■ “Es hora de pasar de los dichos a los hechos”, afirma Soberanes
Respalda la CNDH un pacto nacional contra inseguridad
■ La policía debe rendir cuentas a los ciudadanos, plantea el ombudsman
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, se pronunció en favor de un acuerdo nacional contra la inseguridad. Llegó el momento de que los gobiernos federal, estatales y municipales pasen “de los dichos a los hechos” en materia de aplicación de medidas contra la delincuencia.
Las medidas institucionales, precisó, deben comprender el desarrollo de acciones correctivas para tener verdaderas políticas en materia de seguridad pública y la depuración de los cuerpos policiacos, además de que éstos deben rendir cuentas a la ciudadanía.
“En resumen, no hay que buscarle mangas al chaleco ni ruido al chicharrón; se trata, simple y sencillamente, de que las autoridades cumplan con su deber”, manifestó el ombudsman durante una gira de trabajo por Coahuila.
Expuso que la marcha que organizan agrupaciones civiles en protesta por la inseguridad pública “es la forma de hacer evidente, una vez más, el malestar, la intranquilidad y el hartazgo de los ciudadanos por la elevada impunidad de la delincuencia y la infiltración de que han sido objeto las corporaciones policiacas”.
Luego de encabezar la firma de convenios de colaboración en materia de prevención de la tortura con 107 organizaciones no gubernamentales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Soberanes Fernández afirmó que los gobiernos federal, estatales y municipales deben llegar pronto a un verdadero acuerdo nacional contra la inseguridad.
Se pronunció porque se emprenda una depuración completa de los cuerpos policiacos y de seguridad pública, para terminar con la protección que desde esas filas se presta a bandas del crimen organizado y de quienes, amparados en el cargo del servicio público, se desempeñan en realidad como delincuentes.
Este proceso, dijo, debe tener como objeto terminar con la impunidad, hacer que las corporaciones policiacas y las procuradurías rindan cuentas claras a la sociedad, activar comités de participación ciudadana y mejorar, en general, el trabajo de las autoridades.
Para desterrar la impunidad pidió que se emprendan cambios radicales que permitan que los miembros de las policías y procuradurías que cometen delitos sean investigados y, en su caso, sancionados por instituciones distintas a las que pertenecen.
La verdadera dimensión de la inseguridad, destacó, está en la impunidad de los delincuentes, toda vez que de los 12 millones de crímenes que se cometen anualmente en el país, sólo 10 por ciento es denunciado y 1.2 por ciento recibe sentencia condenatoria.
Subrayó que en materia de procuración de justicia y seguridad pública el compromiso más firme debe ser con las víctimas.
Señaló que la educación en derechos humanos y los vínculos con la sociedad son la mejor forma de unión para combatir el cáncer social que representan los desbordamientos violentos de la criminalidad.