■ Academia de la SSP realizará la certificación de agentes; se purgará a malos elementos, dice
Inaplazable, “limpiar” la policía judicial capitalina, afirma Miguel Ángel Mancera
■ Comparece ante la PGJ Ernesto Mendieta, negociador privado entre la familia Martí y la banda La Flor
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El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, en imagen de archivo
Foto: Roberto García
La “limpia” en la policía judicial capitalina es inaplazable; será una instancia externa a la procuraduría capitalina la que realice las tareas de certificación, y elemento que repruebe, “no podrá estar activo en la corporación”.
En entrevista, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera, reconoció las fallas de la institución a su cargo. Desmintió las versiones de falta de coordinación con las autoridades federales para combatir la delincuencia y, sobre el caso de Fernando Martí, dijo que la investigación que se realiza va en el camino correcto.
También dijo que instancias como la Comisión Federal de Telefonía, instituciones crediticias y compañías de telefonía celular deberían otorgar en forma expedita la información requerida, en casos de secuestro y homicidio, para no trabar las indagatorias.
Sobre la desaparición de la policía judicial y la creación de un cuerpo de investigadores, Mancera Espinosa, dijo: “Tenemos confianza de tener una buena policía judicial, pero tampoco somos ajenos a que existen malos elementos. Está comprobado que algunos se desviaron en el tema del cumplimiento del deber y del ejercicio puntual del servicio público. Contra esos vamos a tener supervisión más estrecha, con controles en las líneas de mando y certificación externa”.
Sobre este último punto reveló que la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Federal realizará la supervisión, y que ya se firmó la autorización para que el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF realice la petición correspondiente. En un primer bloque serán certificados 70 policías judiciales.
La colaboración entre la procuraduría local y las autoridades federales no se limita a esa certificación. En el caso de Fernando Martí ha habido intercambio continuo de información y, anteayer, Mancera Espinosa se reunió con el procurador de la República, Eduardo Medina Mora.
“Ayer (lunes) comí con el procurador general. El encuentro fue fructífero. Platicamos largo rato. Hablamos de temas comunes. Establecimos puntos de contacto, que incluyen a nuestros respectivos colaboradores, y entre otras cosas tiene que ver con el tema de los secuestros. Planteamos cómo mejorar nuestras formas de intervención y encontré una respuesta muy alentadora”.
En la sala de juntas anexa a su despacho, el procurador dijo que ya había girado la instrucción para citar a declarar a Ernesto Mendieta, ex servidor público a nivel federal, que participó como “negociador” entre la familia Martí y la banda La Flor.
“Hoy me informarán cuál es el estado; más tarde tengo un acuerdo con el fiscal, pero ya se ha planteado al señor Ernesto Mendieta la necesidad de declarar. Queremos conocer la versión del señor para saber su intervención en este asunto”.
Horas antes, Ernesto Mendieta acudió a la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones para rendir su testimonio.
Sobre el mismo caso, Mancera dijo que ya han solicitado información financiera a instituciones bancarias, pero que aún no les entregan todas las respuestas.
Apenas la semana pasada se informó que casi 98 por ciento de las negociaciones en casos de secuestro se realizan por celulares. Sobre este tema y el de los bancos, el abogado abundó: “Los teléfonos de prepago son difíciles de ubicar y, al igual que con los bancos, la respuesta no es rápida al solicitar información. Sería muy útil que autoridades, la Cofetel y compañías telefónicas ayudaran en estos casos”.
Por último Mancera reconoció que con la suspensión de retenes las autoridades pierden fuerza operativa y están obligados a buscar otras maneras de combatir la delincuencia. Otro punto a mejorar, según el procurador, es blindar con mayor eficacia los expedientes, pues, en el caso Martí, la filtración de ciertos datos que fueron publicados no sólo puso en peligro los resultados de la investigación, sino también la integridad física de varias personas.