■ Reconoce la necesidad de luchar también contra lavado de dinero
La PGR propone mayor intervención directa para combatir los secuestros
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que para combatir el secuestro y disminuir el repunte de esa actividad delictiva, que creció 9.1 por ciento durante los primeros meses del presente año, es indispensable “fortalecer la investigación ministerial” y “establecer mecanismos que aseguren una relación directa con las víctimas y familiares de las personas plagiadas”.
En el diagnóstico elaborado por la Unidad Antisecuestros de esa dependencia, que incluye un estudio sobre el desarrollo de este delito en los recientes 17 meses, la autoridad investigadora indica que aún hay diversas tareas pendientes en materia de combate a las bandas de plagiarios.
La semana pasada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, responsabilizó a las procuradu-rías estatales y a la General de la República de integrar mal las averiguaciones previas, lo cual ha redundado, según el ministro, en el incremento de la inseguridad pública.
“Mucho contribuirá al sistema de justicia que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte pericial, con el profesionalismo y la calidad que amerita este sensible problema”, dijo Ortiz en referencia a las “acciones inmediatas” que corresponden a las procuradurías de justicia.
De su lado, la PGR elaboró recientemente un diagnóstico para evaluar el problema del secuestro y, en un apartado que tituló “acciones en curso”, refirió que para combatir esta actividad delictiva se requiere “formalizar alianzas con las empresas de telefonía fija y móvil para mejorar la calidad y oportunidad de la inteligencia e investigación técnica”.
También se necesita, añadió, determinar mecanismos que lleven a conocer en detalle los flujos de dinero de las organizaciones criminales para, en su caso, ejercitar acción penal por el delito de lavado de dinero y recuperar los bienes o recursos obtenidos con el propósito de garantizar la reparación del daño ocasionado a las víctimas del delito.
Además, la dependencia sostuvo que se requiere “incrementar los rescates en flagrancia de personas en cautiverio, cuando no exista riesgo para la víctima y preceda una investigación previa; es decir, la decisión sobre la realización de rescates se basará en niveles de información mínima requerida y en criterios que permitan determinar las probabilidades de éxito de cada intento de rescate”.