■ Bajos salarios del personal y falta de infraestructura básica, orígenes del problema

Corrupción endémica en el Ministerio Público, freno para una justicia expedita

■ Las procuradurías tienen una deficiente tecnología para operar, dicen académicos y litigantes

Alfredo Méndez /III y última

Los pendientes en México para abatir la problemática actual en materia de impartición de justicia aún son muchos. Visto desde la perspectiva de académicos, litigantes, fiscales y funcionarios judiciales resalta que son demasiados los conflictos que se desahogan cada día en los tribunales del país, los cuales están saturados de litigios que podrían dirimirse desde el Ministerio Público (MP) sin que tuvieran que llegar ante un juez. Este fenómeno ha vuelto lenta y compleja la justicia, principalmente en lo que se refiere al ámbito penal.

Hoy está en trámite la aplicación de una reforma constitucional de justicia penal, aprobada recientemente por el Poder Legislativo a propuesta del presidente Felipe Calderón, la cual pretende dar celeridad a los juicios, aunque las opiniones de expertos recogidas por La Jornada revelan lo intrincado del camino de la justicia y los retos que habrá que superar para vencer el atraso en esa materia.

Origen del problema

En general, los litigantes consultados consideran que el principal problema de la justicia radica en la corrupción endémica de los funcionarios del MP, generada en su mayoría por los bajos salarios que percibe el personal, la falta de infraestructura básica para la operación de las oficinas ministeriales y la deficiente tecnología con que cuentan las procuradurías para la investigación del delito.

Otro factor negativo es la sobrecarga estructural y de poder que se dio a la institución del Ministerio Público desde la anterior reforma judicial efectuada hace más de una década, así como la falta de autonomía real de los fiscales que hoy siguen dependiendo del Poder Ejecutivo. 

Así, la primera gran reforma judicial, efectuada durante el sexenio de Ernesto Zedillo, trasladó garantías legales que únicamente se otorgaban en el proceso penal (como la posibilidad de que un acusado aporte pruebas para contrarrestar la acusación) a la averiguación previa, y desapareció la figura del juez de instrucción.

“El MP tiene que hacer toda la labor en materia de justicia. Lo que se ofrece ante el juez es prácticamente una reproducción de lo que ya se desahogó ante el Ministerio Público. El juez debe recuperar su lugar central en el proceso”, indicó Renato Sales, ex subprocurador de Justicia del Distrito Federal.

También los jueces consideran que las procuradurías son las que más fallan en el tema de la justicia. El magistrado federal Ricardo Paredes Calderón, encargado de desahogar juicios penales, aseguró que los agentes ministeriales y los fiscales mexicanos requieren de mayor capacitación. “La mayoría de los asuntos que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) a los juzgados son delitos cometidos en flagrancia, lo que no implica mayor esfuerzo en la integración de la averiguación previa; donde se le complican las cosas es en los casos que no hay flagrancia y requieren de una investigación de primer orden; es ahí donde al final se le caen los asuntos a los fiscales”, indicó el juzgador.

Justicia formalista

Un reclamo generalizado es que en los procesos judiciales prevalecen vicios de excesivo formalismo derivados de la trayectoria cultural y académica de los abogados defensores y de los jueces que imparten justicia, ya que atrasan de manera innecesaria la resolución de fondo de los litigios.

“No está suficientemente reglamentado en el Código Federal de Procedimientos Penales que los procesos efectivamente duren un año, como lo establece la Constitución”, refirió el abogado Agustín Acosta, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. “Eso se ha convertido hoy en un mecanismo de los abogados por alargar los juicios lo más que se pueda y hacerlos caer, con el paso del tiempo, en la irrelevancia”, agregó.

De su lado, Ricardo Paredes asegura que son los abogados quienes emplean “tácticas dilatorias”, por lo que “al juzgador se le debe dotar de armas suficientes en la ley a efecto de evitar esas situaciones”.

Pero los abogados señalan que la lentitud en los litigios es provocada por los propios juzgadores, al privilegiar primero la forma y luego el fondo de los asuntos. Este principio es el precursor del llamado “amparo para efectos” que en muchos de los casos se concede para reponer el procedimiento dentro de un juicio, lo que los vuelve inacabables.

Desde la perspectiva del consejero Luis María Aguilar, la reforma procesal penal del presidente Felipe Calderón Hinojosa favorecerá mucho la celeridad en los procesos. Hoy, dijo, es cierto que son largos los juicios penales, pero eso está plenamente justificado: “Si la oportunidad de defensa de un inculpado hace que el procedimiento se alargue, ¡pues ni modo! Es preferible tener la oportunidad de defensa a que el juicio se resuelva sin dar oportunidad de probar”.

Sobrecarga de trabajo

Desde la óptica de agentes del Ministerio Público consultados, son los juzgadores quienes retrasan los litigios debido a las sobrecargas de trabajo que les impiden estudiar en detalle cada uno de los casos. Datos oficiales indican que cada juzgador federal recibe un promedio de 900 nuevos asuntos al año. “El exceso de casos en cada juzgado nos impide ser rápidos”, reconoce Ricardo Paredes.

Aunado a lo anterior está el tema de la redacción extensa y engorrosa de las resoluciones judiciales, y de que cada juzgador depende al 90 por ciento de sus secretarios de acuerdos, quienes son los que terminan haciendo la mayor parte del trabajo.

Además, el tema del desahogo de testimoniales, en donde la mayoría de los testigos no acude a comparecer desde el primer citatorio judicial, convierte los juicios penales en un procedimiento largo.

El magistrado Luis María Aguilar indicó que el tema de los testigos de un juicio es el principal problema que alarga los litigios. “Muchas veces es difícil que un procesado logre juntar a todos los testigos que desea que comparezcan”, señaló. Aunado a ello está el tema de que no cualquiera tiene dinero para contratar abogados particulares. 

“Para este problema hay una solución: las barras de abogados. Una vez que sea obligatoria la colegiación, debemos asumir la obligación de defensa de quien nos pida defenderlo, aunque no tenga dinero. Y que el tiempo que le dediquemos a esos asuntos, en un arancel justo, nos lo hagan deducible de impuestos”, propuso el abogado José Luis Nassar Daw.

Frente al debate de los problemas mencionados, los juristas consultados por La Jornada coincidieron en que abogados, fiscales, juzgadores y hasta los medios masivos de comunicación deben asumir su cuota de responsabilidad, con el fin de contribuir con una mayor preparación y con actitudes responsables dentro del ámbito de su competencia.