■ Evo Morales deberá renunciar si 53.74% de sufragios lo demanda en el referendo

Acuerdan jueces bolivianos ampliar margen de votos para revocar los mandatos de prefectos

■ Se requerirá 50% de sufragios más uno para retirar a esas autoridades, según la Corte Electoral

Afp y Reuters

La Paz, 1º de agosto. La Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia emitió hoy una resolución en la que ajusta los “criterios técnicos” que se aplicarán en el referendo revocatorio del 10 de agosto próximo, de tal manera que los prefectos (gobernantes provinciales) sólo podrán ser retirados de sus cargos si en esa fecha son rechazados por 50 por ciento más uno de los votos válidos.

La decisión del pleno de la máxima autoridad electoral, que desató una polémica sobre su viabilidad legal en círculos políticos y jurídicos, sólo modifica el criterio para aplicar la Ley de Revocatoria del Mandato Popular sobre el futuro de los prefectos, que de acuerdo con la legislación pueden ser depuestos si en la consulta popular los ciudadanos emiten el mismo porcentaje de votos obtenido en la elección de diciembre de 2005, más un sufragio.

Con esta resolución, los jueces amplían el margen necesario para revocar el mandato de los prefectos, ya que los ocho gobernantes provinciales –seis de ellos opositores al presidente Evo Morales– fueron elegidos con votaciones de entre 37.9 y 48 por ciento.

En los casos del presidente y el vicepresidente, elegidos en diciembre de 2006, la CNE dejó la misma cifra requerida en la legislación de 53.74 por ciento de los votos, cómputo final para la victoria de Morales y Álvaro García Linera. Sólo si la votación en contra es superior a ese porcentaje, el mandatario y su subalterno tendrán que dejar el gobierno.

“Esto no es una modificación de la ley del referendo, que estamos cumpliendo, sino que es un criterio técnico de aplicación que está adoptando la Corte Nacional Electoral mediante una resolución de sala plena”, dijo el presidente del organismo, José Luis Exeni.

“Hay la necesidad de dar certidumbre a la ciudadanía y establecer criterios y parámetros universales sobre los porcentajes de votos”, afirmó Exeni, quien informó además que el pleno de la CNE rechazó la declaración de uno de los integrantes del Tribunal Constitucional que ordenaba detener el referendo, que originó la polémica sobre los porcentajes.

A la resolución de la CNE se sumaron las cortes electorales de los nueve departamentos.

Un intento de modificación de la ley fue aprobado el 9 de julio por el Senado –dominado por la oposición de derecha–, pero de inmediato fue rechaza por Morales y la Cámara de Diputados.

Tras meses de conflicto con varios de los prefectos, el mandatario acusó a los opositores de querer “desestabilizar” la consulta y temer a la opinión de los electores.

Acatamiento gubernamental

Al reaccionar a la decisión de la CNE, Morales dijo que “como Poder Ejecutivo esas resoluciones serán tomadas en cuenta”, pero advirtió también que “otra cosa son las normas vigentes”.

“No soy abogado, ni constitucionalista” para dar una opinión sobre la decisión de la CNE, destacó Morales al explicar que su gobierno estudiará las decisiones adoptadas por el órgano electoral.

“En este momento –agregó– quedaría mal si (dijera que) algunas resoluciones de la CNE tienen más poder que una ley aprobada en el Congreso Nacional”.

Más tarde, el vicepresidente García Linera dijo que la resolución de la CNE la asume como “recomendación en torno a los porcentajes” y aclaró que “cualquier atribución, sugerencia o modificación a la ley 3850 de convocatoria a referendo revocatorio es atribución del Congreso”.

Entre los abogados del país hubo posiciones encontradas. El constitucionalista Carlos Alarcón, citado por la Agencia Boliviana de Información, apuntó que el criterio de la CNE “acata plenamente la ley porque aplica tres artículos de la Constitucional Política que reconocen el principio democrático (de la elección por vía del voto) y la ley 3850 del referendo”.

No obstante, el presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial del Senado, Luis Vázquez Villamor, afirmó que la decisión de la CNE “es ilegal y contraria a la Constitución”, particularmente al artículo 59, inciso uno, que establece que “es atribución del Poder Legislativo dictar normas, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”.