martínez y Gustavo Castillo

El presidente Felipe Calderón reconoció que además de los errores propios y omisiones, México padece la consecuencia de muchos años de indolencia o corrupción, por lo que prometió que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no quedará en una “carta de buenas intenciones”, sino en una respuesta de Estado con compromisos concretos y verificables.

Al abrir la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo planteó las directrices del acuerdo que se signaría a la postre y reconoció que en el avance de la criminalidad “todos somos responsables”.

Ante los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, del gabinete, de organismos autónomos, de la sociedad civil, de sindicatos y organizaciones religiosas, Calderón Hinojosa hizo un llamado a la unidad y a la participación de todos, porque sólo de esa forma se podrá ganar la guerra a la delincuencia.

Previo a la sesión, el panista comió en privado con todos los gobernadores –convivio al que no asistió el jefe de Gobierno del Distrito Federal– en el salón comedor de Palacio Nacional. Ahí se hicieron los últimos ajustes al acuerdo.

Luego, ubicado al centro de una mesa en forma de herradura, emplazada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en el que se congregaron los asistentes, el Presidente comenzó por plantear que hay un reclamo de justicia para que las autoridades pongan freno definitivo a la delincuencia en todas sus modalidades. “Es una realidad ante la cual no podemos cerrar los ojos”, les dijo.

Y señaló que el cáncer de la criminalidad, ignorado en su génesis y desarrollo por largo tiempo, ahora amenaza el bienestar y el futuro de las familias y es un desafío para la viabilidad misma de la convivencia pacífica de los ciudadanos.

Sin embargo, después matizó sus señalamientos y dijo que no se trata de mirar al pasado para encontrar culpables de nuestros males presentes o de buscar entre nosotros culpabilidades recíprocas, que entiendan como ajenas.

Tras defender la reciente reforma en materia de justicia penal, dijo que ésta permitirá que los tres órdenes de gobierno y los poderes de la Unión asuman la “guerra frontal” contra la delincuencia como lo que debe ser: un asunto de Estado, de seguridad nacional, porque frente a la tentación de ignorar o minimizar el problema de la inseguridad pública, deben optar claramente por reconocerlo y encararlo con determinación.

De hecho, Calderón hizo un largo mea culpa, pues admitió que la impunidad se debe, entre otras causas, a la incapacidad de las autoridades para realizar una investigación de los delitos, sea por falta de preparación, de recursos o por falta de compromiso verdadero, y también por el encubrimiento de cuerpos policiacos y servidores públicos.

Ya basta

Por eso, dijo, es fundamental que el “ya basta”, expresado por la ciudadanía, lo sepan traducir en acciones concretas que restituyan la confianza en las autoridades y en las policías encargadas de cuidarlos.

Así planteó la necesidad de trazar una estrategia que permita recuperar, en favor del Estado mexicano, el control territorial en las zonas asoladas por las bandas de delincuentes, y expuso que es fundamental adoptar un nuevo modelo policial para que haya guardianes que cuiden a los ciudadanos y no a los delincuentes, y que el Estado se provea de todos los instrumentos que le permitan adquirir superioridad técnica, logística, armamento. Desde su perspectiva, lo central es avanzar en consolidar el Sistema Único de Información Criminalística.

Un elemento clave que ha estado ausente, dijo, es la participación de los ciudadanos. Por eso planteó que deben ocupar un espacio, que además reclaman y no se les ha proporcionado adecuadamente, para convertirse en vigilantes de los policías.

Se congratuló de que el acuerdo proponga la creación de un observatorio ciudadano que establezca mecanismos de seguimiento y evaluación de este compromiso, para que sea la sociedad misma la que vigile su cumplimiento y sancione sus acciones.

También consideró que esta estrategia no puede ser un conjunto de actos caprichosos, inconexos o aislados, mucho menos ser un proyecto que obedezca a intereses o prejuicios regionales o partidistas.

Se refirió en especial al papel que deberán jugar los medios de comunicación en esta tarea y dijo que deberán permitir que los contenidos que difunden fortalezcan la cultura del respeto a la legalidad, de la denuncia y de la prevención del delito, y eviten también difusión de programas que hagan apología del mismo.

Más allá de divisiones de competencia, emplazó a todos los actores a unirse en lo esencial, que es enfrentar de raíz la espiral de violencia que ha envuelto de miedo a muchas comunidades. En esta línea, sostuvo que las autoridades no pueden ni deben renunciar o retroceder ante quienes amenazan la seguridad de la ciudadanía.

Tanto en ese discurso, como en su breve intervención para cerrar los trabajos del consejo, hizo votos porque ese sea el principio de un “gran esfuerzo nacional, gran esfuerzo de Estado” para garantizar la seguridad de los mexicanos, e informó que giró instrucciones para que la siguiente sesión del consejo se dé en un plazo de 30 días