■ “Hasta los alcohólicos que buscan rehabilitarse admiten su problema”
Pide Beltrones se reconozca el fracaso en materia de seguridad
■ La fracción del PRI en el Senado inicia hoy su reunión plenaria
La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República iniciará hoy su reunión plenaria, previa al periodo ordinario de sesiones de septiembre, con el tema de la seguridad pública como prioritario. Concretarán, incluso, la ley federal antisecuestros, que aglutinará “todas las propuestas inteligentes” presentadas hasta el momento, adelantó el coordinador Manlio Fabio Beltrones.
Ayer, en conferencia de prensa, el priísta sonorense arreció sus críticas al gobierno de Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional (PAN). Dijo que ojalá la reunión de hoy del Consejo Nacional de Seguridad Pública “no sea nada más un torneo de ocurrencias” y demandó reconocer el “fracaso total” de su estrategia en el combate a la delincuencia organizada.
“Hasta los alcohólicos que requieren rehabilitarse comienzan por admitir el problema, de tal suerte que les permite tomar las medidas necesarias para solucionarlo”, agregó Beltrones, y preguntó a los panistas que se quejan del desastre que encontraron en materia de seguridad pública y de procuración de justicia, “por qué contrataron a los mismos que fallaron en el tiempo de Vicente Fox”.
Respecto de las afirmaciones del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quienes sostuvieron que se pretende lucrar con fines políticos en torno al problema de la criminalidad, Beltrones respondió que decepciona que en lugar de asumir errores se descalifique a quien denuncia a las autoridades que no cumplen con su trabajo.
No es hora, insistió el senador por Sonora, “de andar dándole vuelta a las responsabilidades, sino de asumirlas directamente, y al gobierno federal, al Ejecutivo, le toca hacer frente a ese delicado problema. Que nos diga qué necesita”.
Beltrones consideró que es “bastante superficial” que Calderón insista sólo en el tema de cadena perpetua para secuestradores, aunque de todas formas lo discutirán en la reunión plenaria que este jueves iniciarán en Aguascalientes.
Dada la actual coyuntura, los senadores del PRI colocaron el tema de la seguridad pública como prioritario en su agenda, por encima incluso de la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex). Asimismo, van a proponer una ley federal antisecuestros, en la que ya trabajan Jesús Murillo Karam y Mario López Valdés.
Este último precisó que retomarán la iniciativa que se presentó en junio del año pasado, a fin de regular la telefonía celular, ya que se ha detectado que en el país operan 700 bandas criminales que diariamente realizan miles de llamadas para extorsionar y delinquir.
Reacciones en la Permanente
Durante la sesión de ayer de la Comisión Permanente, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Valentina Batres propuso desechar de manera inmediata las dos iniciativas que Felipe Calderón envió al Congreso para establecer la cadena perpetua a secuestradores.
Argumentó que la iniciativa que el Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados el pasado día 9 es la misma que un año antes remitió al Senado y ambas muestran “la frivolidad” con que Calderón trata el problema, toda vez que dentro de su propio gobierno se ha admitido que la cadena perpetua no resuelve nada.
Por otra parte, la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, se presentó a la sede de la Comisión Permanente para demandar una ley en contra del secuestro, que incluya medidas “para romper las estructuras financieras” de las bandas criminales y una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establezca la obligación de las empresas de telefonía celular de adquirir la tecnología necesaria a fin de enviar a las autoridades los registros de aparatos y llamadas, en casos de investigaciones por plagio y otro delitos.
Morera se reunió con los presidentes de ambas cámaras, Santiago Creel y Ruth Zavaleta, a quienes demandó, dijo, que el Congreso modifique la legislación a fin de atacar el lavado de dinero a través de medidas como la restricción del pago en efectivo de casas, automóviles y bienes raíces.
Demandó también legislar a la brevedad posible en torno al marco jurídico secundario que permita poner en práctica la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia recién aprobada.