■ Al menos seis ministros convalidarían las reformas de la ALDF
Se configura en la Corte mayoría en favor del cese legal de gravidez
■ Prepara postura en el sentido de que se debe fortalecer el Estado laico
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Imagen de junio de 2007 captada en la glorieta del Ángel de la Independencia, donde se realizó un foro en el que se expusieron los temas aborto y derechos de la comunidad LGBT
Foto: Roberto García Ortiz
Inicialmente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideran que es constitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación se preocuparon por reunir al menos cuatro votos para evitar la anulación de las reformas en la materia aprobadas por los legisladores capitalinos; en cambio ahora, a unos días de que se inicie la discusión pública del asunto, ya se configura en el pleno una mayoría a favor de la interrupción legal del embarazo.
Trascendió lo anterior en el máximo tribunal de justicia del país, en donde fuentes judiciales de primer nivel aseguraron que quienes apoyan la validez de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal que permiten el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación están convencidos de que la Corte debe enviar a la sociedad un mensaje claro a favor del fortalecimiento del Estado laico en México.
En este contexto, se dijo que cada uno de los 11 ministros que integran el pleno elabora, con el apoyo de sus colaboradores más cercanos, la postura jurídica que defenderá a partir del próximo lunes 25 de agosto, cuando se analicen en sesión pública las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del aborto voluntario.
Si bien cada ministro afina la forma en que abordará el tema, las fuentes consultadas señalaron que en un hecho poco común, los cinco ministros que integran la primera sala –José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza, Sergio Valls Hernández y José de Jesús Gudiño Pelayo–, la cual tiene que ver con asuntos penales y civiles, están a favor de convalidar la reforma aprobada el 24 de abril de 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
También se afirma que Genaro Góngora Pimentel, quien pertenece a la segunda sala, está a favor de la constitucionalidad de la interrupción del embarazo en los términos establecidos en la legislación capitalina; incluso, no se descarta que otro ministro se sume de última hora a esta postura.
Cada uno, desde una perspectiva diferente, coincide en que el proyecto de dictamen, elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, no contiene una argumentación jurídica “sólida” para invalidar las normas impugnadas.
En cambio, ha trascendido en el seno del máximo tribunal que la argumentación a favor de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación gira en torno al hecho de que la Constitución marca que es atribución de los diputados locales (en este caso los del Distrito Federal) legislar en materia de política criminal. Y decidir si sancionan o no conductas criminales en determinadas situaciones, como es el caso de la despenalización del aborto.
En este contexto, la mayoría que se está conformando a favor de las reformas referidas considera que la ALDF sí puede legislar en materia penal y sus integrantes también pueden decidir si excluyen el delito del aborto voluntario bajo determinadas circunstancias.