■ Debe trabajarse a marchas forzadas, dice Creel; la pena se elevó a 70 años: PRI y PRD
Divide al Congreso propuesta presidencial de prisión perpetua para secuestradores
■ En ningún país el incremento de las sanciones ha reducido la delincuencia: Murillo Karam
El presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, consideró que el Congreso de la Unión debe trabajar “a marchas forzadas” para aprobar las leyes pendientes en materia de justicia y seguridad pública, entre ellas la propuesta de Felipe Calderón de establecer “prisión vitalicia” para secuestradores. Sin embargo, legisladores de PRI y PRD advirtieron que el Congreso cumplió ya con su responsabilidad, toda vez que se elevó la pena por secuestro hasta 70 años de cárcel, lo que equivale a cadena perpetua.
“Además, en ningún país el incremento de las penas ha reducido la delincuencia”, recalcó el senador priísta Jesús Murillo Karam. Con él coincidió el perredista Tomás Torres, quien calificó de “inocua” la propuesta de Calderón.
En tanto, la diputación federal del PAN exhortó a las comisiones de Justicia y de Gobernación de las dos cámaras, que tienen congeladas desde 2007 dos iniciativas de reforma al Código Penal Federal, para instaurar en México la pena de “prisión vitalicia” a secuestradores.
En conferencia de prensa, el diputado panista por Morelos, Javier Bolaños Aguilar, refirió que él, en enero del año pasado, presentó una iniciativa en la Comisión Permanente, que se turnó a la Cámara de Diputados, y dos meses después el presidente Felipe Calderón envió al Senado otra propuesta para incluir la figura de cadena perpetua para ese delito.
La intención, dijo, era “legislar de manera precautoria”, ante el crecimiento incontrolable de los secuestros, y la participación recurrente de policías en la privación ilegal de la libertad de personas, con fines de obtener un rescate. Refirió que él realizó una lista de secuestrados que consta “de más de 700 páginas”.
La propuesta panista considera sancionar con “prisión vitalicia” el secuestro, y añadir un párrafo segundo al artículo 25, para establecer que la pena por este delito será “hasta alcanzar la pena máxima de prisión vitalicia, la cual se entenderá como prisión de por vida”.
En el caso de la iniciativa presidencial, que también busca establecer esa figura, se propone aplicar de 25 años de prisión a cárcel vitalicia cuando el secuestro tenga como fin “trasladar a un menor de 18 años fuera del país, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o entrega del menor”, o bien, si el autor es integrante de una institución de seguridad pública o se ostente como tal, sin serlo; cuando la víctima sea mujer, o bien menor de 18 años o se encuentre en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad. Y si la víctima del secuestro es asesinada por su sus captores.
En tanto, senadores de PRD y PRI advirtieron que para resolver el problema lo que se requiere es depurar y profesionalizar los cuerpos policiacos, llevar a cabo investigaciones serias y acabar con la impunidad, porque a pesar de que se han aprobado legislaciones en materia de delincuencia organizada que endurecen las sanciones, más de 80 por ciento de los delitos quedan impunes.
Murillo Karam rechazó que la iniciativa de Calderón para reformar el Código Penal e instaurar la prisión perpetua esté congelada en el Senado, como aseguran legisladores del PAN. Detalló que hubo una reunión de comisiones en la que se discutió la iniciativa presidencial y se llegó a la conclusión de que no era la vía para resolver el problema, además de que se habían aprobado ya modificaciones legales que prácticamente equiparan los años de cárcel para los secuestradores con la cadena perpetua.
Sin embargo, el senador Creel Miranda consideró que el asesinato reciente del joven Fernando Martí, después de ser secuestrado, ya no sólo es una llamada de atención “sino cachetadas que se le están dando todos los días a la dignidad de las personas y por ello es que se tiene que actuar en consecuencia”.
Insistencia panista
El panista llamó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a coordinarse con el gobierno federal en materia de seguridad pública, toda vez que la situación lo amerita. Sostuvo asimismo que no hay ningún argumento que justifique que no hable con el Presidente de la República.
Al respecto, el perredista Tomás Torres llamó a Felipe Calderón a no aprovechar la tragedia que afecta a la familia del empresario Martí para atacar al gobierno capitalino. El Ejecutivo, dijo, debe reconocer que hay una crisis nacional de seguridad pública, que no pasa sólo por el DF, sino por todas las entidades del país, por lo que no es justo focalizar la atención en la capital, cuando la delincuencia es muy superior en otras entidades.