La influencia de la cero tolerancia
Primero fue la tragedia en la discoteca News Divine la que exhibió la brutalidad policiaca contra los sectores desprotegidos de la población, luego el asesinato de un menor víctima de secuestro y proveniente de una de las familias acaudaladas del Distrito Federal, lo que provocó indignación social ante la ineficacia del gobierno para proteger a los ciudadanos de la ciudad de México.
Ambos casos obligaron a las autoridades a proponer veinte acciones para ofrecer y tratar de garantizar seguridad pública, una de las obligaciones exclusivas del Estado que ahora se sugiere como una tarea en la que el eje central es la observación y participación ciudadanas para combatir los delitos, pero la realidad es que el sujeto obligado no son los capitalinos, sino las autoridades que tienen que redefinir su papel e ir mas allá de un asunto que a todas luces no es meramente de policías.
En los dos ejemplos resalta la falta de respeto a los derechos humanos, práctica carente en nuestras policías y funcionarios, los que se deben a los ciudadanos y que han fracasado en tareas básicas como la de dignificar y eficientar los cuerpos de uniformados, un sector de la sociedad que no acepta, sino a “regañadientes”, la profesionalización.
En el secuestro de personas se evidencia, además, corrupción y complicidad de funcionarios y policías, de ahí la urgencia de responder a las demandas ciudadanas para mantener el orden público, que se define desde los derechos humanos “como el conjunto de condiciones que aseguran el normal funcionamiento de las instituciones públicas para garantizar principios y valores”, que son preservar el ejercicio y las libertades democráticas, pero también el respeto a las personas, a sus bienes y pertenencias.
Por eso la seguridad es un servicio público en el que pueden participar las personas, pero sin sustituir la función gubernamental, que no es delegable aunque se la quiera ciudadanizar, en lugar de democratizarla, con medidas que establecen el escrutinio público con el control, participación y cooperación de la comunidad. Éstas, si bien son necesarias, son insuficientes y añaden riesgos como la habilitación de policías encubiertos o la desaparición de la policía judicial, que violentan la legitimidad constitucional porque crean confusión entre la labor que debieran ejercer los cuerpos de seguridad y de administración de justicia, para distinguir y hacer eficaz la prevención, la investigación y la acción ministerial.
Para nadie es ajeno que en los años recientes, e influenciados por soluciones represivas como la tolerancia cero, las autoridades capitalinas han optado por las mismas prácticas que la Federación, como la imposición de toques de queda velados a los jóvenes, el endurecimiento de los controles sociales con retenes, redadas selectivas o leyes secundarias que favorecen al abuso.
La capital del país contaba hasta 2006 con 73 mil policías, 16 por ciento mujeres, más de la mitad provenientes del estado de México, con objetivos limitados por la administración del DF como prevenir el delito, capturar infractores y preservar el orden público.
Una policía con vocación de servicio pero sin visión humanista, egresada del Instituto Técnico de Formación Policial, donde reciben un curso de capacitación básica de seis meses, con formación de secundaria o bachillerato. Ya existe una tercia de elementos con estas características, adiestrados supuestamente para beneficiar a la colectividad, y quieran o no, en el respeto a los derechos humanos, los que se imparten como una tendencia global que ya no se discute, pero se excluye de esta a los mandos medios y altos.
Se han adquirido equipos, con base en mejores tecnologías, nuevas patrullas, entregado uniformes, becas, apoyos para sus familias, y se ha dado reconocimientos a su labor, todo con los mismos resultados: los ciudadanos mantienen la desconfianza hacia estos servidores públicos y el combate a los delitos comunes se mantienen con resultados mediocres.
De ahí que el reto, además de crear programas de observación civil sobre la actividad de la policía, es el de institucionalizar este escrutinio para documentar y hacer pública la criminalidad oficial, con monitoreos que evalúen a la vez su eficiencia y su eficacia, transparentando sistemas y prácticas para recuperar la confianza ciudadana mediante una política que tenga como objetivo primordial y último la protección de las personas, tarea que hoy se aprecia con dificultad, pero que no es imposible de lograr.